lunes, septiembre 15, 2008

SAN ISIDRO. POSSE REITERÓ RECLAMOS SOBRE LA SEGURIDAD

SAN ISIDRO, Setiembre 15, (PUNTO CERO) En declaraciones formuladas a la prensa, poco antes del acto de lanzamiento del programa San Isidro en Marcha en el teatro del Viejo Concejo, el intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, explicó que el tema de seguridad “es el de mayor inversión que tiene el municipio. El año pasado cerró con 14 millones de inversión y de gasto en materia de prevención y seguridad, abarcando la totalidad de las comisarías, el patrullaje, la creación de ámbitos en las diferentes ciudades del Partido para la descentralización del Ministerio Público Fiscal.
Y este año la proyección será del orden de los 24 millones de pesos, con el aumento del precio de la hora-hombre para el patrullaje. San Isidro compra paquetes de horas extra de policía a la provincia de Buenos Aires lo sube a vehículos propios y hace un patrullaje complementario, además del aumento del número de policías que produjo el ministro de Seguridad Stornelli, de 50 hombre en la policía I, más la subestación que creó el municipio para que trajeran a la Policía II que actualmente se están viendo circular por diferentes lugares”.
“Este plan que lo iniciamos hace 8 meses va dando resultado. A su vez el municipio conscribe a retirados de las fuerzas de seguridad, es el caso de Gendarmería, Prefectura, a los cuales presentamos a los policías para buscar en conjunto una forma de patrullaje. Todo lo dicho implica sumar a la seguridad de San Isidro 180 hombres más”, agregó.
“A su vez, toda la tecnología que se está brindando, a través de la instalación de cámaras de acercamiento en las calles, en toda la geografía del distrito, en especial en las zonas más difíciles, que culminará con el montaje de una Sala de Situación para que la policía pueda realizar un seguimiento a distancia, a lo que se agrega el patrullaje, dará una mejor calidad de vida. Esa sala va a estar ubicada en el entrepiso del edificio administrativo de la Municipalidad ”, precisó Posse.
“Naturalmente, no estamos satisfechos, porque como municipio, como vecinos, le damos fuerte difusión a nuestros problemas. Los denunciamos, al contrario de lo que pueda ocurrir en otras áreas metropolitanas que de repente viven situaciones que son peores pero su operativo es el ocultamiento. Por el contrario, nosotros lo exponemos, lo exhibimos y nos abocamos a la solución, en la que hay fuerte participación ciudadana. A tal fin hemos creado un instituto del que forman parte todas las organizaciones dedicadas a la prevención y a la seguridad en sus diferentes aspectos”, manifestó luego.
“Respecto de la baja de la inimputabilidad a los 13 años, se planteó en el marco de una reunión de vecinos de una zona más expuesta como puede ser La Horqueta que sufren el delito llevado a cabo por menores, en general provenientes del oeste del conurbano”, respondió ante una consulta periodística.
“Hace tiempo que venimos analizando por qué no pueden actuar en esos casos los jueces de menores, algunos de los cuales están siendo sumariados en la Suprema Corte de Justicia. Llegaron a esa instancia porque, justamente, la Cámara del Crimen de la Zona Oeste , que es la Cámara de San Martín le impide a nuestros jueces de menores, a los de este departamento judicial que abarca Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar, poder practicar medidas de seguridad mínimas sobre menores que son homicidas, doble homicidas, delincuentes sexuales seriales, delincuentes a mano armada, etc.”, subrayó.
“Esta es mi intervención para decir: si la razón es que el código dice que la imputabilidad empieza a los 16 años, tengamos en cuenta que cuando se hizo el código -hace más de 70 años- los varones usaban pantalones largos hasta los 20 años y después venía la conscripción. Ahora no hay nada de eso. No digo que los menores tengan penas de mayores y prisiones de mayores pero sí el estado pueda intervenir y los jueces puedan llevarlos a institutos de menores, que sean institutos granjas, escuelas técnicas, donde les enseñen a levantarse y acostarse temprano, que se los capacite en un oficio. Para eso tiene que haber intervención del Estado que a su vez trabaje con la familia”, enfatizó el jefe comunal.
“De ninguna manera puede entenderse que un chico que mata se lo devuelvan a la madre diciendo:’Como dice la Cámara de San Martín en su dictamen, que el Estado ha renunciado a la persecución penal de los menores, aún cuando los menores sean harto peligrosos’. Esta es la razón por la cual intervine. Y digo, aunque sea con carácter de emergencia toquen esa parte de 16 a 13 y que se introduzca un modo de educación que pueda salvar a los chicos y a terceros y permitir a las familias que puedan trabajar con ellos”, concluyó Posse. (PUNTO CERO).

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