El Jefe de Gabinete de Ministros hace saber su total respaldo al Gobierno Nacional en defensa de los recursos de todos los argentinos administrados por la ANSESS , los cuales bajo el argumento de la justicia y la equidad de la que son merecedores todos los jubilados del país hoy se ven amenazados pr una práctica demagógica e irresponsable oposición.
Se confunde a la opinión pública tratando de colocar a la Presidenta en un rol antagónico a los intereses de nuestros adultos mayores, cuando en realidad su investidura la obliga a velar responsablemente por todos los efectores del Sistema de Seguridad Social argentino: los actuales aportantes y futuros beneficiarios, los actuales beneficiarios y aquellos que aún hoy fuera del sistema, han accedido o accederán al derecho de una asignación previsional, como resultado de una contundente política de inclusión social sin matices.
Mientras algunos pretenden restringir el problema a la previsión social, el Gobierno Nacional ha reconstruido un Sistema de Seguridad Social recuperando los criterios de solidaridad y universalidad que deben regirlo para considerarlo justo y equitativo, cubriendo a una masa de beneficiarios actual de 5,58 millones de personas. Personas que durante décadas han sido víctimas de políticas zigzagueantes y hasta contrarias a sus intereses en materia de seguridad social, y que hoy hacen realidad la igualdad de condiciones para la igualdad de oportunidades.
No tomamos como sujetos de derecho sólo a los aportantes al sistema por contribuciones del trabajo, si no a todos los ciudadanos por el hecho de pagar impuestos generales y específicos que financian al Sistema de Seguridad Social, terminando con una injusticia histórica y repetida que solo dividió y segmentó a los argentinos por tener o no tener un empleo formal.
Porque desde el periodo 2003-2010 elevamos la jubilación promedio de $ 200 a $ 1.160 e institucionalizamos por medio de la Ley 26.417, la obligatoriedad de actualizar los haberes previsionales dos veces al año por medio de un mecanismo sometido a análisis y votación de los mismos representantes que hoy nos cuestionan.
Por que hoy incluimos cerca de 3,5 millones de niños provenientes de hogares con problemas de empleo, en uno de los programas más ambiciosos y más nobles que colocan nuevamente a la Argentina a la vanguardia del mundo en la defensa de los derechos de la niñez; por que sostenemos el seguro de desempleo, las asignaciones familiares y también las pensiones contributivas para ex combatientes entre otras muchas otras coberturas tendientes a contener y acompañar a las personas en el desarrollo de su destino.
Por todo esto y con la responsabilidad que ejercer el Gobierno representa no solo desde la administración del presente si no desde la garantía del futuro, respaldamos al Gobierno Nacional en la posición tomada con relación a este tema.
Se confunde a la opinión pública tratando de colocar a la Presidenta en un rol antagónico a los intereses de nuestros adultos mayores, cuando en realidad su investidura la obliga a velar responsablemente por todos los efectores del Sistema de Seguridad Social argentino: los actuales aportantes y futuros beneficiarios, los actuales beneficiarios y aquellos que aún hoy fuera del sistema, han accedido o accederán al derecho de una asignación previsional, como resultado de una contundente política de inclusión social sin matices.
Mientras algunos pretenden restringir el problema a la previsión social, el Gobierno Nacional ha reconstruido un Sistema de Seguridad Social recuperando los criterios de solidaridad y universalidad que deben regirlo para considerarlo justo y equitativo, cubriendo a una masa de beneficiarios actual de 5,58 millones de personas. Personas que durante décadas han sido víctimas de políticas zigzagueantes y hasta contrarias a sus intereses en materia de seguridad social, y que hoy hacen realidad la igualdad de condiciones para la igualdad de oportunidades.
No tomamos como sujetos de derecho sólo a los aportantes al sistema por contribuciones del trabajo, si no a todos los ciudadanos por el hecho de pagar impuestos generales y específicos que financian al Sistema de Seguridad Social, terminando con una injusticia histórica y repetida que solo dividió y segmentó a los argentinos por tener o no tener un empleo formal.
Porque desde el periodo 2003-2010 elevamos la jubilación promedio de $ 200 a $ 1.160 e institucionalizamos por medio de la Ley 26.417, la obligatoriedad de actualizar los haberes previsionales dos veces al año por medio de un mecanismo sometido a análisis y votación de los mismos representantes que hoy nos cuestionan.
Por que hoy incluimos cerca de 3,5 millones de niños provenientes de hogares con problemas de empleo, en uno de los programas más ambiciosos y más nobles que colocan nuevamente a la Argentina a la vanguardia del mundo en la defensa de los derechos de la niñez; por que sostenemos el seguro de desempleo, las asignaciones familiares y también las pensiones contributivas para ex combatientes entre otras muchas otras coberturas tendientes a contener y acompañar a las personas en el desarrollo de su destino.
Por todo esto y con la responsabilidad que ejercer el Gobierno representa no solo desde la administración del presente si no desde la garantía del futuro, respaldamos al Gobierno Nacional en la posición tomada con relación a este tema.
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