BUENOS AIRES, Marzo 30, (PUNTO CERO-La Política OnLine) El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un completo informe sobre los riesgos de la concentración de los medios y ofreció su visión respecto a la situación del cuestionado reparto de la publicidad oficial.
El portal DiariosobreDiarios reproduce el trabajo en forma integra, que incluye además temas poco tratados como las exenciones impositivas a algunos medios y la polémica ley de radiodifusión, entre otros.
A continuación el informe de la organización que preside el periodista Horacio Verbitsky:
El miércoles 21 de Marzo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe "Derechos Humanos en la Argentina 2007". Los diarios porteños prácticamente lo ignoraron. Clarín publicó un escueto recuadro de 12 líneas. La Nación incluyó una "breve" de similar extensión. El resto de los diarios decidieron no publicar ni una línea. La excepción fue Página/12, que publicó una extensa nota de Adriana Meyer.
El documento del CELS, organización que preside Horacio Verbitsky y cuyo director ejecutivo es Gastón Chillier, consta de 488 páginas, contiene 15 capítulos y una sección de nombre "Debates" en donde se presentan artículos de distintos especialistas sobre los temas mencionados en el informe.
Incluyó un capítulo (el XIII) titulado "Claroscuros en materia de libertad de expresión y derecho a la información", cuyos autores fueron Damián Loreti (abogado, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor de Derecho a la Información en esa casa de estudios y profesor titular en la Universidad de La Plata de la Cátedra UNESCO – Libertad de Expresión) y Laura Zommer (periodista, abogada y profesora de Derecho a la Información de la UBA).
El capítulo analizó diversos temas como: acceso a la información, libertad de expresión, agresiones a la prensa, radiodifusión y Medios Públicos.
Dentro de ítem "Libertad de expresión", desarrolló el tema "Publicidad oficial" con una mirada más amplia que los tradicionales informes que se suelen emitir al respecto y que en muchas oportunidades sólo objetan la "discrecionalidad" con que se distribuye la pauta oficial, criítica que de todas formas es válida, también para el CELS que no la pasa por alto. La organización analizó la relación entre los medios de comunicación y el Estado incorporando otras variables.
Dice el informe que "se debe analizar la universalidad de las complejas y variadas vinculaciones que hacen a la relación, o más bien la ecuación económico-financiera de los medios de comunicación en general con el Estado nacional y los Estados provinciales o municipales (…) La publicidad oficial es sólo una parte de este entramado ya que existen muchas más situaciones que permiten afirmar la convivencia de ayudas directas e indirectas hacia los medios de comunicación, las que, por supuesto, en ningún caso deberían ser aplicadas para premiar o castigar en virtud de las líneas editoriales".
Otro aspecto interesante del informe del CELS fue la inclusión de un artículo titulado "La concentración mediática argentina: de eso no se habla" de Martín Becerra (profesor de la Universidad de Quilmas) y Guillermo Mastrini (profesor de la UBA), autores del libro "Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina", editado por Prometeo en 2006.
La posesión de medios en pocas manos en nuestro país es un tema que suele estar fuera de la agenda de los diarios argentinos, justamente por ser partes del fenómeno. Tampoco suele ocupar la atención de las organizaciones civiles o de aquellas que defienden la "libertad de prensa". Muchas de esas instituciones o bien están conformadas por miembros de los medios concentrados, o bien prefieren no involucrarse en la cuestión, para mantener buenas relaciones con las empresas periodísticas, a las que recurren para difundir sus trabajos.
A continuación, Diario sobe Diarios presenta el subcapítulo dedicado a la publicidad oficial y el artículo de Becerra y Mastrini.
Publicidad oficial
Como un ejemplo de la política del gobierno de Néstor Kirchner con respecto a la distribución de la publicidad oficial puede analizarse la decisión oficial de no insertar avisos en ciertos medios dependientes de la Editorial Perfil, la que planteó un juicio contra el Estado Nacional en el que aún no se dictó sentencia.
Aún siendo real la falta de reglamentación que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha venido marcando sobre el tema en América latina desde el Informe 2003 en adelante, la pertinencia del principio XIII de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH sería un buen criterio para ser considerado en el caso.
Esta carencia ha sido un argumento del dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, en el caso "Editorial Río Negro c/provincia de Neuquén" para entender que la demanda no debe prosperar. El caso es el siguiente: la empresa editora del Diario Río Negro inició una acción de amparo contra la provincia por considerarse afectada en forma arbitraria en sus derechos constitucionales debido a la supresión —primero parcial y luego total— de la asignación de pauta de publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo y otras dependencias de la provincia de Neuquén. En ese expediente, el CELS presentó un "amicus curiae" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que aporta fundamentos para su dilucidación.
En el "amicus" se estableció la importancia de que existan principios que se tornen relativamente invariables y que asienten de modo universal el derecho de participar de los espacios que las autoridades asignen para los anuncios oficiales. El no providencialismo de mejores decisiones que puedan adoptarse, aunque fueran con la mayor transparencia, es un rasgo de las políticas de comunicación de los Estados que deberían ser necesariamente incluidas en las decisiones fundacionales de todo gobierno.
Se incluyó en el escrito otra cuestión central, como es la complejidad de la relación económico-financiera de los medios de comunicación social con el Estado. Se planteó al respecto: "Ahora bien, en ese contexto se debe analizar la universalidad de las complejas y variadas vinculaciones que hacen a la relación, o más bien la ecuación económico-financiera de los medios de comunicación en general con el Estado nacional y los Estados provinciales o municipales. […] La publicidad oficial es sólo una parte de este entramado ya que existen muchas más situaciones que permiten afirmar la convivencia de ayudas directas e indirectas hacia los medios de comunicación, las que, por supuesto, en ningún caso deberían ser aplicadas para premiar o castigar en virtud de las líneas editoriales".
Y se agrega,
"A la fecha, en el entramado de relaciones económicas-financieras entre el Estado y los medios de comunicación encontramos:
a) La exención de Impuesto a los Ingresos Brutos para ciertos medios de comunicación.
b) La distribución y precio del papel para periódicos, instancia sobre la que advierte la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 13, inc. 3), teniendo en cuenta que el Estado nacional es accionista de Papel Prensa SA.
c) Las regulaciones sobre distribución de diarios.
d) La absorción del gravamen de la Ley de Radiodifusión (22.285) en el Impuesto al Valor Agregado.
e) La subsistencia —hasta no hace muchos meses— de la suspensión de la venta de pliegos de servicios complementarios, reparada por la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de agosto de 2006, confirmando el fallo de la Cámara Federal de Córdoba in re "Cooperativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada". Tal carencia de venta de pliegos desde el año 2000 determinó un claro proceso de falta de competencia en el mercado del cable.
f) En el mismo plano, han existido durante la vigencia de los "Acuerdos de competitividad" varios subsidios para reforzar los pagos de nóminas salariales.
g) La no adhesión por parte de la casi totalidad de las provincias del artículo 64 de la ley 12.908 —Estatuto del Periodista Profesional—, que impediría la colocación de publicidad tarifada en medios que no tuvieran regularizada la situación laboral de sus trabajadores.
h) Suspensiones de soterramientos de los servicios de televisión por cable en muchas ciudades del país.
i) Desgravamientos rendidos o no rendidos ante el COMFER dispuestos por aplicación del art. 100 de la ley 22.285.
j) Condonaciones de multas y gravámenes dispuestas para ser aplicadas a publicidad institucional o electoral, hipótesis ahora dejada de lado por el Dto. 1301/2004, pero que oportunamente en 1999 importó una acción de amparo por la que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo (Sala II) ordenó suspender los efectos del decreto que originariamente impuso la condonación. Fallo del 24 de agosto de 1999.
k) El impacto directo e indirecto de la ley 25.750 —de Defensa de Industrias Culturales—, que eximió a los medios de comunicación de la aplicación del "cram down" de la Ley de Concursos y Quiebras.
l) La extensión de facto de las licencias de los radiodifusores por la aplicación del decreto 527/05 que implica, por una parte, la consolidación de la estructura de los medios vigente y, por otra, la consolidación de los planes de negocios del sector por diez años más.
m) La asignación de publicidad estatal, en las condiciones de precariedad reglamentaria que denuncia para el Hemisferio la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y cuya asignación es objeto principal de estas actuaciones por los hechos planteados por la actora y demandada.
Entre los distintos ejemplos que conforman el entramado de relaciones económicas-financieras entre el Estado y los medios de comunicación pueden mencionarse los desgravamientos rendidos o no rendidos ante el COMFER dispuestos por aplicación del art. 100 de la ley 22.285. Sobre este auxilio indirecto, el listado entregado a la Fundación Poder Ciudadano citado en el apartado 2.3 de este capítulo demuestra que se ha otorgado una resolución genérica que involucra a 56 localidades, y otras resoluciones específicas para grandes medios con el objetivo de facilitar el desarrollo de la radiodifusión, la recuperación operativa o la mayor inversión por plazos de dos o tres años.
Los desgravamientos corresponden a 62 casos de 1989, 5 de 1991, 12 de 1992,
32 de 1993, 36 casos de 1994, 44 de 1995, 28 de 1996, 26 de 1997, 28 de 1998, 4 de 1999, 3 de 2000, 35 de 2001, 3 de 2002, 1 de 2003, 3 de 2004 y 2 de 2005 y los montos totales involucrados podrían superar los 50 millones de pesos.
La concentración mediática argentina: de eso no se habla (Por Martín Becerra y Guillermo Mastrini)
El año 2006 ha consolidado la recuperación de los grandes medios de comunicación y del conjunto de las industrias culturales de la Argentina, a partir del crecimiento de los dos vectores más importantes que guían su lógica comercial: las ventas al público y los ingresos por publicidad. El próximo año, se anticipa, la publicidad se expandirá aún más y, en el contexto del año electoral y de la consecuente previsión de gasto macroeconómico, los niveles de consumo cultural puede que también se amplíen.
Pero esta breve descripción prospectiva que podría figurar con una valoración positiva en la sección de Negocios de cualquier medio de comunicación, oculta una trampa: que el lucro sea el objetivo rector de las industrias de la información, la comunicación y la cultura constituye un singular condicionamiento al tipo de convivencia que establecemos como sociedad. Máxime cuando, por haberse naturalizado el principio cardinal de la maximización de la ganancia en las industrias que tienen por materias primas a la información y al entretenimiento, prácticamente no existen espacios públicos, estatales (no gubernamentales) o comunitarios, de producción y distribución de información y cultura con otra perspectiva diferente de la hipercomercial.
En el marco de la recuperación económica de las industrias de medios de comunicación, se han acelerado los procesos de concentración de la propiedad y de centralización geográfica, que tuvieron un escenario soberbio de gestación en la década del 90, y nada hace suponer que se detengan en el futuro inmediato. Estos procesos no son inocuos: como señala el periodista uruguayo Danilo Arbilla, "si ya es malo que la venta de jabones quede en pocas manos, peor es que la libertad de expresión quede en pocas manos".
Las industrias de información y comunicación mediatizan el fluido simbólico, noticioso y de buena parte de los conocimientos de las sociedades contemporáneas. Estas industrias culturales condicionan la agenda pública, facilitando la emergencia de algunos sucesos o cuestiones desde una perspectiva definida (nunca neutral) y obturando la puesta en agenda de otros temas: un ejemplo cabal es el de la tematización de la "inseguridad" en los medios de una Argentina que se perturba con una selección intencionada de episodios. Esta (discrecional) selección se resiste a comprender los hechos en sus contextos y sus determinaciones de producción.
Uno de los principales puntos de apoyo de las teorías sobre comunicación y cultura es la premisa de que la circulación de información diversa y plural estimula la convivencia democrática, protege y legitima la diferencia de opiniones, permite consolidar posiciones, espacios y procesos de construcción cultural con dimensión autónoma y colabora con el contraste entre perspectivas y análisis para elaborar, colectivamente, síntesis superadoras a partir de lo real. Y aunque la concentración y la centralización de las industrias culturales erosionan la elemental diversidad de voces que deberían escucharse en una sociedad de tipo democrático, en la Argentina constatamos que como en la película de María Luisa Bemberg, y a pesar de algunas nobles excepciones, "de eso no se habla".
Históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a través de la diversidad de medios y de la expresión pública de diferentes definiciones políticas. Este derecho no debe quedar confinado a la garantía de una estructura de propiedad no oligopólica, sino que también debe asegurarse la multiplicidad de contenidos en los medios. Esta diversidad de propietarios y contenidos debe quedar reflejada en todos los niveles relevantes: el político, el cultural y el lingüístico.
Si la diversidad es garantía de pluralismo, los procesos de concentración implican en general la reducción de propietarios, la contracción de voces y una menor diversidad.
Estos procesos de concentración de industrias culturales se aceleran en la medida en que el sector de la información y la cultura se destaca como un espacio ya no sólo de formación de la opinión pública, sino también de formación y multiplicación de capital. Pero el caldo de cultivo de la concentración se potencia si, además, la única lógica de funcionamiento alentada por la regulación estatal es la que pondera el propósito comercial de los medios, como sucede en la Argentina. En efecto, la historia legal de la radiodifusión en el país prescribe el carácter lucrativo como lógica operativa de los medios de comunicación. La vigente Ley de Radiodifusión 22.285, decretada por el dictador Jorge R. Videla en 1980, sufrió numerosas modificaciones en los últimos 16 años, pero casi todas ellas redoblaron el énfasis hipercomercial del sistema comunicacional vernáculo.
En la reciente presentación de nuestro libro Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, el representante de Media Watch de Eslovenia, Lenart Kucic, sintetizó los tres efectos más relevantes de la concentración en los medios de comunicación:
1) la tendencia a la unificación de las líneas editoriales producto de la reducción de voces: por ejemplo, ninguna de las emisoras televisivas propiedad del grupo News Corp (del magnate Rupert Murdoch) se apartó del ferviente apoyo a la invasión a Irak por parte del gobierno de George W. Bush con el que Murdoch simpatiza abiertamente;
2) la existencia de conflicto de intereses entre el propósito informativo y el entramado económico del grupo de comunicación concentrado: el tamaño creciente de los grupos no reconoce fronteras de actividad en el ámbito de la comunicación, sino que se extiende a muchos otros sectores económicos, por lo que la información política y económica (tanto la que se brinda como la que se omite) suele estar filtrada por estos intereses;
3) la necesidad de concretar economías de escala y reducir costos laborales y administrativos conduce a los grupos de comunicación a maximizar los recursos físicos y humanos aprovechándolos para sus diferentes medios y unidades de negocio: la consecuente merma en la calidad de los contenidos afecta así al usuario final.
En la investigación que desarrollamos sobre la estructura y concentración de industrias de la cultura y la información en América latina, que se enmarca en un programa del Instituto Prensa y Sociedad (www.ipys.org), se revela que la Argentina exhibe índices de concentración de medios superiores a la media de la región, en un doble sentido: por un lado, en cada una de las industrias de la información (como la prensa escrita, la televisión abierta o de pago) los cuatro principales operadores dominan más del 75% del mercado (audiencia/a-abonados/lectores); y por el otro, en ningún otro país latinoamericano el tipo de concentración multimedia "conglomeral" (grupos de comunicación con presencia en casi todos los mercados de medios y también en telecomunicaciones) es tan alto y complejo como en nuestro país.
Esto indica que la concentración no es similar en todas las latitudes, ni en un mismo lugar en diferentes períodos históricos. Por el contrario: se trata de un proceso dinámico y en constante modificación. En el caso argentino, el panorama descripto continúa profundizándose: si bien el Congreso eliminó durante el 2005 (con más de dos años de retraso en relación con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia), la prohibición para que las organizaciones no comerciales puedan acceder a licencias radiales y televisivas de baja potencia, en los últimos años la conducción del Estado ha eludido la responsabilidad de sancionar una ley audiovisual democrática. Por otra parte, el interventor del COMFER sostiene una política que ha implicado que la nueva norma que permite a la economía social acceder a la propiedad de medios de comunicación, se aplique con dosis homeopáticas.
El Poder Ejecutivo, además, no vaciló en congraciarse con todos los grupos de comunicación a través de una dadivosa extensión de las licencias de radio y televisión sin exigir, de modo público, contraprestaciones que permitan mejorar el servicio y que habiliten el acceso de los usuarios al control de éste. La remanida "batalla por el rating" televisivo por parte de las dos emisoras líderes en audiencia, por la que se burla cotidianamente el compromiso de programación anunciado por las propias emisoras, es sólo una pequeña demostración de la anomia instalada en el sector.
Las mismas políticas de transferencia de activos y de potestades a los grupos concentrados se aplican en un sector muy articulado con los medios de comunicación: las telecomunicaciones. En este caso, el Poder Ejecutivo suscribió una polémica acta de compromiso con las principales empresas del sector por el cual se compromete a cederles la propiedad de la red de telefonía que hoy es de patrimonio estatal (está concesionada sólo de modo temporal a Telefónica y Telecom). Otro ejemplo: este año la justicia determinó que el Poder Ejecutivo implemente el fondo fiduciario del servicio universal por el cual, desde 2001, las operadoras telefónicas deberían destinar el 1% de sus ingresos (este costo las empresas lo trasladan indebidamente a los usuarios) a garantizar el acceso a las redes telefónicas en las localidades más alejadas de los principales centros urbanos del país. Hasta ahora ni la Secretaría de Comunicaciones de la Nación ni la Subsecretaría de Defensa del Consumidor ni la Comisión Nacional de Comunicaciones han podido, han querido o han sabido materializar este derecho. Cabe destacar que en este sector se asiste a una fuerte puja de grupos concentrados entre las telefónicas que pretenden ingresar al negocio de la radiodifusión mediante la prestación de servicios conjunta de telefonía, Internet y televisión por cable conocida como "triple play", y los grandes grupos de medios, con Clarín a la cabeza, que utiliza sus fuerzas para impedirlo.
En tanto, el año 2006 se cierra con una nueva ola de fusiones y adquisiciones en los grupos de comunicación que pretenden en el futuro disputar el mercado a Clarín y Telefónica, los más consolidados. Merecen destacarse la cada vez más activa presencia del grupo español Prisa (diario El País, cadena Ser, Canal+, entre otros) que, en sociedad con Godó (editor del diario La Vanguardia de Barcelona), está ya gestionando varias radios encabezadas por Continental; los cambios accionarios y directivos en el grupo América-La Red, que afectan indirectamente al diario Ámbito Financiero; y la expansión de medios gráficos vinculados de modo orgánico al estamento gobernante en varias provincias del noroeste del país.
Hemos reservado para el final de este ensayo sobre el contexto de desarrollo de las industrias de información, comunicación y cultura de la Argentina la referencia al debate acerca de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su relación con algunos medios y las presiones a la prensa que denunciara, en octubre de este año, la Relatoría Especial para Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entendemos que una de las cuestiones pendientes y postergadas por la conveniencia de "no hablar" de temas incómodos, es asumir que las relaciones del Estado con el sistema de medios incluye pero no se agota en el tipo de articulaciones de carácter informativo que el gobierno —entendido como administración contingente del Estado— promueve con los medios. Ni siquiera en la discrecional asignación de la pauta de publicidad oficial.
Así como recordamos que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 existen disposiciones elementales sobre el derecho a la información que son ley en la Argentina pero distan de ser garantizadas para todos los habitantes del país, creemos que el escenario de concentración de la información, la comunicación y la cultura nos habilita a formular una necesaria distinción conceptual entre "libertad de prensa" y "libertad de expresión o de comunicación".
En un país con altos niveles de concentración mediática y de centralización geográfica de la producción industrial de los contenidos culturales, la libertad de prensa podría, eventualmente, estar garantizada. Si existen obstáculos, presiones o intenciones de los poderes públicos, éstos deben denunciarse y corregirse en el marco de la ley. Lo mismo vale para las interferencias y amenazas a la libertad de prensa que puedan registrarse por parte del sector privado corporativo. Otro tanto puede afirmarse respecto de la discrecionalidad de asignación de recursos del Estado (que no se refieren únicamente a la publicidad) y también de los principales anunciantes privados cuando se corrobora la interferencia con los propósitos informativos de los medios.
Pero si no existieran presiones gubernamentales a la prensa, ya sea a escala nacional, provincial o municipal, ¿podría hablarse de libertad de expresión garantizada? Desde nuestra perspectiva, la libertad de prensa no alcanza para realizar integralmente el principio, fundamental, de la libertad de expresión. Los sujetos de los derechos de libertad de expresión no son los dueños y los editores de los medios, ni siquiera sus trabajadores: la titularidad de estos derechos comprende al conjunto de los habitantes. La mayoría de éstos son privados de acceder sin restricciones al derecho a producir, almacenar, editar y difundir informaciones y opiniones en un contexto de concentración con una lógica hipercomercial que guía el funcionamiento de las actividades de comunicación. Por supuesto, además de los usuarios, también los periodistas, reporteros gráficos, diseñadores y otros profesionales de la comunicación son afectados por la concentración, ya que este proceso impacta en las relaciones laborales e influye en el ejercicio de la autocensura para cuidar la fuente de ingreso, así como en las peculiares estrategias de financiamiento de muchos de los formatos periodísticos que son dominantes en el medio radial, por ejemplo.
De este modo, el derecho a la información incluye la libertad de prensa, pero la libertad de prensa, siendo condición necesaria, no es condición suficiente para la materialización del derecho que asiste al conjunto de la sociedad. Creemos que es hora de comenzar a hablar de estas cuestiones condicionadas por los procesos de concentración de las industrias culturales, cuestiones que tensionan nuestra convivencia cada día, para contribuir a mejorarla. (PUNTO CERO-La Política OnLIne).
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