ALMIRANTE BROWN, Febrero 19, (PUNTO CERO-Inforegión) Los abogados que representan a las familias que habían tomado un terreno en Claypole presentaron un recurso de apelación ante el juez de Garantías que lleva la causa. Pese a que los empleados del Sindicato de Trabajadores municipales de Lomas de Zamora y el gremio de trabajadores navales y astilleros se adjudicaron la propiedad, los letrados sostienen que el terreno “no tiene dueño” porque "sólo poseían un compromiso de compra”.
Mientras que las personas que habían ocupado ilegalmente un terreno ubicado en la Avenida Monteverde al 8000, en Claypole, continúan apostadas en las inmediaciones del predio, sus abogados presentaron una apelación al desalojo efectuado el 6 de febrero pasado.
Los representantes de las más de 250 familias que aseguran ser “hijos de vecinos del distrito” consideraron que la apelación debería ser unificada con la que efectuó la defensora titular de la Unidad Funcional de Defensa Penal N° 5, Marcela Piñero ya que ambos utilizaron los mismos términos fiscales.
“Estamos apelando el lanzamiento desde enfoques similares porque estamos de acuerdo en que el Código Penal no preserva sino que condena los delitos, pero coincidimos en que en este caso no hubo un delito”, explicó Florentino Narváez, abogado de los ocupantes, y aseveró que en esta oportunidad no correspondía la aplicación del artículo 181 inciso primero del Código Penal "porque el terreno no poseía alambrado ni carteles que indicaran que el lugar tenía un propietario reconocido”.
En diálogo con Info Región Narváez aseguró que “en el expediente no está registrada la compra del terreno” y aseveró que los empleados del Sindicato de Trabajadores municipales de Lomas de Zamora junto con el gremio de Trabajadores Navales y Astilleros que se adjudican la propiedad "sólo tienen un compromiso de compra” que “tiene una entidad jurídica inferior a un boleto de compra y venta”.
Los ocupantes y letrados manifestaron que el terreno estaba totalmente abandonado y señalaron que el lugar era un reservorio de “chatarra, violaciones, robos y basura”.
Sobre la marcha que realizarán los empleados del Sindicato lomense la semana entrante, Narváez consideró que "sólo es una aspiración de los empleados para hacer acto de presencia” en el terreno y afirmó que deberían haber realizado “actos posesivos antes”.
Mientras que las personas que habían ocupado ilegalmente un terreno ubicado en la Avenida Monteverde al 8000, en Claypole, continúan apostadas en las inmediaciones del predio, sus abogados presentaron una apelación al desalojo efectuado el 6 de febrero pasado.
Los representantes de las más de 250 familias que aseguran ser “hijos de vecinos del distrito” consideraron que la apelación debería ser unificada con la que efectuó la defensora titular de la Unidad Funcional de Defensa Penal N° 5, Marcela Piñero ya que ambos utilizaron los mismos términos fiscales.
“Estamos apelando el lanzamiento desde enfoques similares porque estamos de acuerdo en que el Código Penal no preserva sino que condena los delitos, pero coincidimos en que en este caso no hubo un delito”, explicó Florentino Narváez, abogado de los ocupantes, y aseveró que en esta oportunidad no correspondía la aplicación del artículo 181 inciso primero del Código Penal "porque el terreno no poseía alambrado ni carteles que indicaran que el lugar tenía un propietario reconocido”.
En diálogo con Info Región Narváez aseguró que “en el expediente no está registrada la compra del terreno” y aseveró que los empleados del Sindicato de Trabajadores municipales de Lomas de Zamora junto con el gremio de Trabajadores Navales y Astilleros que se adjudican la propiedad "sólo tienen un compromiso de compra” que “tiene una entidad jurídica inferior a un boleto de compra y venta”.
Los ocupantes y letrados manifestaron que el terreno estaba totalmente abandonado y señalaron que el lugar era un reservorio de “chatarra, violaciones, robos y basura”.
Sobre la marcha que realizarán los empleados del Sindicato lomense la semana entrante, Narváez consideró que "sólo es una aspiración de los empleados para hacer acto de presencia” en el terreno y afirmó que deberían haber realizado “actos posesivos antes”.
“Si la apelación prospera se volvería para atrás en la orden de lanzamiento y ya no tendría efectividad”, remarcó Narváez y señaló que las personas que se adjudican el predio “no tienen elementos jurídicos que lo demuestren”. (PUNTO CERO-Inforegión).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario