Los Countries, Clubes de Campo y Barrios Cerrados de la provincia de Buenos Aires tendrán 30 días para instalar un sistema de alarma equipado de un pulsador de emergencia fijo en el puesto de guardia del servicio de seguridad, que se activará en caso de sospecha o inminencia de un asalto.
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, dispuso esta medida "ante la situación que se ha instalado últimamente en los countries, clubes de campo y barrios cerrados, como consecuencia del nivel de amenaza que estos predios están soportando y a la vulnerabilidad en sus instalaciones y servicios de seguridad".
En un comunicado se informó que el ministro Stornelli, a través de la Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada, decidió que dicho equipamiento "deberá instalarse dentro del plazo de 30 días desde la publicación de esta Disposición en el Boletín Oficial".
La medida fue tomada en el marco del Acuerdo de Colaboración suscripto con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI) y la Federación Argentina de Clubes de Campo.
De acuerdo al informe, el sistema a instalar "dispondrá de un pulsador fijo, con retenida para constatar que no se activó por error, y deberá contar con un dispositivo de comunicación inalámbrica que reportará en la dependencia policial más próxima".
En dicha dependencia policial "se activará la señal de alarma, la cual se visualizará a través de algún dispositivo lumínico intermitente y de un buzzer que alerte sonoramente a la guardia policial".
"Si dicha dependencia policial dispusiera de más de un sistema de alarma reportándosele señales de más de un country, club de campo o barrio cerrado, estos dispositivos deberán poder diferenciarse con claridad a través de un etiquetado identificatorio", destaca la disposición.
Según se estableció, "el personal policial deberá concurrir a la brevedad posible, sin perjuicio de que pueda recibir otras comunicaciones por denuncias telefónicas o por despacho del Sistema de Emergencia 911".
En otro punto del articulado se aclara que "el costo del equipamiento total deberá ser soportado por única vez por el country, club de campo o barrio cerrado o por la empresa de seguridad que brinde el servicio".
"En ningún caso podrá ser desinstalado si dicha empresa cesa con la prestación de sus servicios. El country, club de campo o barrio cerrado es responsable por su correcto funcionamiento y por el mantenimiento preventivo o correctivo. La prestación del servicio de monitoreo policial no tendrá costo", aclara.
La medida dispone que "este sistema no puede ser sustituido por algún sistema de alarma preexistente que reporte a una Central de Monitoreo privada, que podrá resultar redundante, pero nunca alternativo".
"Cumplen con esta disposición aquellos sistemas de alarmas inalámbricos que reporten directamente a la dependencia policial más próxima, no así aquellos que reporten a Departamentos o Distritos policiales que no resulten los más próximo al objetivo", se aclara en el comunicado.
También se especifica que "la dependencia policial donde reporten estas señales de alarma deberá comunicar el despacho de la respuesta policial al Sistema de Emergencia 911 para incluir estos operativos en las estadísticas del sistema y en su caso comunicar las falsas alarmas que se produjeren".
En este caso "el Sistema de Emergencia 911 comunicará a esta Dirección dicha información para disponer las medidas oportunas tendientes a evitar que en lo sucesivo se vuelvan a producir falsas alarmas".
Asimismo, se establece como protocolo de ingreso de servicios públicos en los countries, clubes de campo y barrios cerrados para la Policía Federal o de la Provincia de Buenos Aires que "deberá identificarse en el puesto de guardia y con la asistencia de un vigilador que los oriente respecto de la ubicación de alguna vivienda o lugar en particular ingresarán al predio".
"El vigilador permanecerán con el/los efectivos policiales hasta que se retiren del lugar. El mismo procedimiento deberá cumplirse en caso de intervención de grupos policiales especiales, como el Grupo Halcón, en caso de tomas de rehén u otra circunstancia que aconseje su intervención", agrega la nota.
Se aclara que "bajo ninguna circunstancia la guardia de seguridad deberá anunciar telefónicamente la concurrencia policial al lugar".
Finalmente, se determina que "en caso de allanamientos o citaciones policiales el puesto de guardia deberá identificar a los efectivos policiales y solicitarles la orden judicial o el oficio de citación".
En un comunicado se informó que el ministro Stornelli, a través de la Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada, decidió que dicho equipamiento "deberá instalarse dentro del plazo de 30 días desde la publicación de esta Disposición en el Boletín Oficial".
La medida fue tomada en el marco del Acuerdo de Colaboración suscripto con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI) y la Federación Argentina de Clubes de Campo.
De acuerdo al informe, el sistema a instalar "dispondrá de un pulsador fijo, con retenida para constatar que no se activó por error, y deberá contar con un dispositivo de comunicación inalámbrica que reportará en la dependencia policial más próxima".
En dicha dependencia policial "se activará la señal de alarma, la cual se visualizará a través de algún dispositivo lumínico intermitente y de un buzzer que alerte sonoramente a la guardia policial".
"Si dicha dependencia policial dispusiera de más de un sistema de alarma reportándosele señales de más de un country, club de campo o barrio cerrado, estos dispositivos deberán poder diferenciarse con claridad a través de un etiquetado identificatorio", destaca la disposición.
Según se estableció, "el personal policial deberá concurrir a la brevedad posible, sin perjuicio de que pueda recibir otras comunicaciones por denuncias telefónicas o por despacho del Sistema de Emergencia 911".
En otro punto del articulado se aclara que "el costo del equipamiento total deberá ser soportado por única vez por el country, club de campo o barrio cerrado o por la empresa de seguridad que brinde el servicio".
"En ningún caso podrá ser desinstalado si dicha empresa cesa con la prestación de sus servicios. El country, club de campo o barrio cerrado es responsable por su correcto funcionamiento y por el mantenimiento preventivo o correctivo. La prestación del servicio de monitoreo policial no tendrá costo", aclara.
La medida dispone que "este sistema no puede ser sustituido por algún sistema de alarma preexistente que reporte a una Central de Monitoreo privada, que podrá resultar redundante, pero nunca alternativo".
"Cumplen con esta disposición aquellos sistemas de alarmas inalámbricos que reporten directamente a la dependencia policial más próxima, no así aquellos que reporten a Departamentos o Distritos policiales que no resulten los más próximo al objetivo", se aclara en el comunicado.
También se especifica que "la dependencia policial donde reporten estas señales de alarma deberá comunicar el despacho de la respuesta policial al Sistema de Emergencia 911 para incluir estos operativos en las estadísticas del sistema y en su caso comunicar las falsas alarmas que se produjeren".
En este caso "el Sistema de Emergencia 911 comunicará a esta Dirección dicha información para disponer las medidas oportunas tendientes a evitar que en lo sucesivo se vuelvan a producir falsas alarmas".
Asimismo, se establece como protocolo de ingreso de servicios públicos en los countries, clubes de campo y barrios cerrados para la Policía Federal o de la Provincia de Buenos Aires que "deberá identificarse en el puesto de guardia y con la asistencia de un vigilador que los oriente respecto de la ubicación de alguna vivienda o lugar en particular ingresarán al predio".
"El vigilador permanecerán con el/los efectivos policiales hasta que se retiren del lugar. El mismo procedimiento deberá cumplirse en caso de intervención de grupos policiales especiales, como el Grupo Halcón, en caso de tomas de rehén u otra circunstancia que aconseje su intervención", agrega la nota.
Se aclara que "bajo ninguna circunstancia la guardia de seguridad deberá anunciar telefónicamente la concurrencia policial al lugar".
Finalmente, se determina que "en caso de allanamientos o citaciones policiales el puesto de guardia deberá identificar a los efectivos policiales y solicitarles la orden judicial o el oficio de citación".
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