Ante las versiones que dan cuenta sobre la inmediata presentación en la Legislatura bonaerense, de un ante proyecto de ley por el que el peronismo kirchnerista pretende impulsar la estatización del juego en territorio del primer Estado argentino, el presidente del bloque de diputados del Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz, sostuvo que “lo que debe definirse en nuestra Provincia es el modelo de juego instalado por el peronismo en la década del 90’, y no la forma en que, debido a la mala administración de recursos, en una relación encubierta con la zares del juego por todos los sectores del peronismo, se hecha mano a dineros provenientes del aliento a conductas adictivas, incidiendo en acrecentar aquellos trastornos que afectan seriamente a la salud de nuestra población”.
Díaz fue determinante al afirmar “No estamos de acuerdo en discutir si debe privatizarse o estatizarse la administración de los juegos de azar en la Provincia, como tampoco lo estamos con la determinación del gobernador Scioli de extender las concesiones de los bingos por 15 años, con el mismo propósito. Nuestra preocupación no está en ver en manos de quien está el juego en la Provincia de Buenos Aires, sino en legislar con coherencia, y llegar a ser Gobierno para obrar con moral republicana, reestructurando el juego, y comenzando por cerrar la mayoría de las salas de azar, que solo generan conductas adictivas y daños irreparables para la salud”.
Díaz enfatizó que “Lo primero que debe ejecutar el peronismo kirchnerista, si quiere tener autoridad moral en este tema, es el traslado del barco/casino propiedad del zar del juego K, Cristóbal López, que se encuentra en Puerto Madero a Río Gallegos, y de ésta manera que los funcionarios que se han enriquecido desorbitadamente, junto a los engordados sindicalistas de la era menemista ahora amigos del poder, continúen la fiesta de la timba en su propio territorio”.
Por último el legislador del FAP señaló “No es alentando patologías adictivas con lo que se soluciona la falta de previsión
presupuestaria, agravado por el sometimiento al poder central que
injustamente lo ha despojado de importantes recursos. Mucho menos, puede ser una política encaminada a brindar una mejor calidad de vida de los ciudadanos, al imponérsele conductas que los llevan a la desdicha y la pérdida de los dineros ganados por el esfuerzo del trabajo”.
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