La Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Musa, presentó un informe del Ministerio Público Tutelar ante la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña el lunes 15 de noviembre en el Salón Presidente Perón.
El objetivo fue mostrar ciertas irregularidades y falencias en las políticas habitacionales aplicadas principalmente en el barrio de La Boca , y en otras zonas de la Ciudad , que tienen sus consecuencias visibles ya que a lo largo de diez años sólo se han finalizado y adjudicado cinco obras. Mientras tanto, más de 200 familias permanecen en sus conventillos de origen en condiciones no aptas o fueron trasladadas a Hogares de Tránsito en peor situación.
Según dice el informe, que fue realizado por la Oficina de Atención Descentralizada de la Asesoría General Tutelar en el barrio de La Boca , del Programa de Recuperación del Hábitat de La Boca del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hay una obra en proceso de desocupación, un conventillo demolido y catorce sin intervención estructural.
Las causas de estos incumplimientos se deben, entre otras cosas, a la fragmentación de las políticas habitacionales ya que hay al momento seis organismos intervinientes: el IVC, la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), el ministerio de Espacio Público, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de Desarrollo Económico. Esta fragmentación da como resultado una superposición de funciones y poca claridad en las adjudicaciones de viviendas. Aunque según la normativa vigente, la selección de familias adjudicatarias de las viviendas le corresponde sin lugar a dudas al IVC (Ley 1251 y 2237).
Se suma a esto una acción paradójica del IVC, organismo que no cumple con sus obligaciones básicas en el marco del programa (correcto mantenimiento de las unidades de vivienda y de la infraestructura en general de cada uno de los Conventillos y Hogares de su propiedad, como así también la realización de obras nuevas a los fines del cumplimiento de los objetivos del programa), pero que sí emite boletas reclamando el pago de diversas cuotas a los habitantes de conventillos y Hogares de Tránsito. El Instituto no cumple con sus obligaciones de mantenimiento ni de infraestructura.
En relación al proyecto de Ley de Presupuesto 2011, Musa considera que “hay una clara desición de no implementar acciones tendientes al cumplimiento del programa en su totalidad”, y afirma que de esta manera “se continúan vulnerando derechos fundamentales ante la omisión e inacción estatal”.
Para realizar el informe se hizo un relevamiento institucional que consistió en la visita a los conventillos y Hogares de Tránsito del IVC durante los meses de agosto y septiembre de 2009 y luego comenzó el trabajo de campo con mayor profundidad por cada inmueble en particular en enero de 2010 desde la Oficina de Atención Descentralizada Boca-Barracas.
El objetivo fue mostrar ciertas irregularidades y falencias en las políticas habitacionales aplicadas principalmente en el barrio de La Boca , y en otras zonas de la Ciudad , que tienen sus consecuencias visibles ya que a lo largo de diez años sólo se han finalizado y adjudicado cinco obras. Mientras tanto, más de 200 familias permanecen en sus conventillos de origen en condiciones no aptas o fueron trasladadas a Hogares de Tránsito en peor situación.
Según dice el informe, que fue realizado por la Oficina de Atención Descentralizada de la Asesoría General Tutelar en el barrio de La Boca , del Programa de Recuperación del Hábitat de La Boca del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hay una obra en proceso de desocupación, un conventillo demolido y catorce sin intervención estructural.
Las causas de estos incumplimientos se deben, entre otras cosas, a la fragmentación de las políticas habitacionales ya que hay al momento seis organismos intervinientes: el IVC, la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), el ministerio de Espacio Público, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de Desarrollo Económico. Esta fragmentación da como resultado una superposición de funciones y poca claridad en las adjudicaciones de viviendas. Aunque según la normativa vigente, la selección de familias adjudicatarias de las viviendas le corresponde sin lugar a dudas al IVC (Ley 1251 y 2237).
Se suma a esto una acción paradójica del IVC, organismo que no cumple con sus obligaciones básicas en el marco del programa (correcto mantenimiento de las unidades de vivienda y de la infraestructura en general de cada uno de los Conventillos y Hogares de su propiedad, como así también la realización de obras nuevas a los fines del cumplimiento de los objetivos del programa), pero que sí emite boletas reclamando el pago de diversas cuotas a los habitantes de conventillos y Hogares de Tránsito. El Instituto no cumple con sus obligaciones de mantenimiento ni de infraestructura.
En relación al proyecto de Ley de Presupuesto 2011, Musa considera que “hay una clara desición de no implementar acciones tendientes al cumplimiento del programa en su totalidad”, y afirma que de esta manera “se continúan vulnerando derechos fundamentales ante la omisión e inacción estatal”.
Para realizar el informe se hizo un relevamiento institucional que consistió en la visita a los conventillos y Hogares de Tránsito del IVC durante los meses de agosto y septiembre de 2009 y luego comenzó el trabajo de campo con mayor profundidad por cada inmueble en particular en enero de 2010 desde la Oficina de Atención Descentralizada Boca-Barracas.
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