(La Política OnLine). El dato fue revelado por el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, en su presentación del Presupuesto 2010. Rodríguez Larreta había dicho que el gobierno reemplazaría a los agentes de la Federal con empresas privadas de seguridad, sin embargo todavía resta saldar una millonaria deuda. La estrategia de Marcos Peña que pasó de una denuncia penal contra la policía a un pedido de reunión de Macri con Aníbal Fernández.
Mientras el gobierno porteño se lanzó a denunciar penalmente a la Policía Federal, y luego de que ésta le retirara parte de la custodia por una millonaria deuda, la ciudad mantiene una deuda con las empresas de seguridad privada que alcanza los $29 millones, según pudo averiguar La Política Online.
El tema surgió en la discusión del área de Seguridad y Justicia cuando el ministro Guillermo Montenegro pasó por la Legislatura porteño para defender el Presupuesto 2010.
El dato no es menor si se toma en cuenta que, tras el retiro de los agentes de la Federal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta afirmó que el faltante se cubriría con personal de empresas de seguridad privada. Sin embargo no sabe de dónde saldrían los fondos ya que la deuda con las empresas tiene, al menos, un año.
Hoy la ciudad contrata a 10 empresas que, ya que está vigente una licitación, están contratadas de forma directa. Ellas son Briefing security, Comahue, Eficast SA, Federal Service SRL, Murata, Prenaval SRL, Road Seguridad SA, Siseg SRL, Verini Security SA, Yusion SRL. Todas trabajan en distintas áreas y dependencias del gobierno de la ciudad donde se requiere especial atención, en especial en barrio con alto índice de delincuencia.
Dentro de los $29 millones, por ejemplo, se encuentra la deuda que tiene el Instituto de la Vivienda, que contrata los servicios de seguridad privada para que cuiden viviendas que se están terminando y se van a adjudicar para que no sean tomadas por intrusos.
Según pudo saber este medio, por mes se gasta cerca de $7 millones en seguridad privada con esta modalidad de contratación directa.
El área de Seguridad Privada ha sido una de las más complicadas desde que llegó Mauricio Macri al gobierno. Pasaron varios directores generales y actualmente es ocupada por Jorge Enrique Silva, un hombre de Montenegro.
La conexión política
De esta forma, y mientras la Federal asegura que le deben $40 millones y Montenegro $34 millones, la merma en el cuidado de establecimientos públicos generó un nuevo paso atrás del gobierno de la ciudad.
Hoy Macri le pidió una reunión a Aníbal Fernández para intentar solucionar el conflicto de la deuda y la custodia. Lo curioso es que esta nueva estrategia contrasta dramáticamente con la que llevó el PRO la semana pasada cuando se decidió presentar una denuncia penal contra la Federal por el caso del espionaje porteño.
En ese entonces Horacio Rodríguez Larreta se opuso a esto que principalmente fue fogoneado por el secretario general, Marcos Peña, quien recomendó “ir a fondo” contra el gobierno nacional para “tirarles la pelota a ellos”, tal como decía palabras más, palabras menos, entre los suyos.
El jefe de gabinete porteño consideraba que era un error pelearse con la Federal y, a la vez, sabía que se destruirían sus relaciones con los funcionarios de Aníbal Fernández, con quienes había comenzado a delinear la transición (ver “Las internas del macrismo…”).
Ahora, la nueva estrategia del jefe comunal de intentar acordar nuevamente con el gobierno nacional fue, otra vez, de Peña, quien parece no recién ahora haber tomado dimensión de lo que significaba pelearse con la policía.
Pero no sólo eso: tampoco midió, junto a los michettistas que suelen acompañarlo en este tipo de ideas, un esquema de financiamiento para poder romper con la Federal.
Mientras el gobierno porteño se lanzó a denunciar penalmente a la Policía Federal, y luego de que ésta le retirara parte de la custodia por una millonaria deuda, la ciudad mantiene una deuda con las empresas de seguridad privada que alcanza los $29 millones, según pudo averiguar La Política Online.
El tema surgió en la discusión del área de Seguridad y Justicia cuando el ministro Guillermo Montenegro pasó por la Legislatura porteño para defender el Presupuesto 2010.
El dato no es menor si se toma en cuenta que, tras el retiro de los agentes de la Federal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta afirmó que el faltante se cubriría con personal de empresas de seguridad privada. Sin embargo no sabe de dónde saldrían los fondos ya que la deuda con las empresas tiene, al menos, un año.
Hoy la ciudad contrata a 10 empresas que, ya que está vigente una licitación, están contratadas de forma directa. Ellas son Briefing security, Comahue, Eficast SA, Federal Service SRL, Murata, Prenaval SRL, Road Seguridad SA, Siseg SRL, Verini Security SA, Yusion SRL. Todas trabajan en distintas áreas y dependencias del gobierno de la ciudad donde se requiere especial atención, en especial en barrio con alto índice de delincuencia.
Dentro de los $29 millones, por ejemplo, se encuentra la deuda que tiene el Instituto de la Vivienda, que contrata los servicios de seguridad privada para que cuiden viviendas que se están terminando y se van a adjudicar para que no sean tomadas por intrusos.
Según pudo saber este medio, por mes se gasta cerca de $7 millones en seguridad privada con esta modalidad de contratación directa.
El área de Seguridad Privada ha sido una de las más complicadas desde que llegó Mauricio Macri al gobierno. Pasaron varios directores generales y actualmente es ocupada por Jorge Enrique Silva, un hombre de Montenegro.
La conexión política
De esta forma, y mientras la Federal asegura que le deben $40 millones y Montenegro $34 millones, la merma en el cuidado de establecimientos públicos generó un nuevo paso atrás del gobierno de la ciudad.
Hoy Macri le pidió una reunión a Aníbal Fernández para intentar solucionar el conflicto de la deuda y la custodia. Lo curioso es que esta nueva estrategia contrasta dramáticamente con la que llevó el PRO la semana pasada cuando se decidió presentar una denuncia penal contra la Federal por el caso del espionaje porteño.
En ese entonces Horacio Rodríguez Larreta se opuso a esto que principalmente fue fogoneado por el secretario general, Marcos Peña, quien recomendó “ir a fondo” contra el gobierno nacional para “tirarles la pelota a ellos”, tal como decía palabras más, palabras menos, entre los suyos.
El jefe de gabinete porteño consideraba que era un error pelearse con la Federal y, a la vez, sabía que se destruirían sus relaciones con los funcionarios de Aníbal Fernández, con quienes había comenzado a delinear la transición (ver “Las internas del macrismo…”).
Ahora, la nueva estrategia del jefe comunal de intentar acordar nuevamente con el gobierno nacional fue, otra vez, de Peña, quien parece no recién ahora haber tomado dimensión de lo que significaba pelearse con la policía.
Pero no sólo eso: tampoco midió, junto a los michettistas que suelen acompañarlo en este tipo de ideas, un esquema de financiamiento para poder romper con la Federal.
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