BUENOS AIRES, Febrero 28, (PUNTO CERO-La Política OnLIne) El diario Clarín decide avanzar en este asombroso caso que fue seguido de cerca por Ámbito Financiero y siempre reflejado por La Política Online desde su explosión a fines de 2006, y publica hoy una nota que revela casi al pasar y en su último parrafo, las presiones que existieron desde el bloque oficialista que comanda el senador Miguel Pichetto para que se apruebe el polémico pago al quebrado grupo Greco.Además, adelanta que la UCR utilizará un decreto que fue sancionado por el propio Kirchner para pedir explicaciones sobre este caso.
Los senadores de la UCR dicen que decidieron poner en práctica aquello de que "el pez por la boca muere". Cansados de que nadie les conteste los pedidos de informes que hacen a través del Congreso, optaron por enviar notas al Gobierno amparados en el decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública que firmó el propio Néstor Kirchner los primeros meses de su gestión.
Esa norma prevé duras sanciones para los funcionarios que no contesten la información requerida en un plazo de 10 días, lo que hace obligatoria una respuesta. El decreto dice que cualquier ciudadano puede hacer una solicitud de información por escrito "sin estar sujeta a ninguna otra formalidad".
Ya lo probaron en diciembre con el secretario de Transportes Ricardo Jaime, uno de sus blancos preferidos que suele escabullírseles sin responder lo que preguntan desde el Congreso: solicitaron un detalle sobre los 300 millones en subsidios que le dieron a los ferrocarriles, y obtuvieron respuesta. Otra consulta en nombre del Acceso a la Información le hicieron llegar estos días a al ministra Felisa Miceli por los polémicos cambios que introdujo en el INDEC.
Pero tal vez la más taquillera sea, hasta ahora, la nota que enviaron a la misma Miceli por el intento de pago al ex grupo Greco, una autorización de endeudamiento por 1.300 millones de pesos que estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso.
El monto, 587 millones de pesos en bonos, estaba disimulado en otros pagos por indemnizaciones por el terrorismo de Estado, sentencias a jubilados y pago a ex trabajadores de YPF. El rubro "pago a proveedores" disparó las dudas de los senadores, porque eran 710 millones —casi la mitad de lo solicitado— sin precisar a quién ni por qué se debía pagar.
Sólo eran sospechas, hasta que se supo que el beneficiario era el grupo Greco. En la nota preguntan por qué el ministerio no apeló la "supuesta liquidación" de pago, "qué funcionario realiza la solicitud del monto a incluir en el proyecto de ley enviado al Congreso" —la respuesta obvia, es la propia ministra que avala todo con su firma—, y "por qué no se actuó como en el caso Meller", es decir negándose a pagar.
Pero lo más importante: buscan mostrar que, con mayorías tan contundentes en el Congreso, el Poder Ejecutivo manda a votar cualquier cosa sin dar ninguna explicación. Y que los legisladores oficialistas son tan pero tan oficialistas que no les interesa preguntar nada. Ellos sólo levantan la mano.
Eso es lo que pasó cuando la autorización de endeudamiento, de un monto tan importante que equipara al presupuesto de una provincia, sobrevoló Diputados y fue votado por 123 a 23: el oficialismo se negó a dar precisiones, tal vez porque los legisladores no las tenían, y solo hubo tres discursos breves para oponerse (María América González, Claudio Lozano y Claudio Poggi).
"Permítannos sospechar de la legitimidad de estas deudas", disparó entonces Poggi. Los diputados de la UCR votaron silenciosos a favor de lo que pedía el Gobierno.
Los senadores actuaron de otro modo. Ernesto Sanz y Gerardo Morales se negaron a aprobar el tema, pese a las presiones de los oficialistas Jorge Capitanich y Miguel Pichetto, quien estuvo a punto de convertir la sesión en un escándalo. Ahora fue la propia Miceli quien admitió que estuvo a punto de hacerse un "pago indebido" al grupo Greco después de haberlo firmado. Y con la venia del Congreso dominado por las mayorías.
Los senadores de la UCR dicen que decidieron poner en práctica aquello de que "el pez por la boca muere". Cansados de que nadie les conteste los pedidos de informes que hacen a través del Congreso, optaron por enviar notas al Gobierno amparados en el decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública que firmó el propio Néstor Kirchner los primeros meses de su gestión.
Esa norma prevé duras sanciones para los funcionarios que no contesten la información requerida en un plazo de 10 días, lo que hace obligatoria una respuesta. El decreto dice que cualquier ciudadano puede hacer una solicitud de información por escrito "sin estar sujeta a ninguna otra formalidad".
Ya lo probaron en diciembre con el secretario de Transportes Ricardo Jaime, uno de sus blancos preferidos que suele escabullírseles sin responder lo que preguntan desde el Congreso: solicitaron un detalle sobre los 300 millones en subsidios que le dieron a los ferrocarriles, y obtuvieron respuesta. Otra consulta en nombre del Acceso a la Información le hicieron llegar estos días a al ministra Felisa Miceli por los polémicos cambios que introdujo en el INDEC.
Pero tal vez la más taquillera sea, hasta ahora, la nota que enviaron a la misma Miceli por el intento de pago al ex grupo Greco, una autorización de endeudamiento por 1.300 millones de pesos que estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso.
El monto, 587 millones de pesos en bonos, estaba disimulado en otros pagos por indemnizaciones por el terrorismo de Estado, sentencias a jubilados y pago a ex trabajadores de YPF. El rubro "pago a proveedores" disparó las dudas de los senadores, porque eran 710 millones —casi la mitad de lo solicitado— sin precisar a quién ni por qué se debía pagar.
Sólo eran sospechas, hasta que se supo que el beneficiario era el grupo Greco. En la nota preguntan por qué el ministerio no apeló la "supuesta liquidación" de pago, "qué funcionario realiza la solicitud del monto a incluir en el proyecto de ley enviado al Congreso" —la respuesta obvia, es la propia ministra que avala todo con su firma—, y "por qué no se actuó como en el caso Meller", es decir negándose a pagar.
Pero lo más importante: buscan mostrar que, con mayorías tan contundentes en el Congreso, el Poder Ejecutivo manda a votar cualquier cosa sin dar ninguna explicación. Y que los legisladores oficialistas son tan pero tan oficialistas que no les interesa preguntar nada. Ellos sólo levantan la mano.
Eso es lo que pasó cuando la autorización de endeudamiento, de un monto tan importante que equipara al presupuesto de una provincia, sobrevoló Diputados y fue votado por 123 a 23: el oficialismo se negó a dar precisiones, tal vez porque los legisladores no las tenían, y solo hubo tres discursos breves para oponerse (María América González, Claudio Lozano y Claudio Poggi).
"Permítannos sospechar de la legitimidad de estas deudas", disparó entonces Poggi. Los diputados de la UCR votaron silenciosos a favor de lo que pedía el Gobierno.
Los senadores actuaron de otro modo. Ernesto Sanz y Gerardo Morales se negaron a aprobar el tema, pese a las presiones de los oficialistas Jorge Capitanich y Miguel Pichetto, quien estuvo a punto de convertir la sesión en un escándalo. Ahora fue la propia Miceli quien admitió que estuvo a punto de hacerse un "pago indebido" al grupo Greco después de haberlo firmado. Y con la venia del Congreso dominado por las mayorías. (PUNTO CERO-La Política OnLIne).
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