(Metropolitana). Los funcionarios bonaerenses increparon a sus pares porteños por no respetar la Ley de Basura Cero. Del otro lado, recordaron deudas impagas y subvenciones. Todos soslayaron la discusión de fondo sobre el actual modelo de gestión de la basura metropolitana. CEAMSE, rellenos colapsados y debates pendientes.
En materia de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU, en adelante) nada nuevo bajo el sol arrojó el mes de marzo. Solamente, una nueva versión en la eterna discusión entre los Gobiernos bonaerense y porteño. Con discursos encendidos la pelea fue difundida por los medios aunque ignoró el tema de fondo: la necesaria coordinación entre ambas administraciones para avanzar en una política integral.
Desde la Provincia le reprocharon al macrismo que su gobierno no cumple con la Ley porteña de Basura Cero1 (reglamentada en 2007) que entre otros objetivos apunta a reducir los RSU. Según la norma, este año se debería disminuir un 30% la cantidad de desperdicios que se envían desde Capital Federal hacia los rellenos sanitarios, ubicados del otro lado de la Autopista General Paz. No parece que esa meta se esté cumpliendo. Por su parte, los funcionarios de la Ciudad recordaron que ese distrito “subvenciona los rellenos de Ensenada y González Catán” y que la provincia “le debe dinero” por utilizar sus plantas de transferencia2.
La disputa puso el acento en fondos transferidos (Ciudad paga a Provincia por arrojar allí sus RSU) y en incumplimientos legales. Nada se dijo sobre un modelo de gestión que lleva más de treinta años, que se basa exclusivamente en el relleno sanitario y que poco y nada ha avanzado en incorporar acciones que apunten a la concientización, la disminución o la recuperación del desperdicio. Ese esquema muestra rellenos absolutamente colapsados y el enfrentamiento de las comunidades locales que los sufren, mientras se generan 450 millones de toneladas mensuales de RSU.
Modelo CEAMSE
En 1977, en plena Dictadura Militar, se configuró la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, empresa pública que se ocuparía de la gestión de la basura generada en Ciudad y en los municipios del Gran Buenos Aires. Proponía una administración fuertemente centralizada y al relleno sanitario como destino de los desperdicios. Es decir, el foco puesto en la última etapa del ciclo de la basura: la disposición final.
La CEAMSE, apuntan sus biógrafos, sumó logros como puede ser la eliminación de la incineración y la reducción de dióxido de carbono. Además, constituyó un valioso intento de articulación entre las diferentes jurisdicciones metropolitanas. Consultado en otra oportunidad por el Id Metropolitano, el especialista Francisco Suárez, de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, analizaba que “desde el punto de vista institucional generó una matriz metropolitana de gestión que dio una solución estratégica de largo plazo a la región”3.
Sin embargo, los treinta y tres años que han pasado desde la creación del ente han cambiado el escenario: “CEAMSE quitó responsabilidad y potestad a los municipios del manejo integral de sus residuos y des-comprometió a la ciudadanía. El ciudadano común entendió que el lugar de los residuos debía ser lejos. Por otra parte, el método aún vigente, descartó una solución integral de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que permitiera la reducción y reutilización de los mismos”, describía Suárez con precisión.
En la actualidad, la CEAMSE se ocupa de más de cinco mil toneladas anuales que se depositan en centros ubicados en Ensenada, San Martín y La Matanza. Los tres están completos y las comunidades locales exigen en cada caso su cierre. En Ensenada, existe un fallo judicial que obliga a su cierre. A mediados del mes pasado, los vecinos rechazaron el ingreso de basura proveniente de Brandsen y Magdalena por entenderlo violatorio de disposiciones legales4.
En este mismo Id Metropolitano, el presidente de Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero, critica los últimos intercambios entre funcionarios mientras propone un esquema que “entierre al modelo CEAMSE” (ver “Señor Gobernador, Señor Jefe de Gobierno, si la basura los tapa van a perder feo”).
Hechas las leyes…
Tanto Ciudad como Provincia sancionaron dos leyes destinadas a regular la generación de RSU. En 2006, la legislatura porteña promulgó la norma 1.854, de “Basura Cero”, que fue reglamentada en 2007. Entre otros puntos, destaca “la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación de residuos, la recuperación y el reciclado”5. En términos específicos, se propone la reducción progresiva de basura: 30% para el 2010, 50% para el 2012, 75% para el 2017. Se toma como base las mil cuatrocientas toneladas generadas en 2004.
Hasta el momento, esas metas no parecen acercarse a la realidad. Según Greenpeace, en 2008 Ciudad generó casi dos mil millones de toneladas anuales, un 44% más del millón de toneladas que los porteños deberían producir este año. Concluye el sitio de la organización: “en los dos últimos años se alcanzó el nivel más alto de cantidad de basura enviada a entierro de los últimos diez años, y para lograr la primera meta de reducción del 30% a fines de este año, la Ciudad deberá reducir el envío en más de 800 mil toneladas de residuos”6.
Por su parte, en la Provincia existe desde fines de 2006 la ley “de gestión integral de los RSU”, con fuerte consenso entre diferentes actores con incidencia en el tema. Entre otras cosas, plantea que los municipios elaboren planes estratégicos que incluyan la reducción de basura y el reciclaje. Además prohíbe los basurales a cielo abierto y reserva para el Ejecutivo la creación de nuevos rellenos7. Resta ahora avanzar en intervenciones concretas.
En síntesis, la disputa entre Provincia y Ciudad arrojó buen material para las redacciones periodísticas mientras soslayó la posibilidad de acuerdos entre las jurisdicciones para resolver cuestiones de fondo. Todo indica que el actual modelo de gestión basado en la disposición final, obviando las otras etapas del ciclo de la basura, y la planificación centralizada, sin participación de los municipios y de las comunidades locales, está agotado.
En materia de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU, en adelante) nada nuevo bajo el sol arrojó el mes de marzo. Solamente, una nueva versión en la eterna discusión entre los Gobiernos bonaerense y porteño. Con discursos encendidos la pelea fue difundida por los medios aunque ignoró el tema de fondo: la necesaria coordinación entre ambas administraciones para avanzar en una política integral.
Desde la Provincia le reprocharon al macrismo que su gobierno no cumple con la Ley porteña de Basura Cero1 (reglamentada en 2007) que entre otros objetivos apunta a reducir los RSU. Según la norma, este año se debería disminuir un 30% la cantidad de desperdicios que se envían desde Capital Federal hacia los rellenos sanitarios, ubicados del otro lado de la Autopista General Paz. No parece que esa meta se esté cumpliendo. Por su parte, los funcionarios de la Ciudad recordaron que ese distrito “subvenciona los rellenos de Ensenada y González Catán” y que la provincia “le debe dinero” por utilizar sus plantas de transferencia2.
La disputa puso el acento en fondos transferidos (Ciudad paga a Provincia por arrojar allí sus RSU) y en incumplimientos legales. Nada se dijo sobre un modelo de gestión que lleva más de treinta años, que se basa exclusivamente en el relleno sanitario y que poco y nada ha avanzado en incorporar acciones que apunten a la concientización, la disminución o la recuperación del desperdicio. Ese esquema muestra rellenos absolutamente colapsados y el enfrentamiento de las comunidades locales que los sufren, mientras se generan 450 millones de toneladas mensuales de RSU.
Modelo CEAMSE
En 1977, en plena Dictadura Militar, se configuró la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, empresa pública que se ocuparía de la gestión de la basura generada en Ciudad y en los municipios del Gran Buenos Aires. Proponía una administración fuertemente centralizada y al relleno sanitario como destino de los desperdicios. Es decir, el foco puesto en la última etapa del ciclo de la basura: la disposición final.
La CEAMSE, apuntan sus biógrafos, sumó logros como puede ser la eliminación de la incineración y la reducción de dióxido de carbono. Además, constituyó un valioso intento de articulación entre las diferentes jurisdicciones metropolitanas. Consultado en otra oportunidad por el Id Metropolitano, el especialista Francisco Suárez, de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, analizaba que “desde el punto de vista institucional generó una matriz metropolitana de gestión que dio una solución estratégica de largo plazo a la región”3.
Sin embargo, los treinta y tres años que han pasado desde la creación del ente han cambiado el escenario: “CEAMSE quitó responsabilidad y potestad a los municipios del manejo integral de sus residuos y des-comprometió a la ciudadanía. El ciudadano común entendió que el lugar de los residuos debía ser lejos. Por otra parte, el método aún vigente, descartó una solución integral de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que permitiera la reducción y reutilización de los mismos”, describía Suárez con precisión.
En la actualidad, la CEAMSE se ocupa de más de cinco mil toneladas anuales que se depositan en centros ubicados en Ensenada, San Martín y La Matanza. Los tres están completos y las comunidades locales exigen en cada caso su cierre. En Ensenada, existe un fallo judicial que obliga a su cierre. A mediados del mes pasado, los vecinos rechazaron el ingreso de basura proveniente de Brandsen y Magdalena por entenderlo violatorio de disposiciones legales4.
En este mismo Id Metropolitano, el presidente de Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero, critica los últimos intercambios entre funcionarios mientras propone un esquema que “entierre al modelo CEAMSE” (ver “Señor Gobernador, Señor Jefe de Gobierno, si la basura los tapa van a perder feo”).
Hechas las leyes…
Tanto Ciudad como Provincia sancionaron dos leyes destinadas a regular la generación de RSU. En 2006, la legislatura porteña promulgó la norma 1.854, de “Basura Cero”, que fue reglamentada en 2007. Entre otros puntos, destaca “la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación de residuos, la recuperación y el reciclado”5. En términos específicos, se propone la reducción progresiva de basura: 30% para el 2010, 50% para el 2012, 75% para el 2017. Se toma como base las mil cuatrocientas toneladas generadas en 2004.
Hasta el momento, esas metas no parecen acercarse a la realidad. Según Greenpeace, en 2008 Ciudad generó casi dos mil millones de toneladas anuales, un 44% más del millón de toneladas que los porteños deberían producir este año. Concluye el sitio de la organización: “en los dos últimos años se alcanzó el nivel más alto de cantidad de basura enviada a entierro de los últimos diez años, y para lograr la primera meta de reducción del 30% a fines de este año, la Ciudad deberá reducir el envío en más de 800 mil toneladas de residuos”6.
Por su parte, en la Provincia existe desde fines de 2006 la ley “de gestión integral de los RSU”, con fuerte consenso entre diferentes actores con incidencia en el tema. Entre otras cosas, plantea que los municipios elaboren planes estratégicos que incluyan la reducción de basura y el reciclaje. Además prohíbe los basurales a cielo abierto y reserva para el Ejecutivo la creación de nuevos rellenos7. Resta ahora avanzar en intervenciones concretas.
En síntesis, la disputa entre Provincia y Ciudad arrojó buen material para las redacciones periodísticas mientras soslayó la posibilidad de acuerdos entre las jurisdicciones para resolver cuestiones de fondo. Todo indica que el actual modelo de gestión basado en la disposición final, obviando las otras etapas del ciclo de la basura, y la planificación centralizada, sin participación de los municipios y de las comunidades locales, está agotado.
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