Mientras la AFIP estrecha el cerco sobre los contribuyentes con el Data Fiscal, un megaevento con ingresos millonarios es manejado fuera de todo control impositivo • Inequidad y privilegios de la elite gobernante.
¿Con qué autoridad puede el municipio salir a exigir el estricto cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes, si puertas adentro se saltea las normas más elementales?
Por estos días, la AFIP lanzó la verificación del uso del Data Fiscal, un formulario “interactivo” que le permite conocer el comportamiento fiscal de un comercio, al consumidor o público en general. El operativo convierte en “policía fiscal” a cualquier ciudadano, ya que el consumidor podrá reportar las irregularidades que detecte en comercios, por medio de dispositivos móviles de última generación con acceso a Internet.
La irritación que generó en la comunidad el conocimiento de los métodos de gestión de la Fiesta del Salame tiene que ver con esto. Mientras crecen las exigencias del Estado hacia comercios y contribuyentes, la Fiesta del Salame, un megaevento que declaró más de un millón doscientos mil pesos en su última edición, es manejado por un “club de amigos” sin personería jurídica, y fuera de todo control fiscal y/o público. Las declaraciones de Marcelo Melo por el uso de su cuenta privada para recibir pagos evidencian su fastidio por la requisitoria, como si la sorpresa vecinal por una forma de gestión tan bolichera escondiera “malas intenciones” y una “injustificada desconfianza”.
Lo que no parece saber Melo es que cualquier movimiento bancario injustificado de un ciudadano común puede provocar una requisitoria de las diferentes policías tributarias, inicio de sumarios, multas, cambios de categorías, bloqueos de CUIT o juicios.
Ni hablar de las consecuencias legales que puede tener para un particular contratar cientos de personas en negro, o cobrar por prestación de servicios sin extender factura.
Simplificación administrativa
La Fiesta del Salame es un evento público. Es normal que esté exento de impuestos y que tenga prerrogativas por sobre actividades con fines de lucro. Pero para que esté legalmente establecido hay que hacer los trámites pertinentes. Incluso para que una sociedad de fomento maneje 4 pesos de una rifa, hay reglas que cumplir. Y muchas.
Sería ejemplificador para nuestras autoridades comprobar en carne propia cuántos papeles hay que mover y la complejidad exasperante de los trámites. Por caso, comprobar cuánto tarda la Provincia en extender el certificado de exención en ingresos brutos. Deberían saber que mientras los burócratas de La Plata se toman su tiempo para decidir –últimamente le niegan el derecho hasta a los discapacitados- hay que pagar y después esperar la devolución del dinero (un evento futuro improbable).
Nuestro país demanda a gritos una simplificación administrativa. Cualquier pequeño empresario que haya intentado habilitar un emprendimiento sabe que el cumplimiento de las obligaciones legales es un laberinto interminable de impuestos cruzados, certificaciones y exigencias de distintos organismos, algunas absurdas. Y siempre habrá un papel que falta, que justificará entregar un billete al inspector o una pizza al policía.
El municipio de Mercedes ha encontrado una manera de saltearse estos problemas, entregando la gestión de ciertos asuntos a clubes de amigos.
Es simple y efectivo.
Pero suena a inequidad, a privilegios y a una irritante discriminación del resto de la sociedad.
Economía informal dentro del Estado
No es la primera vez que circuitos de recaudación cercanos al municipio se entregan a clubes de amigos sin una estructura legal clara. Lo mismo que sucede con la Fiesta del Salame es moneda común en las otras fiestas populares (Durazno, Torta Frita, Corsos).
Pasó, por ejemplo, con la presunta venta de servicios a camiones atmosféricos de Luján para descargar efluentes cloacales en nuestro partido. Cuando se radicó la denuncia y arrancó la polémica, hubo empresarios que blandieron el recibo por el pago del servicio. Nunca quedó claro quién cobraba por esos servicios, y cómo se podía ingresar legalmente ese dinero al municipio.
Hoy en día, según admite el propio intendente Selva, el producido por el reciclaje de la basura “se reparte” entre los trabajadores de la planta. Cómo se organiza el reparto es un tema pendiente de explicación oficial. (El Nuevo Cronista).
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