La política del blanqueo de capitales que se debate en el Congreso Nacional debe ser cuidadosa y profundamente analizada, no sólo por la enorme inequidad que genera entre los ciudadanos que cumplen con la ley y los que la vulneran sino porque de no adoptarse correctamente puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Blanquear dinero entre otras definiciones significa ajustar a la legalidad fiscal el dinero proveniente de negocios delictivos o injustificables, así que si bien este puede ser producto de actividades lícitas o ilícitas, en ambos casos detrás de una acción de blanqueo hay un delito previo.
Evasión tributaria, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos son orígenes potenciales del dinero negro pero también lo son el tráfico de personas, la venta de armas y el narcotráfico.
Hace apenas dos meses participando de una reunión de alcaldes de América Latina mantuve un breve encuentro con las máximas autoridades del distrito federal mexicano, hacía pocas horas nuestra Provincia había sido escenario de un violento ajuste de cuentas entre narcos perpetrado por sicarios.
Después vinieron la efedrina y el triple crimen y casi como si fueran otros los que tienen la responsabilidad de impedir estos hechos, el ministerio de seguridad anunció la captura de un individuo sindicado de contrabandear 9000 kilos de efedrina a través de nuestra frontera con destino a México.
Con crudeza y profundo conocimiento de este flagelo mis anfitriones me dijeron “Uds. tienen dos caminos y un espejo en el que mirarse o actúan de forma inmediata y con todos los recursos del Estado para frenar la acción de los narcos o en unos pocos años estarán como nosotros”.
El lavado de dinero es un eslabón fundamental en la lucha contra el crimen organizado en sus formas más aberrantes por eso combartirlo debe ser una prioridad de la acción del Estado y de la comunidad internacional.
El narcotráfico es tal vez uno de los delitos más complejos que existen, con nefastas consecuencias sociales, esta alerta que se ha encendido debe obligarnos a redoblar los esfuerzos, y los tres poderes públicos tienen la obligación de estar a la altura de semejante desafío.
Nuevamente es el Poder Legislativo el que tiene en sus manos la posibilidad de analizar y debatir un proyecto cuyas implicancias sociales trascenderán la coyuntura, la intervención que hagan los legisladores en el proyecto que ha enviado el ejecutivo será fundamental para evitar abrir una grieta que nos deje aún más indefensos a todos los ciudadanos.
Blanquear dinero entre otras definiciones significa ajustar a la legalidad fiscal el dinero proveniente de negocios delictivos o injustificables, así que si bien este puede ser producto de actividades lícitas o ilícitas, en ambos casos detrás de una acción de blanqueo hay un delito previo.
Evasión tributaria, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos son orígenes potenciales del dinero negro pero también lo son el tráfico de personas, la venta de armas y el narcotráfico.
Hace apenas dos meses participando de una reunión de alcaldes de América Latina mantuve un breve encuentro con las máximas autoridades del distrito federal mexicano, hacía pocas horas nuestra Provincia había sido escenario de un violento ajuste de cuentas entre narcos perpetrado por sicarios.
Después vinieron la efedrina y el triple crimen y casi como si fueran otros los que tienen la responsabilidad de impedir estos hechos, el ministerio de seguridad anunció la captura de un individuo sindicado de contrabandear 9000 kilos de efedrina a través de nuestra frontera con destino a México.
Con crudeza y profundo conocimiento de este flagelo mis anfitriones me dijeron “Uds. tienen dos caminos y un espejo en el que mirarse o actúan de forma inmediata y con todos los recursos del Estado para frenar la acción de los narcos o en unos pocos años estarán como nosotros”.
El lavado de dinero es un eslabón fundamental en la lucha contra el crimen organizado en sus formas más aberrantes por eso combartirlo debe ser una prioridad de la acción del Estado y de la comunidad internacional.
El narcotráfico es tal vez uno de los delitos más complejos que existen, con nefastas consecuencias sociales, esta alerta que se ha encendido debe obligarnos a redoblar los esfuerzos, y los tres poderes públicos tienen la obligación de estar a la altura de semejante desafío.
Nuevamente es el Poder Legislativo el que tiene en sus manos la posibilidad de analizar y debatir un proyecto cuyas implicancias sociales trascenderán la coyuntura, la intervención que hagan los legisladores en el proyecto que ha enviado el ejecutivo será fundamental para evitar abrir una grieta que nos deje aún más indefensos a todos los ciudadanos.
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