BUENOS AIRES, Mayo 27, (PUNTO CERO) La Defensoría Nacional reclamó al Ministerio de Planificación Federal por los seis corredores viales cuyas concesiones fueron prorrogadas pero incumplen el servicio, "con una total indiferencia hacia los intereses de los usuarios".
El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le recomendó al Ministro de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios que exija a las concesionarias de los seis corredores viales a prestar el servicio en condiciones de calidad adecuada y acordes a las obligaciones previstas en los respectivos contratos prorrogados, como así también que disminuya las actuales tarifas de peajes a valores acordes a los deficientes servicios prestados, hasta que sea regularizada la situación.
La Defensoría Nacional destacó en su recomendación el deplorable estado en el que se encuentran las rutas nacionales concesionadas, por las cuales los usuarios pagan un peaje para transitarla.
Paralelamente, se pregunta si la tarifa exigida a los usuarios resulta acorde con las obras realizadas; si existieron demoras y/o incumplimientos en las obligaciones oportunamente pactadas entre las concesionarias y el concedente y, teniendo en cuenta que el sistema de peajes refleja la fuente principal de ingresos de los concesionarios, se estaría exigiendo una contraprestación a los usuarios que no se ve reflejada en los términos de los contratos.
El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, señaló que "una obligación fundamental que debe cumplir el Gobierno Nacional al momento de tomar una decisión resulta ser la verificación del grado de cumplimiento de los contratos de concesión de los corredores viales, toda vez que se encuentra comprometido el estado del patrimonio nacional, como así también la seguridad de los usuarios".
"En estos casos, el usuario resulta ser el principal perjudicado, dado que a través del pago de la tarifa de peaje no encuentra un mejor servicio sino, por el contrario, la falta de inversión y mantenimiento de los corredores en muchos casos pone en riesgo su vida" fundamentó Sella.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2008, y ante el vencimiento de la concesión por peaje de los Corredores Viales 1, 2 , 3, 4, 5 y 6 que se produjo el 31 de octubre, el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le recomendó al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios "que se abstenga de prorrogar los contratos".
Las referidas concesiones fueron adjudicadas por el Estado por un plazo de 5 años "para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación", bajo el régimen del decreto Nro. 17.250.
Mediante el Decreto N° 1615/08 el PEN delegó en el Ministerio de Planificación Federal la facultad de celebrar acuerdos con los concesionarios de los Corredores Viales Nacionales a fin de prorrogar sus contratos hasta la toma de posesión de las nuevas concesiones que resultendel proceso licitatorio por un plazo no mayor a 120 días.
Luego, a través el Decreto N° 422/09 se facultó nuevamente al Ministerio de Planificación a celebrar acuerdos con las empresas concesionarias a prorrogar sus contratos por un plazo no mayor a 120 días, pese a que la Comisión de Concesiones constituida por Resolución MINPLAN N° 1034/08 aconsejó declarar fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los Corredores Viales Nros. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 y declarar admisible la oferta presentada por CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION S.A. - CCI CONSTRUCCIONES S.A. - UTE, para el corredor vial N° 4.
Esta Institución advirtió la inminencia de la finalización del plazo de los contratos de concesión de los corredores, los graves incumplimientos de los concesionarios, como así también la inacción del Gobierno en llamar al proceso licitatorio en tiempo y forma, pero como única respuesta se obtuvo.
una prórroga en todas las concesiones.
En marzo de este año la Defensoría del Pueblo de la Nación requirió nuevamente al OCCOVI que remitiera el informe sobre el grado o porcentaje de cumplimiento de cada uno de los contratos de las concesiones viales , cuyos vencimientos operaban el 31 de octubre de 2008 y que precisara el grado de cumplimiento de las obligaciones al 28 de febrero de 2009, atento a la prórroga de las concesiones, establecida por Resolución MPFIP y S N° 66/09. También se solicitó que se indique si se aplicaron sanciones a las distintas concesionarias involucradas.
Es de destacar, que hasta la fecha, no se cuenta con respuesta alguna por parte del Organismo.(PUNTO CERO).
El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le recomendó al Ministro de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios que exija a las concesionarias de los seis corredores viales a prestar el servicio en condiciones de calidad adecuada y acordes a las obligaciones previstas en los respectivos contratos prorrogados, como así también que disminuya las actuales tarifas de peajes a valores acordes a los deficientes servicios prestados, hasta que sea regularizada la situación.
La Defensoría Nacional destacó en su recomendación el deplorable estado en el que se encuentran las rutas nacionales concesionadas, por las cuales los usuarios pagan un peaje para transitarla.
Paralelamente, se pregunta si la tarifa exigida a los usuarios resulta acorde con las obras realizadas; si existieron demoras y/o incumplimientos en las obligaciones oportunamente pactadas entre las concesionarias y el concedente y, teniendo en cuenta que el sistema de peajes refleja la fuente principal de ingresos de los concesionarios, se estaría exigiendo una contraprestación a los usuarios que no se ve reflejada en los términos de los contratos.
El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, señaló que "una obligación fundamental que debe cumplir el Gobierno Nacional al momento de tomar una decisión resulta ser la verificación del grado de cumplimiento de los contratos de concesión de los corredores viales, toda vez que se encuentra comprometido el estado del patrimonio nacional, como así también la seguridad de los usuarios".
"En estos casos, el usuario resulta ser el principal perjudicado, dado que a través del pago de la tarifa de peaje no encuentra un mejor servicio sino, por el contrario, la falta de inversión y mantenimiento de los corredores en muchos casos pone en riesgo su vida" fundamentó Sella.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2008, y ante el vencimiento de la concesión por peaje de los Corredores Viales 1, 2 , 3, 4, 5 y 6 que se produjo el 31 de octubre, el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le recomendó al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios "que se abstenga de prorrogar los contratos".
Las referidas concesiones fueron adjudicadas por el Estado por un plazo de 5 años "para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación", bajo el régimen del decreto Nro. 17.250.
Mediante el Decreto N° 1615/08 el PEN delegó en el Ministerio de Planificación Federal la facultad de celebrar acuerdos con los concesionarios de los Corredores Viales Nacionales a fin de prorrogar sus contratos hasta la toma de posesión de las nuevas concesiones que resultendel proceso licitatorio por un plazo no mayor a 120 días.
Luego, a través el Decreto N° 422/09 se facultó nuevamente al Ministerio de Planificación a celebrar acuerdos con las empresas concesionarias a prorrogar sus contratos por un plazo no mayor a 120 días, pese a que la Comisión de Concesiones constituida por Resolución MINPLAN N° 1034/08 aconsejó declarar fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los Corredores Viales Nros. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 y declarar admisible la oferta presentada por CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION S.A. - CCI CONSTRUCCIONES S.A. - UTE, para el corredor vial N° 4.
Esta Institución advirtió la inminencia de la finalización del plazo de los contratos de concesión de los corredores, los graves incumplimientos de los concesionarios, como así también la inacción del Gobierno en llamar al proceso licitatorio en tiempo y forma, pero como única respuesta se obtuvo.
una prórroga en todas las concesiones.
En marzo de este año la Defensoría del Pueblo de la Nación requirió nuevamente al OCCOVI que remitiera el informe sobre el grado o porcentaje de cumplimiento de cada uno de los contratos de las concesiones viales , cuyos vencimientos operaban el 31 de octubre de 2008 y que precisara el grado de cumplimiento de las obligaciones al 28 de febrero de 2009, atento a la prórroga de las concesiones, establecida por Resolución MPFIP y S N° 66/09. También se solicitó que se indique si se aplicaron sanciones a las distintas concesionarias involucradas.
Es de destacar, que hasta la fecha, no se cuenta con respuesta alguna por parte del Organismo.(PUNTO CERO).
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