(La Política OnLine). El ministerio de Desarrollo Social entrega los planes pero luego son coordinados por punteros barriales que responden directamente al Gobierno. A los reclamos de Luis D’Elía, quien amenazó con manifestaciones, se suman airadas protestas de intendentes y una advertencia de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien teme sufrir las consecuencias políticas y judiciales por las irregularidades del programa.
En el conurbano ya lo rebautizaron: en vez de su mote original, “Argentina Trabaja”, le dicen “Argentina no trabaja”, en alusión a las casi nulas funciones que deben cumplir sus beneficiarios, a quienes sólo se les exige asistir a algún acto oficial.
Según relataron a LPO fuentes del peronismo bonaerense, esa falta de exigencia del gobierno no sería en vano, sino que, por el contrario, constituiría la clave para hacer funcionar un programa pensado por Néstor Kirchner para reforzar sus lazos con las clases populares de la zona más poblada del país y, de paso, retener recursos para su campaña presidencial.
Pero el esquema que diseñó puso de rehén a su hermana, cuya cartera recibe hoy los reclamos por las desprolijas designaciones "No sean cautivos de nadie, en este programa no hay intermediarios; no busquen al puntero de turno, ni al referente político ni al de una organización. No le deben nada a nadie", solicitó hoy Alicia Kirchner, por canal 7.
Respondió así a una denuncia de diputados de la oposición que pidió saber de qué modo están ejecutando los fondos del programa, los parámetros con los que se elige a los beneficiarios y el control que se hace sobre el manejo de recursos de los intendentes.
El programa "Argentina Trabaja" lanzado el año pasado por la Presidenta prometió crear 100.000 "puestos de trabajo" a través de cooperativas que deberían realizar trabajos para los municipios y se supone contaría con una inversión global de 1.500 millones de pesos.
El inconveniente, como reveló en su moneto La Política Online, es que incluso en las pruebas piloto que se hicieron -por ejemplo en el municipio de Almirante Brown que administra Darío Giustozzi- se comprobó que rápidamente la iniciativa fue cooptada por punteros políticos que inventaron cooperativas que sólo existían en los papeles para hacer caja política y sumar adherentes.
Este caso es paradigmático de a compleja situación de Alicia Kirchner. Cuando trascendió el escándalo en Almirante Brown por las cooperativas inventadas -que incuyó la renuncia de un concejal y el despido de un funcionario con la policía-, la ministra ordenó una auditoría cuyo resultado nunca salió a la luz. Y apenas días atrás la propia Alicia Kirchner paseó con Giustozzi por el Municipio en una "visita" a un cooperativa que al parecer si trabajaba limpiando plazas, todo debidamente registrado por los fotógrafos y camarógrafos oficiales (ver foto).
Pese a ese despliegue propagandístico del equipo de la ministra, el gobierno maneja esta iniciativa con un secretismo tal que no se sabe cuando se implementará masivamente el programa -se supone que en marzo-, en que distritos, como se elige a los beneficiarios y cuantos serán los fondos destinados.
En este marco, la falta de respuestas claras de la ministra al Congreso no sólo podría dereivar en un pedido interpelación, sino que de acumularse denuncias de clientelismo y corrupción -como ya está ocurriendo- podría terminar complicada en la justicia.
Cooperativismo político
La Política Online pudo hablar con punteros oficialistas del Conurbano que por estas horas viven un verdadero fenesí de reparto de planillas, para conformar cooperativas que puedan acceder al beneficio.
Las fuentes relataron descarnadamente el sistema clientelar que están diseñando desde el oficialismo, en este caso, en la poderosa tercera sección electoral, donde se concentra un tercio de la población de la provincia de Buenos Aires, un caudal de gente que aporta tres millones y medio de votos en cada elección y define gobernadores y presidentes.
A sabiendas de que ese capital definirá la suerte electoral de Kirchner en 2011, allí se planean "crear" 3500 cooperativas de 16 integrantes cada una. Contra lo que muchos creen, los beneficiarios no fueron digitados por los intendentes, tal vez, una muestra del descrédito que tienen en la Casa Rosada tras la derrota electoral del ex presidente.
Las cooperativas le son asignadas a un puntero con llegada al Gobierno, a quien se le asignan 2000 pesos mensuales, de los cuales debe resignar 300, explicaron las fuentes. Es este primer beneficiado el encargado de reclutar a los quince restantes, quienes deben tener más de 18 años y deben contar con un "negativo" de la Anses, es decir un comprobante de que no son beneficiarios de ningún otro plan social.
Por la abundancia de plantes sociales que hay distribuidos en zonas de alta vulnerabilidad social, no abundan los ciudadanos que cumplan ese requisito. Por eso, cuentan las fuentes, es habitual que los punteros concentren la mayoría de sus repartos en jóvenes de 18 años recién cumplido, sin antecedente laboral alguno.
Los quince beneficiarios que se agregan tienen un salario de 1200 pesos, pero deben resignar 400 pesos que regresan -como los 300 del puntero- al circuito originario.
Se instaura así un sistema de doble faz, por un lado afianza el clientelismo y pro el otro permite consolidar cajas políticas. Sólo en el caso de la Tercera Sección Electoral el "retorno" en casod e concretarse la maniobra sumaría 22.400.000 por mes.
Los integrantes de las cooperativas en principio no están ofreciendo mayores inconvenientes en ceder parte de sus salarios, dado que, salvo raras excepciones, por el dinero que les queda no se les exige ninguna contraprestación. Alcanza con que sólo engrosen las tribunas en algún acto oficial.
Es este último aspecto el principal motivo de conflicto en las Municipalidades, donde los registros de inscriptos para este plan están desbordados. Ocurre que muchos empleados de las comunas reciben salarios ínfimos y son testigos de cómo particulares reúnen ingresos parecidos sin necesidad de cumplir tareas.
“Ahora, nadie quiere laburar”, resumió un intendente a La Política Online.
En el conurbano ya lo rebautizaron: en vez de su mote original, “Argentina Trabaja”, le dicen “Argentina no trabaja”, en alusión a las casi nulas funciones que deben cumplir sus beneficiarios, a quienes sólo se les exige asistir a algún acto oficial.
Según relataron a LPO fuentes del peronismo bonaerense, esa falta de exigencia del gobierno no sería en vano, sino que, por el contrario, constituiría la clave para hacer funcionar un programa pensado por Néstor Kirchner para reforzar sus lazos con las clases populares de la zona más poblada del país y, de paso, retener recursos para su campaña presidencial.
Pero el esquema que diseñó puso de rehén a su hermana, cuya cartera recibe hoy los reclamos por las desprolijas designaciones "No sean cautivos de nadie, en este programa no hay intermediarios; no busquen al puntero de turno, ni al referente político ni al de una organización. No le deben nada a nadie", solicitó hoy Alicia Kirchner, por canal 7.
Respondió así a una denuncia de diputados de la oposición que pidió saber de qué modo están ejecutando los fondos del programa, los parámetros con los que se elige a los beneficiarios y el control que se hace sobre el manejo de recursos de los intendentes.
El programa "Argentina Trabaja" lanzado el año pasado por la Presidenta prometió crear 100.000 "puestos de trabajo" a través de cooperativas que deberían realizar trabajos para los municipios y se supone contaría con una inversión global de 1.500 millones de pesos.
El inconveniente, como reveló en su moneto La Política Online, es que incluso en las pruebas piloto que se hicieron -por ejemplo en el municipio de Almirante Brown que administra Darío Giustozzi- se comprobó que rápidamente la iniciativa fue cooptada por punteros políticos que inventaron cooperativas que sólo existían en los papeles para hacer caja política y sumar adherentes.
Este caso es paradigmático de a compleja situación de Alicia Kirchner. Cuando trascendió el escándalo en Almirante Brown por las cooperativas inventadas -que incuyó la renuncia de un concejal y el despido de un funcionario con la policía-, la ministra ordenó una auditoría cuyo resultado nunca salió a la luz. Y apenas días atrás la propia Alicia Kirchner paseó con Giustozzi por el Municipio en una "visita" a un cooperativa que al parecer si trabajaba limpiando plazas, todo debidamente registrado por los fotógrafos y camarógrafos oficiales (ver foto).
Pese a ese despliegue propagandístico del equipo de la ministra, el gobierno maneja esta iniciativa con un secretismo tal que no se sabe cuando se implementará masivamente el programa -se supone que en marzo-, en que distritos, como se elige a los beneficiarios y cuantos serán los fondos destinados.
En este marco, la falta de respuestas claras de la ministra al Congreso no sólo podría dereivar en un pedido interpelación, sino que de acumularse denuncias de clientelismo y corrupción -como ya está ocurriendo- podría terminar complicada en la justicia.
Cooperativismo político
La Política Online pudo hablar con punteros oficialistas del Conurbano que por estas horas viven un verdadero fenesí de reparto de planillas, para conformar cooperativas que puedan acceder al beneficio.
Las fuentes relataron descarnadamente el sistema clientelar que están diseñando desde el oficialismo, en este caso, en la poderosa tercera sección electoral, donde se concentra un tercio de la población de la provincia de Buenos Aires, un caudal de gente que aporta tres millones y medio de votos en cada elección y define gobernadores y presidentes.
A sabiendas de que ese capital definirá la suerte electoral de Kirchner en 2011, allí se planean "crear" 3500 cooperativas de 16 integrantes cada una. Contra lo que muchos creen, los beneficiarios no fueron digitados por los intendentes, tal vez, una muestra del descrédito que tienen en la Casa Rosada tras la derrota electoral del ex presidente.
Las cooperativas le son asignadas a un puntero con llegada al Gobierno, a quien se le asignan 2000 pesos mensuales, de los cuales debe resignar 300, explicaron las fuentes. Es este primer beneficiado el encargado de reclutar a los quince restantes, quienes deben tener más de 18 años y deben contar con un "negativo" de la Anses, es decir un comprobante de que no son beneficiarios de ningún otro plan social.
Por la abundancia de plantes sociales que hay distribuidos en zonas de alta vulnerabilidad social, no abundan los ciudadanos que cumplan ese requisito. Por eso, cuentan las fuentes, es habitual que los punteros concentren la mayoría de sus repartos en jóvenes de 18 años recién cumplido, sin antecedente laboral alguno.
Los quince beneficiarios que se agregan tienen un salario de 1200 pesos, pero deben resignar 400 pesos que regresan -como los 300 del puntero- al circuito originario.
Se instaura así un sistema de doble faz, por un lado afianza el clientelismo y pro el otro permite consolidar cajas políticas. Sólo en el caso de la Tercera Sección Electoral el "retorno" en casod e concretarse la maniobra sumaría 22.400.000 por mes.
Los integrantes de las cooperativas en principio no están ofreciendo mayores inconvenientes en ceder parte de sus salarios, dado que, salvo raras excepciones, por el dinero que les queda no se les exige ninguna contraprestación. Alcanza con que sólo engrosen las tribunas en algún acto oficial.
Es este último aspecto el principal motivo de conflicto en las Municipalidades, donde los registros de inscriptos para este plan están desbordados. Ocurre que muchos empleados de las comunas reciben salarios ínfimos y son testigos de cómo particulares reúnen ingresos parecidos sin necesidad de cumplir tareas.
“Ahora, nadie quiere laburar”, resumió un intendente a La Política Online.
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