La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto donde se solicita que se deje sin efecto la resolución de la Secretaria de Comunicaciones de la Nación, por el cual se declara la caducidad de la licencia otorgada a Fibertel.
La solicitud realizada por el diputado bonaerense del Gen, Juan Carlos Juárez, se basa “en carecer la misma de sustento jurídico y ocasionar severos inconvenientes a los habitantes bonaerenses, muchos de los cuales quedarían sin cobertura de internet y/o expuestos a prácticas monopólicas que atentan contra la libertad de elección, la calidad del servicio y la defensa de la competencia”.
El legislador de la primera sección electoral aseveró que “este grave hecho afecta principios ciudadanos básicos y favorece claramente al oligopolio de las empresas telefónicas por sobre el derecho de los consumidores a contar con diversidad de opciones que mejoren la calidad del servicio y las prestaciones que se brindan”.
Seguidamente, explicó “son decenas las ciudades y pueblos donde Fibertel es la única competencia en internet frente a la telefónica de cada región, por ello, según aseveran especialistas del sector, en estas ciudades la tarifa resulta un 20% más barata que en las ciudades donde la única opción llega a través del ADSL o el módem de las telefónicas; con la decisión oficial, las telefónicas quedarán como únicas proveedoras de Internet, sin competencia alguna”.
“El gobierno nacional – prosiguió - en su obsesivo y descarnado enfrentamiento con el Grupo Clarín avanza en acciones frontales con la doble finalidad de doblegar al multimedio, por un lado y de enviar claras señales de presión a quienes osan mantener una línea editorial que no sea acólita con la política oficial, por el otro. En este sentido, el Poder Ejecutivo Nacional no tiene reparos en violar principios republicanos básicos como las libertades individuales o la seguridad jurídica, si el fin propuesto así lo justifica”.
De la misma manera, el diputado Juárez advirtió que “debe tenerse muy en cuenta que el procedimiento por el cual se resolvió la caducidad tiene falencias jurídicas de origen que lo hacen nulo y, por lo tanto, carente de valor legal”.
Y explicó, “esto es así porque el año pasado ambas Cámaras decidieron prorrogar las Facultades Delegadas por un año y pusieron como condición que “el titular del Poder Ejecutivo Nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas”; por lo tanto el Secretario de Comunicaciones Carlos Salas no está habilitado para firmar dicha caducidad. Por otra parte, en la Resolución 100, se cita como norma habilitante el Decreto Nacional 764/2000 de Desregulación de los Servicios de Telecomunicaciones, el cual fue dictado mediante delegaciones anteriores al año 1994 contenidas en las leyes 19.798 de Telecomunicaciones, 23.696 de Reforma del Estado y 24.240 de Protección del Consumidor, cuyas delegaciones en el Poder Ejecutivo caducan el 24 de agosto de este año”.
Por último, Juárez indicó que de continuar con la decisión del gobierno nacional, “habría que distribuir nuevos módem, tender nuevas conexiones y sobre todo adaptar los soportes técnicos; cada módem tiene un costo de entre US$ 40 y US$ 50, en el mercado se asegura que, aun teniendo el dinero, en noventa días es imposible reunir un millón de ellos; además, este millón de conexiones a internet que usaban la red de Cablevisión invadirán las redes de las telefónicas y otros cables, eso reducirá la performance del servicio para los nuevos usuarios y los existentes”.
La solicitud realizada por el diputado bonaerense del Gen, Juan Carlos Juárez, se basa “en carecer la misma de sustento jurídico y ocasionar severos inconvenientes a los habitantes bonaerenses, muchos de los cuales quedarían sin cobertura de internet y/o expuestos a prácticas monopólicas que atentan contra la libertad de elección, la calidad del servicio y la defensa de la competencia”.
El legislador de la primera sección electoral aseveró que “este grave hecho afecta principios ciudadanos básicos y favorece claramente al oligopolio de las empresas telefónicas por sobre el derecho de los consumidores a contar con diversidad de opciones que mejoren la calidad del servicio y las prestaciones que se brindan”.
Seguidamente, explicó “son decenas las ciudades y pueblos donde Fibertel es la única competencia en internet frente a la telefónica de cada región, por ello, según aseveran especialistas del sector, en estas ciudades la tarifa resulta un 20% más barata que en las ciudades donde la única opción llega a través del ADSL o el módem de las telefónicas; con la decisión oficial, las telefónicas quedarán como únicas proveedoras de Internet, sin competencia alguna”.
“El gobierno nacional – prosiguió - en su obsesivo y descarnado enfrentamiento con el Grupo Clarín avanza en acciones frontales con la doble finalidad de doblegar al multimedio, por un lado y de enviar claras señales de presión a quienes osan mantener una línea editorial que no sea acólita con la política oficial, por el otro. En este sentido, el Poder Ejecutivo Nacional no tiene reparos en violar principios republicanos básicos como las libertades individuales o la seguridad jurídica, si el fin propuesto así lo justifica”.
De la misma manera, el diputado Juárez advirtió que “debe tenerse muy en cuenta que el procedimiento por el cual se resolvió la caducidad tiene falencias jurídicas de origen que lo hacen nulo y, por lo tanto, carente de valor legal”.
Y explicó, “esto es así porque el año pasado ambas Cámaras decidieron prorrogar las Facultades Delegadas por un año y pusieron como condición que “el titular del Poder Ejecutivo Nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas”; por lo tanto el Secretario de Comunicaciones Carlos Salas no está habilitado para firmar dicha caducidad. Por otra parte, en la Resolución 100, se cita como norma habilitante el Decreto Nacional 764/2000 de Desregulación de los Servicios de Telecomunicaciones, el cual fue dictado mediante delegaciones anteriores al año 1994 contenidas en las leyes 19.798 de Telecomunicaciones, 23.696 de Reforma del Estado y 24.240 de Protección del Consumidor, cuyas delegaciones en el Poder Ejecutivo caducan el 24 de agosto de este año”.
Por último, Juárez indicó que de continuar con la decisión del gobierno nacional, “habría que distribuir nuevos módem, tender nuevas conexiones y sobre todo adaptar los soportes técnicos; cada módem tiene un costo de entre US$ 40 y US$ 50, en el mercado se asegura que, aun teniendo el dinero, en noventa días es imposible reunir un millón de ellos; además, este millón de conexiones a internet que usaban la red de Cablevisión invadirán las redes de las telefónicas y otros cables, eso reducirá la performance del servicio para los nuevos usuarios y los existentes”.
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