“En muchos países de todo el mundo, incluyendo Argentina, el número de mujeres que son privadas de su libertad ha aumentado con el tiempo y en forma desproporcionada en comparación con los reclusos varones”
Esa es la conclusión que sostiene el informe “Mujeres en prisión en Argentina: causas, condiciones y consecuencias”, elaborado por la Defensoría General de la Nación, conjuntamente con el “Avon Global Center for Women and Justice” y las Clínicas de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
Esa es la conclusión que sostiene el informe “Mujeres en prisión en Argentina: causas, condiciones y consecuencias”, elaborado por la Defensoría General de la Nación, conjuntamente con el “Avon Global Center for Women and Justice” y las Clínicas de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
La criminalización de los estratos más bajos
El mismo arroja números escalofriantes, entre ellos, que el 56 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en Argentina están presas por delitos vinculados al tráfico de drogas. Otro dato destacable es que el número de prisioneras dentro del sistema federal se incrementó un 193% entre 1990 y 2012, mientras que durante el mismo periodo, la población masculina creció sólo un 111%.
El informe, que sólo tomó como foco las cárceles federales, atribuye “este incremento sin precedentes del número de mujeres privadas de la libertad en Argentina a las políticas introducidas en el país por el modelo de ‘guerra contra las drogas’ impulsado por Estados Unidos”.
“La ‘guerra contra las drogas’ sirve para explicar, en parte, el aumento significativo (y desproporcionado) en las tasas de mujeres encarceladas dentro SPF de Argentina”, pero según el informe, no ocurre sólo en nuestro país, sino que esa circunstancia se extiende “por toda América del Sur”.
“Como parte de esa plan, “los Estados Unidos presionaron a los países de América Latina países para incrementar la persecución y condena de delitos relacionados con los estupefacientes”, señala el estudio.
“Argentina aprobó leyes de drogas más estrictas, pero, al igual que otros países de América del Sur, la aplicación de las leyes contra las drogas y el tráfico en la Argentina no ha logrado condenas en los niveles más altos de organizaciones destinadas al tráfico de drogas o la trata de personas”.
Por el contrario, continúa el informe “la aplicación se dirige de manera desproporcionada los delitos de bajo nivel, en el que las mujeres suelen ser las principales participantes”.
“En general, estas mujeres son mulas que ocupan un nivel bajo en la cadena de tráfico de drogas y que son forzadas a adoptar ese rol por necesidad económica”, sostuvo Elizabeth Brundige, Directora Ejecutiva de “Avon Global Center for Women & Justice” de la Facultad de Derecho de Cornell.
El informe también arroja esa tesitura, al expresar que “Dentro de la jerarquía de las organizaciones de tráfico de drogas, las mujeres a menudo desempeñan el papel de menor nivel, como servir de ‘mulas’”.
Otro dato sobre la realidad de las condenadas: “el 85% de las mujeres presas dentro del Sistema Penitenciario Federal fueron condenadas por crímenes vinculados al tráfico de drogas y robos menores. De ellas, el 75% eran el principal sostén de su hogar”.
La crítica del informe también se refiere a la aplicaciones de “leyes estrictas” que permiten el dictado de prisión preventiva por delitos de esta índole. Lo que “también han contribuido al número de mujeres en prisión”. El mismo, consederado “elevado” se desprende de una encuentra de población carcelaria. El resultado: el 41.43% de los encuestados estaban detenidos con prisión preventiva, y de éstos, 63,44% habían sido acusados de delitos contra la salud”.
“También la investigación se valió de visitas a dos prisiones argentinas y entrevistas personales con prisioneras, académicos, activistas, jueces y otros actores”, destacó la Defensoría General, junto a que “A pesar del efecto que las leyes argentinas en materia de drogas producen sobre las mujeres, el informe señala que Argentina ha demostrado la voluntad de desarrollar e implementar iniciativas específicas de género”.
Entre ellas, se pueden destacar el arresto domiciliario y los programas que permiten que los niños vivan en prisión con sus madres, los mismos “están especialmente diseñadas para aliviar las dificultades que enfrentan las mujeres con hijos”.
Sin embargo, una de las investigadoras Wade Poziomka, clase 2013 de la Maestría en Leyes (LLM) de la Facultad de Derecho de Cornell, señaló respecto de una de sus entrevistas que “No todas las mujeres se sentían cómodas con el hecho de que sus hijos crezcan en prisión. Una mujer peruana encarcelada por tráfico de drogas temía que vivir en ese ambiente dañaría a su hijo en forma irreparable”.
El mismo arroja números escalofriantes, entre ellos, que el 56 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en Argentina están presas por delitos vinculados al tráfico de drogas. Otro dato destacable es que el número de prisioneras dentro del sistema federal se incrementó un 193% entre 1990 y 2012, mientras que durante el mismo periodo, la población masculina creció sólo un 111%.
El informe, que sólo tomó como foco las cárceles federales, atribuye “este incremento sin precedentes del número de mujeres privadas de la libertad en Argentina a las políticas introducidas en el país por el modelo de ‘guerra contra las drogas’ impulsado por Estados Unidos”.
“La ‘guerra contra las drogas’ sirve para explicar, en parte, el aumento significativo (y desproporcionado) en las tasas de mujeres encarceladas dentro SPF de Argentina”, pero según el informe, no ocurre sólo en nuestro país, sino que esa circunstancia se extiende “por toda América del Sur”.
“Como parte de esa plan, “los Estados Unidos presionaron a los países de América Latina países para incrementar la persecución y condena de delitos relacionados con los estupefacientes”, señala el estudio.
“Argentina aprobó leyes de drogas más estrictas, pero, al igual que otros países de América del Sur, la aplicación de las leyes contra las drogas y el tráfico en la Argentina no ha logrado condenas en los niveles más altos de organizaciones destinadas al tráfico de drogas o la trata de personas”.
Por el contrario, continúa el informe “la aplicación se dirige de manera desproporcionada los delitos de bajo nivel, en el que las mujeres suelen ser las principales participantes”.
“En general, estas mujeres son mulas que ocupan un nivel bajo en la cadena de tráfico de drogas y que son forzadas a adoptar ese rol por necesidad económica”, sostuvo Elizabeth Brundige, Directora Ejecutiva de “Avon Global Center for Women & Justice” de la Facultad de Derecho de Cornell.
El informe también arroja esa tesitura, al expresar que “Dentro de la jerarquía de las organizaciones de tráfico de drogas, las mujeres a menudo desempeñan el papel de menor nivel, como servir de ‘mulas’”.
Otro dato sobre la realidad de las condenadas: “el 85% de las mujeres presas dentro del Sistema Penitenciario Federal fueron condenadas por crímenes vinculados al tráfico de drogas y robos menores. De ellas, el 75% eran el principal sostén de su hogar”.
La crítica del informe también se refiere a la aplicaciones de “leyes estrictas” que permiten el dictado de prisión preventiva por delitos de esta índole. Lo que “también han contribuido al número de mujeres en prisión”. El mismo, consederado “elevado” se desprende de una encuentra de población carcelaria. El resultado: el 41.43% de los encuestados estaban detenidos con prisión preventiva, y de éstos, 63,44% habían sido acusados de delitos contra la salud”.
“También la investigación se valió de visitas a dos prisiones argentinas y entrevistas personales con prisioneras, académicos, activistas, jueces y otros actores”, destacó la Defensoría General, junto a que “A pesar del efecto que las leyes argentinas en materia de drogas producen sobre las mujeres, el informe señala que Argentina ha demostrado la voluntad de desarrollar e implementar iniciativas específicas de género”.
Entre ellas, se pueden destacar el arresto domiciliario y los programas que permiten que los niños vivan en prisión con sus madres, los mismos “están especialmente diseñadas para aliviar las dificultades que enfrentan las mujeres con hijos”.
Sin embargo, una de las investigadoras Wade Poziomka, clase 2013 de la Maestría en Leyes (LLM) de la Facultad de Derecho de Cornell, señaló respecto de una de sus entrevistas que “No todas las mujeres se sentían cómodas con el hecho de que sus hijos crezcan en prisión. Una mujer peruana encarcelada por tráfico de drogas temía que vivir en ese ambiente dañaría a su hijo en forma irreparable”.
Las condiciones de las cárceles
El informe también refiere a las condiciones de detención de las mujeres, en tal sentido, expresa que, en cuanto a cuidados médicos, “a un tercio de de las mujeres entrevistadas nunca les fue realizado un PAP y más de tres cuartos del total jamás fueron controladas para prevenir el cáncer de mamas”.
La higiene resulta también queda en deuda, “el 26.46% de las mujeres entrevistadas en prisión contestó que no tienen suficiente acceso a toallas femeninas”. La comida deja un resultado que no se sabe si es positivo o negativo, las internas sostienen que hay suficiente comida, pero que “la calidad de la misma es tan mala que resulta apenas comestible”.
Otra falla que también es recurrente en el resto de las cárceles de nuestro país, es la circunstancia de que los detenidos que se encuentran procesados y los que ya fueron condenados comparten el mismo espacio. “Lo que incumple los requerimientos de la Convención Internacional sobre derechos políticos y civiles”.
Los apremios tampoco quedan al margen de la investigación, los abusos de los agentes del SPF están a al orden del día, “el 16.74% de reclusas ha sido testigo de abusos físicos y los ha denunciado a las autoridades de la prisión. Sin embargo, más de la mitad de quienes han denunciado abusos señalaron que sus declaraciones no fueron tomadas con seriedad”.
El informe también refiere a las condiciones de detención de las mujeres, en tal sentido, expresa que, en cuanto a cuidados médicos, “a un tercio de de las mujeres entrevistadas nunca les fue realizado un PAP y más de tres cuartos del total jamás fueron controladas para prevenir el cáncer de mamas”.
La higiene resulta también queda en deuda, “el 26.46% de las mujeres entrevistadas en prisión contestó que no tienen suficiente acceso a toallas femeninas”. La comida deja un resultado que no se sabe si es positivo o negativo, las internas sostienen que hay suficiente comida, pero que “la calidad de la misma es tan mala que resulta apenas comestible”.
Otra falla que también es recurrente en el resto de las cárceles de nuestro país, es la circunstancia de que los detenidos que se encuentran procesados y los que ya fueron condenados comparten el mismo espacio. “Lo que incumple los requerimientos de la Convención Internacional sobre derechos políticos y civiles”.
Los apremios tampoco quedan al margen de la investigación, los abusos de los agentes del SPF están a al orden del día, “el 16.74% de reclusas ha sido testigo de abusos físicos y los ha denunciado a las autoridades de la prisión. Sin embargo, más de la mitad de quienes han denunciado abusos señalaron que sus declaraciones no fueron tomadas con seriedad”.
Lo positivo a resaltar
Existen también aspectos positivos para mencionar, entre ellos, que “las mujeres entrevistadas consideraron de manera positiva a los programas de trabajo en prisión que tienen como objeto prepararlas para reinsertarse en la sociedad”.
Además, “la investigación también destaca que la ley argentina estimula a la educación de las personas en prisión asignando reducción de condenas a aquellos internos que completen sus estudios”.
Además, “la investigación también destaca que la ley argentina estimula a la educación de las personas en prisión asignando reducción de condenas a aquellos internos que completen sus estudios”.
Conclusiones
El estudio culmina con una serie de recomendaciones, entre las que se ponen de resalto que se reduzcan las condenas por tráfico de mujeres que están en el último escalafón dentro de las estructuras de tráfico de drogas, evitar procesar con prisión preventiva a las mujeres imputadas por esos delitos y llevar a juicio a las personas que ejerzan violencia contra el género femenino.
Por último, el informe aboga por un mejoramiento en las condiciones de detención de las internas y promueve la ampliación de la prisión domiciliaria como alternativa para las mujeres que son madres.
El informe también puede ser consultado en www.womenandjustice.org. (Diario Judicial).
Por último, el informe aboga por un mejoramiento en las condiciones de detención de las internas y promueve la ampliación de la prisión domiciliaria como alternativa para las mujeres que son madres.
El informe también puede ser consultado en www.womenandjustice.org. (Diario Judicial).
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