Luego de más de 1.000 despidos, se desató una dura batalla con los sindicatos. Sutecba presentó una carta formal al jefe de gobierno denunciando cesantías injustificadas. Ya hubo un encuentro de dirigentes gremiales de Educación, Salud y municipales. Mañana habrá reuniones con el Ejecutivo. En el macrismo aseguran que no hay una política para echar gente y que se trata de trabajadores que no pueden explicar sus inasistencias, pero los sindicatos alegan un ajuste encubierto. El recorte que tiene en mente Macri y los detalles de un conflicto que recién comienza.
“No hay una estrategia para echar gente. No hay una política de reducir personal, se están aplicando medidas administrativas”.
La frase corresponde a un alto funcionario macrista y se da en el contexto de un enfrentamiento que comenzó a vivirse en estas últimas semanas entre los gremios de la ciudad, encabezados por los municiplaes de Sutecba que lideran Amadeo Genta y Patricio Datarmini, y el gobierno de Mauricio Macri.
Los sindicatos denuncian que hay despidos masivos e injustificados; los funcionarios del PRO dicen que no es así y que se están tomando las medidas para que todos los casos de cesantías sean debidamente justificados.
Según datos oficiales entre ayer y antes de ayer 571 contratados (bajo las modalidades 948 o 959) y 498 empleados de planta permanente recibieron sus telegramas de despido.
“En el caso de los empleados de planta transitoria (contratados) no se los echó sino que se les descontinuó el contrato. En ambos casos es una decisión administrativa y tiene que ver con las inasistencias”, explican a LPO en el Ejecutivo.
Según la Ley 471 si un trabajador se ausenta más de 15 días en un año sin una debida justificación se procede a echarlo con causa (es decir sin pago de indemnización).
Hoy desde la tarde se podía ver ingresar a la sede central de Sutecba, el principal gremio de municipales, de la calle Pedro Goyena decenas de trabajadores con notificaciones de despido. Allí el sindicato los asesora y colabora para que presenten una acción judicial para revertir la situación. Según aseguran, ya la Justicia dictaminó en varios casos reponer a trabajadores tras la notificación de despido.
En el sindicato afirman que el gobierno porteño está tomando en cuenta más de un año para contabilizar las inasistencias totales. Además, denuncian, no se les dio derecho a réplica a los trabajadores despedidos ni se los notificó previamente para que dé su descargo, como exige la ley.
Por ello ayer a las 17 Sutecba el envió una carta formal a Macri, firmada por su titular Amadeo Genta, en la que reclama por estos dos puntos centrales. La misiva llegó a manos del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, pero no hasta el jefe de gobierno, quien está de vacaciones.
Ya el 25 de enero el gremio acusó a Horacio Rodríguez Larreta, al secretario general Marcos Peña y al subsecretario de Recursos Humanos Alejandro Speroni de haber sido los ideólogos de los despidos y reclamaron reincorporar a los cerca de mil cesanteados.
Desde el gobierno explicaron a este medio que se realizó un relevamiento de la subsecretaria de RRHH del 20% del personal, al azar, que presentara inasistencias injustificadas.
Acorde a lo que contaron, de ese sondeo aparecieron las cesantías y, entre otras cuestiones, surgió que más del 50% de agentes con inasistencia corresponde al área de Salud.
“Por ejemplo hay una empleada del Hospital Durán Ema L. que cuenta con 106 inasistencia injustificadas”, detalló una fuente de Bolívar I. “Hay otro caso del agente Ricardo P. de la subsecretaria de Seguridad Urbana que cuenta con 88 inasistencias injustificadas”, completó a modo de ejemplo.
"Se trata de apenas de dos casos sobre casi 1.000 despedidos, eso revela que acá lo que enfrentamos es un ajuste disfrazado de medida administrativa", afirmaron a La Política Onlien desde los sindicatos.
Por otra parte, en cuanto al reclamo de que no se permite a los despedidos realizar el descargo que obliga la ley, en el macrismo informaron que hace 15 días se armó una comisión revisora sobre las cesantías en la subsecretaria de RRHH para que los empleados se defiendan. Según las fuentes del gobierno esa comisión tiene dos semanas, desde que el trabajador presenta la documentación que justifique las inasistencias, para expedirse.
Comos sea, en este marco de conflicto, mañana a las 15 habrá una reunión de segundas líneas gremiales con funcionarios de la ciudad encabezados por José Ornhialian por parte de Hacienda, para tratar este conficto que ameneza con terminar en una guerra abierta entre el macrismo y los sindicatos de la Ciudad.
Tan grave es la situación que anoche hubo un cónclave que unió a los tres principales gremios porteños: Sutecba, UTE (educación) y Médicos Municipales. Allí se reunieron altos dirigentes de cada uno y analizaron la situación.
En primer lugar acordaron que debían empezar a planificar un plan de lucha conjunto y, en segundo lugar, culparon a Larreta por este esquema de despidos en el gobierno de la ciudad.
Decisión política
Sin embargo, detrás de estos casos de despidos existe una firme decisión política que tomó Macri a fin de año: terminar con la buena relación que mantenía con los gremios, en especial Sutecba. Quien había llevado las riendas de ese equilibrio había sido el propio Grindetti, quien siempre ensayó diagonales componedoras ante conflictos como la intervención de la ObSBA (la obra social de los municipales). Pero todo cambió a fin de 2009.
Es que Macri decidió que no le servía mantener los buenos vínculos gremiales. Un dato lo alentó: su mayor nivel de popularidad, cercana al 70%, se dio cuando intervino la obra social a principios de 2008. Claro que esto se dio con el inicio de su gestión, de manera que no está del todo claro el motivo de esa popularidad.
Sin embargo, cerca del jefe de gobierno aseguran que está dispuesto a ir al choque con los sindicatos. Su objetivo: intentar ahorrar cerca de $1000 millones en sueldos para realizar obras. Actualmente la injerencia de la masa salarial en el presupuesto total de la ciudad alcanza el 50% (aproximadamente $8.500 millones). “Hay que ajustar sí o sí”, se lo escuchó decir al jefe de gobierno semanas atrás.
Así las cosas, los mil despidos no representarán demasiado dinero para el presupuesto porteño (alrededor de $36 millones anuales) pero son, al menos, una señal de lo que Macri está pensando, que de concretarse implicaría reducir en al menos un 12 % la planta de trabajadores municipales.
“No hay una estrategia para echar gente. No hay una política de reducir personal, se están aplicando medidas administrativas”.
La frase corresponde a un alto funcionario macrista y se da en el contexto de un enfrentamiento que comenzó a vivirse en estas últimas semanas entre los gremios de la ciudad, encabezados por los municiplaes de Sutecba que lideran Amadeo Genta y Patricio Datarmini, y el gobierno de Mauricio Macri.
Los sindicatos denuncian que hay despidos masivos e injustificados; los funcionarios del PRO dicen que no es así y que se están tomando las medidas para que todos los casos de cesantías sean debidamente justificados.
Según datos oficiales entre ayer y antes de ayer 571 contratados (bajo las modalidades 948 o 959) y 498 empleados de planta permanente recibieron sus telegramas de despido.
“En el caso de los empleados de planta transitoria (contratados) no se los echó sino que se les descontinuó el contrato. En ambos casos es una decisión administrativa y tiene que ver con las inasistencias”, explican a LPO en el Ejecutivo.
Según la Ley 471 si un trabajador se ausenta más de 15 días en un año sin una debida justificación se procede a echarlo con causa (es decir sin pago de indemnización).
Hoy desde la tarde se podía ver ingresar a la sede central de Sutecba, el principal gremio de municipales, de la calle Pedro Goyena decenas de trabajadores con notificaciones de despido. Allí el sindicato los asesora y colabora para que presenten una acción judicial para revertir la situación. Según aseguran, ya la Justicia dictaminó en varios casos reponer a trabajadores tras la notificación de despido.
En el sindicato afirman que el gobierno porteño está tomando en cuenta más de un año para contabilizar las inasistencias totales. Además, denuncian, no se les dio derecho a réplica a los trabajadores despedidos ni se los notificó previamente para que dé su descargo, como exige la ley.
Por ello ayer a las 17 Sutecba el envió una carta formal a Macri, firmada por su titular Amadeo Genta, en la que reclama por estos dos puntos centrales. La misiva llegó a manos del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, pero no hasta el jefe de gobierno, quien está de vacaciones.
Ya el 25 de enero el gremio acusó a Horacio Rodríguez Larreta, al secretario general Marcos Peña y al subsecretario de Recursos Humanos Alejandro Speroni de haber sido los ideólogos de los despidos y reclamaron reincorporar a los cerca de mil cesanteados.
Desde el gobierno explicaron a este medio que se realizó un relevamiento de la subsecretaria de RRHH del 20% del personal, al azar, que presentara inasistencias injustificadas.
Acorde a lo que contaron, de ese sondeo aparecieron las cesantías y, entre otras cuestiones, surgió que más del 50% de agentes con inasistencia corresponde al área de Salud.
“Por ejemplo hay una empleada del Hospital Durán Ema L. que cuenta con 106 inasistencia injustificadas”, detalló una fuente de Bolívar I. “Hay otro caso del agente Ricardo P. de la subsecretaria de Seguridad Urbana que cuenta con 88 inasistencias injustificadas”, completó a modo de ejemplo.
"Se trata de apenas de dos casos sobre casi 1.000 despedidos, eso revela que acá lo que enfrentamos es un ajuste disfrazado de medida administrativa", afirmaron a La Política Onlien desde los sindicatos.
Por otra parte, en cuanto al reclamo de que no se permite a los despedidos realizar el descargo que obliga la ley, en el macrismo informaron que hace 15 días se armó una comisión revisora sobre las cesantías en la subsecretaria de RRHH para que los empleados se defiendan. Según las fuentes del gobierno esa comisión tiene dos semanas, desde que el trabajador presenta la documentación que justifique las inasistencias, para expedirse.
Comos sea, en este marco de conflicto, mañana a las 15 habrá una reunión de segundas líneas gremiales con funcionarios de la ciudad encabezados por José Ornhialian por parte de Hacienda, para tratar este conficto que ameneza con terminar en una guerra abierta entre el macrismo y los sindicatos de la Ciudad.
Tan grave es la situación que anoche hubo un cónclave que unió a los tres principales gremios porteños: Sutecba, UTE (educación) y Médicos Municipales. Allí se reunieron altos dirigentes de cada uno y analizaron la situación.
En primer lugar acordaron que debían empezar a planificar un plan de lucha conjunto y, en segundo lugar, culparon a Larreta por este esquema de despidos en el gobierno de la ciudad.
Decisión política
Sin embargo, detrás de estos casos de despidos existe una firme decisión política que tomó Macri a fin de año: terminar con la buena relación que mantenía con los gremios, en especial Sutecba. Quien había llevado las riendas de ese equilibrio había sido el propio Grindetti, quien siempre ensayó diagonales componedoras ante conflictos como la intervención de la ObSBA (la obra social de los municipales). Pero todo cambió a fin de 2009.
Es que Macri decidió que no le servía mantener los buenos vínculos gremiales. Un dato lo alentó: su mayor nivel de popularidad, cercana al 70%, se dio cuando intervino la obra social a principios de 2008. Claro que esto se dio con el inicio de su gestión, de manera que no está del todo claro el motivo de esa popularidad.
Sin embargo, cerca del jefe de gobierno aseguran que está dispuesto a ir al choque con los sindicatos. Su objetivo: intentar ahorrar cerca de $1000 millones en sueldos para realizar obras. Actualmente la injerencia de la masa salarial en el presupuesto total de la ciudad alcanza el 50% (aproximadamente $8.500 millones). “Hay que ajustar sí o sí”, se lo escuchó decir al jefe de gobierno semanas atrás.
Así las cosas, los mil despidos no representarán demasiado dinero para el presupuesto porteño (alrededor de $36 millones anuales) pero son, al menos, una señal de lo que Macri está pensando, que de concretarse implicaría reducir en al menos un 12 % la planta de trabajadores municipales.
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