“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación” (C.N. Art. 31).
No vivimos en el país de esa Constitución.
La corporación política que Gobierna el país, tiene sus propias interpretaciones de la letra y el espíritu de la Constitución y las leyes. Con ellas impone sus objetivos políticos, porque siempre hay resquicios legales y pretextos ampulosos: la soberanía nacional, defender a los pobres, la justicia social o distribuir la riqueza, que son perversos argumentos que empobrecieron a los trabajadores como lo muestran las estadísticas mundiales.
La corporación que gobierna, tiene un objetivo: mantenerse en el poder y beneficiarse con sus prebendas. Ha llevado al país a ser un referente mundial de corrupción. Ninguna sociedad puede ofrecer bienestar a sus miembros si está carcomida por la corrupción, e inexorablemente los gobernantes son expulsados del poder por la ciudadanía.
La armonía social y el orden institucional son sustentables en países donde el espíritu de la ley suprema es reverenciado y defendido, porque ese espíritu responde a los valores éticos y morales que conformaron durante siglos la cultura social de respeto al prójimo y a su libertad.
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