Fundación Sur Argentina completó el Ciclo Anual de Seminarios con la Conferencia Internacional:
“Defensa Pública y Legitimidad de la Justicia de Infancia”
En el día de ayer se desarrolló en la sede de Fundación Sur Argentina la actividad de cierre del ciclo anual de seminarios con la Conferencia Internacional “Defensa Pública y Legitimidad de la Justicia de Infancia”.
El encuentro contó con la presencia de destacados especialistas nacionales y extranjeros de la justicia juvenil de América Latina que debatieron en torno a la importancia de la defensa pública como elemento estratégico para un sistema de responsabilidad penal para los jóvenes en conflicto con la ley.
Compartieron el panel Joao Batista Saraiva, Juez del Tribunal de Infancia y Juventud de Santo Angelo, en Rio Grande do Sul que se refirió a la normativa de Brasil y al nuevo rol que adquiere el Juez limitando su ejercicio al solo papel de juzgador y en consecuencia ofreciendo mayores garantías procesales al sistema, y por otro parte resaltó la importancia del principio de brevedad de las medidas sancionatorias para los jóvenes con condena.
Gonzalo Berríos , Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública de Chile, señaló que tras cuatro años de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente en Chile, un estudio de la Defensoría y Unicef da cuenta que si bien hay una leve baja en el uso de prisión preventiva para los jóvenes, hay un notorio aumento en el tiempo en que permanecen encerrados, sumado a que luego se determina que en la mayoría de los casos sus condenas no ameritan privación de libertad. Berrios señaló que es necesario recurrir sólo como última opción a la privación de libertad -cuando se trate de delitos muy graves- y privilegiar, en cambio, salidas alternativas y sanciones en medio libre. También se requiere que el sistema de justicia sea consciente todo el tiempo de que trata con adolescentes y no con adultos y que las medidas que se tomen deben favorecer su integración social. Son estos los objetivos que no se
cumplen pues el sistema está recurriendo al encierro con demasiada frecuencia. El estudio revela que aunque el uso de la prisión preventiva ha bajado levemente en este periodo (de un 8,6% a un 7,5%) el promedio de días privados de libertad aumentó en un 46,5%, pasando de 81 a 119 días, esto es, 38 días adicionales. La cifra resulta más grave aún ya que sigue siendo altísima la cantidad de jóvenes que estuvieron presos sin ser finalmente condenados a una pena privativa de libertad (65,2%). Un 19% estuvo en internación provisoria y ni siquiera fue condenado.
Finalmente Julián Axat (Argentina), Defensor Oficial en el Fuero Penal Juvenil de La Plata, Provincia de Buenos Aires y Emilio García Méndez, Presidente de Fundación Sur Argentina se refirieron a la Argentina técnica y objetivamente hablando, como hoy el país al mismo tiempo más atrasado y más brutal en la materia. Más atrasado, porque es el único país de América latina que no cuenta con una ley de responsabilidad penal juvenil y más brutal porque la Argentina es el único país en la historia de América Latina que ha determinado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. 12 sentencias de este tipo entre 1997 y el 2003, mientras sigue vigente un decreto de la dictadura militar: el 22.278 de 1980, régimen penal de la minoridad, y que el 2 de diciembre de 2008, la Corte Suprema Argentina convalidó su constitucionalidad al autorizar la utilización de la privación de libertad por “protección” para menores de 16 años.
Menores de edad que, considerados inimputables y no punibles por el mencionado decreto, no pueden ser sometidos a ningún proceso judicial, lo que no impide, sin embargo, ser enviados, ahora con el beneplácito del más alto tribunal, a una vulgar cárcel de menores.
De esta manera Fundación SUR completó un año de seminarios donde con la participación de valorados académicos y profesionales pudieron debatirse importantes temáticas que hacen a los derechos humanos y las políticas publicas como la salud mental, trabajo infantil, la adopción y las políticas sociales entre otros.
“Defensa Pública y Legitimidad de la Justicia de Infancia”
En el día de ayer se desarrolló en la sede de Fundación Sur Argentina la actividad de cierre del ciclo anual de seminarios con la Conferencia Internacional “Defensa Pública y Legitimidad de la Justicia de Infancia”.
El encuentro contó con la presencia de destacados especialistas nacionales y extranjeros de la justicia juvenil de América Latina que debatieron en torno a la importancia de la defensa pública como elemento estratégico para un sistema de responsabilidad penal para los jóvenes en conflicto con la ley.
Compartieron el panel Joao Batista Saraiva, Juez del Tribunal de Infancia y Juventud de Santo Angelo, en Rio Grande do Sul que se refirió a la normativa de Brasil y al nuevo rol que adquiere el Juez limitando su ejercicio al solo papel de juzgador y en consecuencia ofreciendo mayores garantías procesales al sistema, y por otro parte resaltó la importancia del principio de brevedad de las medidas sancionatorias para los jóvenes con condena.
Gonzalo Berríos , Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública de Chile, señaló que tras cuatro años de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente en Chile, un estudio de la Defensoría y Unicef da cuenta que si bien hay una leve baja en el uso de prisión preventiva para los jóvenes, hay un notorio aumento en el tiempo en que permanecen encerrados, sumado a que luego se determina que en la mayoría de los casos sus condenas no ameritan privación de libertad. Berrios señaló que es necesario recurrir sólo como última opción a la privación de libertad -cuando se trate de delitos muy graves- y privilegiar, en cambio, salidas alternativas y sanciones en medio libre. También se requiere que el sistema de justicia sea consciente todo el tiempo de que trata con adolescentes y no con adultos y que las medidas que se tomen deben favorecer su integración social. Son estos los objetivos que no se
cumplen pues el sistema está recurriendo al encierro con demasiada frecuencia. El estudio revela que aunque el uso de la prisión preventiva ha bajado levemente en este periodo (de un 8,6% a un 7,5%) el promedio de días privados de libertad aumentó en un 46,5%, pasando de 81 a 119 días, esto es, 38 días adicionales. La cifra resulta más grave aún ya que sigue siendo altísima la cantidad de jóvenes que estuvieron presos sin ser finalmente condenados a una pena privativa de libertad (65,2%). Un 19% estuvo en internación provisoria y ni siquiera fue condenado.
Finalmente Julián Axat (Argentina), Defensor Oficial en el Fuero Penal Juvenil de La Plata, Provincia de Buenos Aires y Emilio García Méndez, Presidente de Fundación Sur Argentina se refirieron a la Argentina técnica y objetivamente hablando, como hoy el país al mismo tiempo más atrasado y más brutal en la materia. Más atrasado, porque es el único país de América latina que no cuenta con una ley de responsabilidad penal juvenil y más brutal porque la Argentina es el único país en la historia de América Latina que ha determinado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. 12 sentencias de este tipo entre 1997 y el 2003, mientras sigue vigente un decreto de la dictadura militar: el 22.278 de 1980, régimen penal de la minoridad, y que el 2 de diciembre de 2008, la Corte Suprema Argentina convalidó su constitucionalidad al autorizar la utilización de la privación de libertad por “protección” para menores de 16 años.
Menores de edad que, considerados inimputables y no punibles por el mencionado decreto, no pueden ser sometidos a ningún proceso judicial, lo que no impide, sin embargo, ser enviados, ahora con el beneplácito del más alto tribunal, a una vulgar cárcel de menores.
De esta manera Fundación SUR completó un año de seminarios donde con la participación de valorados académicos y profesionales pudieron debatirse importantes temáticas que hacen a los derechos humanos y las políticas publicas como la salud mental, trabajo infantil, la adopción y las políticas sociales entre otros.
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