BUENOS AIRES, Abril 23, (PUNTO CERO) El titular del Radicalismo, senador Gerardo Morales, junto al presidente del Bloque de Senadores nacionales, Ernesto Sanz, presentó en Tribunales una denuncia penal con el objeto de que se investigue y determine las responsabilidades de funcionarios nacionales y -como medida cautelar- la Justicia intervenga el INDEC, por el altísimo riesgo de manipulación y adulteración de las estadísticas.
"La situación del principal instituto de estadísticas del país es de suma gravedad y podría considerarse un golpe institucional al derecho a la información verídica, por lo que nos presentamos ante la Justicia para que determine la posibilidad de la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos. Además solicitamos la intervención judicial del organismo y la protección de secreto estadístico", explicó el senador jujeño, el miércoles pasado.
El INDEC es fundamental para la marcha de la economía, no podemos permitirnos como país que un grupo de funcionarios que hacen del apriete su principal acción de gobierno, desmantelen el organismo", agregó.
Un poco de historia
Beatriz Paglieri llega al INDEC, promediando el mes de enero, como delegada de la ministra de Economía, Felisa Micelli, y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando la cruzada antiinflacionaria y su política de control de precios, a través de aprietes a los empresarios, impulsada por el gobierno nacional es un verdadero fracaso.
Inexplicablemente, la delegada, está acompañada de personal de custodia armada, sin identificación alguna, pero que genera, sin dudas, presión y violencia laboral con su sola presencia sobre todos los trabajadores del INDEC.
El único fin de esta maniobra del gobierno nacional ha sido desplazar de su puesto de titular de la Dirección de Índices de Precios de Consumo (IPC) la reconocida especialista Graciela Bevacqua, y de esta manera poder falsear el índice inflacionario que, según las mejores proyecciones, habría rondando el 2%, debido a las subas registradas en los rubros turismo/esparcimiento y medicina/salud.
La Dirección de IPC depende de la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida, a cargo hasta ese momento de Clyde Trabucchi, quien –junto con Bevacqua- fue "invitada" (forma elegante de decir que fue forzada) a hacer uso de su licencia anual por vacaciones. Días más tarde, ambas funcionarias presentan sus renuncias, las que fueron inmediatamente aceptadas.
Ante esta grave situación el, hasta ese momento director del INDEC, Lelio Mármora, no soporta las presiones que le llegan de Micelli y Moreno y se retira de sus funciones por cuestiones de salud. El 9 de marzo presenta su renuncia.
La denuncia
"El objetivo se había conseguido -sostienen en la demanda los radicales- el INDEC se encontraba acéfalo, y los delegados del gobierno nacional podrían manipular y adulterar los datos estadísticos. Lo que es un verdadero golpe institucional al derecho a la información verídica sobre las condiciones socioeconómicas de un país. Falsear un índice inflacionario es falsear la temperatura de la economía, lo que desencadena en una errónea planificación y proyección de las políticas económicas, publicas o privadas”.
"Cabe destacar que, para cumplir ese objetivo, pocos días después de la designación de Beatriz Paglieri en el área del IPC, ésta designa a tres nuevos agentes completamente ajenos al INDEC, como ingresadores de datos. Ellos son Ulises Valentín, quien hasta ese momento se desempeñaba como custodio y chofer de la funcionaria, Celeste Cámpora y Marcela Fila. Ninguno de ellos acreditó experiencia en tareas similares, como lo requiere el artículo 30º del decreto 3110/70, que dispone: "el personal técnico del INDEC sólo podrá ser nombrado previo concurso de oposición y/o antecedentes ante un jurado presidido por el Director", agregó.
La adulteración de la base de datos del IPC es un hecho sumamente grave, por que el daño es irreparable, ya que nunca se podrá recuperar la información perdida. Mediante la falsificación y manipulación de datos estadísticos se esta tergiversando la información real, que se obtiene a través de la labor de los encuestadores, sobre las fluctuaciones económico-sociales, y que luego conformarán los índices de aumento de precios de consumo o canasta familiar, de inversión, de producción, de desocupación, de trabajo marginal, de pobreza, por citar solo los más importantes.
Además, la veracidad y certeza de todos los índices son de suma importancia, ya que son fundamentales para plantear y planificar políticas económicas y sociales, ya sean públicas o privadas. Los datos relevados por el INDEC son datos sumamente sensibles. Son considerados por todos los actores de la economía, por ejemplo, los trabajadores al momento de solicitar aumento en sus salarios, utilizan como referencia el IPC. Este índice también es un dato clave para medir el rendimiento de ciertos títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, ajustables por el costo de vida, es decir por el CER.
"Cerca de la mitad de la deuda pública se ajusta por el CER. Cada punto de inflación incrementa la deuda pública en unos 1700 millones de pesos, prácticamente el monto del superávit fiscal mensual, de aquí la urgencia oficial en bajar el índice de precios al consumidor a lo que dé", aseguró el senador jujeño.
Dijo Morales, tras presentar la denuncia en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del juez Julián Ercolini: "Venimos a solicitar la intervención judicial del INDEC, a fin de que el funcionario judicial designado por un juez garantice la transparencia de la labor desarrollada por el organismo a través de la adecuada información de la metodología utilizada al momento de procesar y elaborar los índices, de la normalización de los métodos utilizados para el nombramiento y promoción del personal técnico, haciendo cumplir las disposiciones de la ley 17.622 y que se efectivice la protección del secreto estadístico".
"La situación del principal instituto de estadísticas del país es de suma gravedad y podría considerarse un golpe institucional al derecho a la información verídica, por lo que nos presentamos ante la Justicia para que determine la posibilidad de la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos. Además solicitamos la intervención judicial del organismo y la protección de secreto estadístico", explicó el senador jujeño, el miércoles pasado.
El INDEC es fundamental para la marcha de la economía, no podemos permitirnos como país que un grupo de funcionarios que hacen del apriete su principal acción de gobierno, desmantelen el organismo", agregó.
Un poco de historia
Beatriz Paglieri llega al INDEC, promediando el mes de enero, como delegada de la ministra de Economía, Felisa Micelli, y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando la cruzada antiinflacionaria y su política de control de precios, a través de aprietes a los empresarios, impulsada por el gobierno nacional es un verdadero fracaso.
Inexplicablemente, la delegada, está acompañada de personal de custodia armada, sin identificación alguna, pero que genera, sin dudas, presión y violencia laboral con su sola presencia sobre todos los trabajadores del INDEC.
El único fin de esta maniobra del gobierno nacional ha sido desplazar de su puesto de titular de la Dirección de Índices de Precios de Consumo (IPC) la reconocida especialista Graciela Bevacqua, y de esta manera poder falsear el índice inflacionario que, según las mejores proyecciones, habría rondando el 2%, debido a las subas registradas en los rubros turismo/esparcimiento y medicina/salud.
La Dirección de IPC depende de la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida, a cargo hasta ese momento de Clyde Trabucchi, quien –junto con Bevacqua- fue "invitada" (forma elegante de decir que fue forzada) a hacer uso de su licencia anual por vacaciones. Días más tarde, ambas funcionarias presentan sus renuncias, las que fueron inmediatamente aceptadas.
Ante esta grave situación el, hasta ese momento director del INDEC, Lelio Mármora, no soporta las presiones que le llegan de Micelli y Moreno y se retira de sus funciones por cuestiones de salud. El 9 de marzo presenta su renuncia.
La denuncia
"El objetivo se había conseguido -sostienen en la demanda los radicales- el INDEC se encontraba acéfalo, y los delegados del gobierno nacional podrían manipular y adulterar los datos estadísticos. Lo que es un verdadero golpe institucional al derecho a la información verídica sobre las condiciones socioeconómicas de un país. Falsear un índice inflacionario es falsear la temperatura de la economía, lo que desencadena en una errónea planificación y proyección de las políticas económicas, publicas o privadas”.
"Cabe destacar que, para cumplir ese objetivo, pocos días después de la designación de Beatriz Paglieri en el área del IPC, ésta designa a tres nuevos agentes completamente ajenos al INDEC, como ingresadores de datos. Ellos son Ulises Valentín, quien hasta ese momento se desempeñaba como custodio y chofer de la funcionaria, Celeste Cámpora y Marcela Fila. Ninguno de ellos acreditó experiencia en tareas similares, como lo requiere el artículo 30º del decreto 3110/70, que dispone: "el personal técnico del INDEC sólo podrá ser nombrado previo concurso de oposición y/o antecedentes ante un jurado presidido por el Director", agregó.
La adulteración de la base de datos del IPC es un hecho sumamente grave, por que el daño es irreparable, ya que nunca se podrá recuperar la información perdida. Mediante la falsificación y manipulación de datos estadísticos se esta tergiversando la información real, que se obtiene a través de la labor de los encuestadores, sobre las fluctuaciones económico-sociales, y que luego conformarán los índices de aumento de precios de consumo o canasta familiar, de inversión, de producción, de desocupación, de trabajo marginal, de pobreza, por citar solo los más importantes.
Además, la veracidad y certeza de todos los índices son de suma importancia, ya que son fundamentales para plantear y planificar políticas económicas y sociales, ya sean públicas o privadas. Los datos relevados por el INDEC son datos sumamente sensibles. Son considerados por todos los actores de la economía, por ejemplo, los trabajadores al momento de solicitar aumento en sus salarios, utilizan como referencia el IPC. Este índice también es un dato clave para medir el rendimiento de ciertos títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, ajustables por el costo de vida, es decir por el CER.
"Cerca de la mitad de la deuda pública se ajusta por el CER. Cada punto de inflación incrementa la deuda pública en unos 1700 millones de pesos, prácticamente el monto del superávit fiscal mensual, de aquí la urgencia oficial en bajar el índice de precios al consumidor a lo que dé", aseguró el senador jujeño.
Dijo Morales, tras presentar la denuncia en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del juez Julián Ercolini: "Venimos a solicitar la intervención judicial del INDEC, a fin de que el funcionario judicial designado por un juez garantice la transparencia de la labor desarrollada por el organismo a través de la adecuada información de la metodología utilizada al momento de procesar y elaborar los índices, de la normalización de los métodos utilizados para el nombramiento y promoción del personal técnico, haciendo cumplir las disposiciones de la ley 17.622 y que se efectivice la protección del secreto estadístico".
Morales y Sanz en febrero pasado convocaron a la audiencia pública "¿Qué INDEC necesita el país?" donde representante de los trabajadores y usuarios del organismo, junto a reconocidas personalidades de la economía y la estadística, expresaron su preocupación por la crítica situación que hoy es aún más grave. (PUNTO CERO).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario