jueves, octubre 19, 2006

MORON: PROCESARON A FERROVIARIOS DE TBA POR INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE TRENES. Tras la protesta por “conflicto sindical interno”

MORON, Octubre 19, (PUNTO CERO) Un juzgado Federal procesó a 27 trabajadores ferroviarios, entre los que hay dirigentes gremiales, y trabó embargo por 400 mil pesos, a cada uno, por haber interrumpido la circulación de trenes de la empresa TBA en una protesta por “conflicto sindical interno”.
El juez federal Germán Andrés Castelli procesó a los 27 trabajadores, entre ellos el secretario General de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén Darío Sobrero, en calidad de "coautores penalmente responsables del delito de impedir el normal funcionamiento de los transportes por tierra”, delito atenuado por haber sido cometido excediendo los límites impuestos por la ley.
Fuentes de la justicia indicaron que el magistrado aplicó una novedosa doctrina que permite reducir “la gravedad” de la conducta de los trabajadores porque “pudieron creer que obraban en el marco de los derechos constitucionales para su manifestación y reclamo”.
El pasado 8 de septiembre de 2004, a las 5:20, y a raíz de un conflicto vinculado con elecciones internas en ese gremio ferroviario, trabajadores impedían la salida de las formaciones ferroviarias, a la altura de la estación Castelar.
Según la resolución, a la que tuvo accedieron los medios de prensa, a las 10:50 de ese día "se comunicó telefónicamente con el juez Castelli el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien manifestó que no podía ser posible que 70 personas cortaran el servicio público, ante lo que le fue contestado que, en términos generales, al juzgado le correspondía continuar con las actuaciones, recolectar pruebas y establecer la responsabilidad de los presuntos implicados”.
Con respecto a lo referente a la utilización de la fuerza pública para el desalojo y detención de los sospechosos se aportó en esa comunicación que “es competencia del Poder Ejecutivo Nacional"; el titular de la cartera política refirió que solicitaría “al Procurador General de la Nación” que pida esa medida al juzgado".
Finalmente, tras una prolongada tratativa, la medida de fuerza fue levantada en horas de la tarde.
Al resolver la situación procesal, Castelli determinó que los trabajadores "se reunieron en horas de la medianoche en el depósito Castelar ejerciendo sus legítimos derechos de petición y reunión", aunque estimó también que “la prolongación y la metodología posterior de la protesta constituyó un abusivo ejercicio de sus derechos, que quedó huérfana de permiso legal y, por lo tanto, resultó antijurídica".
Abundó el magistrado al señalar que "su accionar, que se extendió por espacio de 15 horas, determinó el impedimento para la salida de las formaciones ferroviarias, hecho que afectó a unas 300.000 personas durante el tiempo que duró el reclamo; se atrasaron dos formaciones, se cancelaron parcialmente 11 y en forma total 326".
Para el juez, los trabajadores incurrieron en "un exceso de sus derechos", aunque moderó la gravedad del delito imputado tras entender que supusieron “equivocadamente” que estaban ejerciendo legítimamente su derecho a manifestarse en el marco de un reclamo sindical.
La entonces diputada del MST, la enfermera Vilma Ripoll, que acompañó la protesta, resultó absuelta en el expediente y los trabajadores procesados seguirán en libertad mientras prosigue la causa, que ya ha sido apelada ante la Cámara Federal de Morón. (PUNTO CERO).

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