(La Política OnLine). El empresario amigo de Mauricio Macri avanza en Bernal con la construcción de un pequeño Nordelta, que amenaza con provocar inundaciones a los vecinos de la zona de Villa Alcira. El intendente kirchnerista Francisco “Barba” Gutiérrez avala el emprendimiento “Nuevo Quilmes”, que también enfrenta cuestionamientos por la propiedad de las tierras.
El proyecto inmobiliario conocido como “Nuevo Quilmes”, un barrio cerrado que ocupará unas 100 hectáreas en una zona estratégica a menos de 10 minutos de la Ciudad de Buenos Aires por autopista, derivó en un imprevisto foco de conflicto para el intendente kirchnerista Francisco “Barba” Gutiérrez.
Es que los habitantes del barrio de Villa Alcira, lindante con el millonario emprendimientoo, denuncian que la urbanización generará el anegamiento de su barrio. Sin embargo, en la intendencia de Quilmes afirmaron que "la obra cumple con todos los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires”.
Si bien podría sorprender que la gestión del kirchnerista Gutiérrez avale una obra que impulsa el constructor Nicolás Caputo -mano derecha de Mauricio Macri-, en rigor se trata de un comportamiento coherente para el intendente de Quilmes, que también está ejerciendo un fuerte lobby sobre el Consejo Deliberante para conseguir la aprobación de otro proyecto polémico de un enemido del gobierno nacional: el Puerto Madero del Sur que planea construir Techint en las riberas de Avellaneda y Quilmes.
Como sea, la Sociedad de Fomento Villa Alcira encabeza las denuncias contra el emprendimiento de Caputo, que según afirman sus voceros presenta irregularidades “ya desde la venta de la tierras”.
El geólogo Enrique Bifano dijo a La Política Online que el “Nuevo Quilmes se está construyendo sobre los terrenos de la ex Startel, pertenecientes a ENTEL, empresa nacional de telecomunicaciones”, pero reveló que “cuando se privatizó fue adquirida por Telefónica y Telecom quienes debían prestar un servicio en la zona pero nunca lo hicieron”.
“Estas tierras vacantes no podían ser vendidas, hasta que un funcionario local las pasó como un bien por accesión de forma irregular y así fueron compradas para este millonario barrio cerrado”, señaló Bifano.
El geólogo calificó a la obra como “una estafa" ya que se está construyendo sobre terrenos de la costa del Río que son inundables. "Las tierras donde se está montando el barrio cerrado son bajas, 2 metros sobre la costa y según la Ley de Suelos bonaerense no se puede urbanizar en terrenos por debajo de los 3.75 metros sobre el nivel del mar, por eso rellenaron Nuevo Quilmes con tierras del barrio y generaron una cava que trajo alteraciones en las napas de Villa Alcira", argumentó.
Caputo y Claudio Grasso
La empresa a cargo del proyecto en la ex Startel es Construcciones Caputo S.A, propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, mientras que el responsable público de este proyecto valuado en 25 millones de dólares es Claudio Grasso de Indra.
“Las relaciones políticas de los encargados de la obra hace todo mucho más oscuro”, afirman quienes se oponen al proyecto, en obvia referencia a la amistad de Caputo con Mauricio Macri.
Cabe recordar también que la primera etapa de la ordenanza que da factibilidad a la construcción de este nuevo barrio privado fue sancionada en 2007, mientras que la segunda fue ratificada en una sesión extraordinaria realizada el 29 de diciembre de 2008, una fecha que llamó la atención del barrio Villa Alcira.
¿Obra clausurada?
La movilización de los vecinos y sus reiterados pedidos a la Justicia lograron que a fines de 2009 la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del magistrado Luis Armella, clausurara la obra. No obstante, desde la Sociedad de Fomento denunciaron que a principios de 2010 continuaban los trabajos en el barrio cerrado.
Ante este escenario, el Defensor del Pueblo de Quilmes, José Estevao, se presentó como querellante en la investigación judicial y solicitó explicaciones sobre las irregularidades en la iniciativa, además de las futuras consecuencias ambientales que puede traer en la comunidad.
En este marco, el secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares, afirmó a La Política Online que “el emprendimiento inmobiliario cumplió con todos los pasos en el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires por lo cual la clausura de la obra fue levantada”. “Cuenta con las aprobaciones técnicas del municipio en el plano ambiental ya que pasó todos los estudios correspondientes”, explicó.
A renglón seguido, apuntó directamente contra Bifano y Pascual Dapino quienes encabezan las denuncias contra el emprendimiento inmobiliario. Los acusó de oponerse al desarrollo porque “estaban vinculados comercialmente con el proyecto, pero quedaron afuera”. Además, sostuvo que la intervención del Ombudsman de Quilmes “fue a destiempo” dado que actuó cuando “ya estaba toda la documentación y los estudios pertinentes”.
Sin embargo, la resistencia de los vecinos de Villa Alcira cuenta con el respaldo del único concejal radical de Quilmes: Fernando Pérez. El edil, que asumió el pasado 10 de diciembre, realizó un pedido de informes para que el Municipio responda por las irregularidades legales y técnicas que presenta la iniciativa.
“No estoy en contra de que se invierta en la zona, sino que lo llamativo es que no se evaluó los inconvenientes que generara este barrio privado en la vida cotidiana de los vecinos de Villa Alcira”, manifestó Pérez a La Política Online.
El proyecto inmobiliario conocido como “Nuevo Quilmes”, un barrio cerrado que ocupará unas 100 hectáreas en una zona estratégica a menos de 10 minutos de la Ciudad de Buenos Aires por autopista, derivó en un imprevisto foco de conflicto para el intendente kirchnerista Francisco “Barba” Gutiérrez.
Es que los habitantes del barrio de Villa Alcira, lindante con el millonario emprendimientoo, denuncian que la urbanización generará el anegamiento de su barrio. Sin embargo, en la intendencia de Quilmes afirmaron que "la obra cumple con todos los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires”.
Si bien podría sorprender que la gestión del kirchnerista Gutiérrez avale una obra que impulsa el constructor Nicolás Caputo -mano derecha de Mauricio Macri-, en rigor se trata de un comportamiento coherente para el intendente de Quilmes, que también está ejerciendo un fuerte lobby sobre el Consejo Deliberante para conseguir la aprobación de otro proyecto polémico de un enemido del gobierno nacional: el Puerto Madero del Sur que planea construir Techint en las riberas de Avellaneda y Quilmes.
Como sea, la Sociedad de Fomento Villa Alcira encabeza las denuncias contra el emprendimiento de Caputo, que según afirman sus voceros presenta irregularidades “ya desde la venta de la tierras”.
El geólogo Enrique Bifano dijo a La Política Online que el “Nuevo Quilmes se está construyendo sobre los terrenos de la ex Startel, pertenecientes a ENTEL, empresa nacional de telecomunicaciones”, pero reveló que “cuando se privatizó fue adquirida por Telefónica y Telecom quienes debían prestar un servicio en la zona pero nunca lo hicieron”.
“Estas tierras vacantes no podían ser vendidas, hasta que un funcionario local las pasó como un bien por accesión de forma irregular y así fueron compradas para este millonario barrio cerrado”, señaló Bifano.
El geólogo calificó a la obra como “una estafa" ya que se está construyendo sobre terrenos de la costa del Río que son inundables. "Las tierras donde se está montando el barrio cerrado son bajas, 2 metros sobre la costa y según la Ley de Suelos bonaerense no se puede urbanizar en terrenos por debajo de los 3.75 metros sobre el nivel del mar, por eso rellenaron Nuevo Quilmes con tierras del barrio y generaron una cava que trajo alteraciones en las napas de Villa Alcira", argumentó.
Caputo y Claudio Grasso
La empresa a cargo del proyecto en la ex Startel es Construcciones Caputo S.A, propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, mientras que el responsable público de este proyecto valuado en 25 millones de dólares es Claudio Grasso de Indra.
“Las relaciones políticas de los encargados de la obra hace todo mucho más oscuro”, afirman quienes se oponen al proyecto, en obvia referencia a la amistad de Caputo con Mauricio Macri.
Cabe recordar también que la primera etapa de la ordenanza que da factibilidad a la construcción de este nuevo barrio privado fue sancionada en 2007, mientras que la segunda fue ratificada en una sesión extraordinaria realizada el 29 de diciembre de 2008, una fecha que llamó la atención del barrio Villa Alcira.
¿Obra clausurada?
La movilización de los vecinos y sus reiterados pedidos a la Justicia lograron que a fines de 2009 la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del magistrado Luis Armella, clausurara la obra. No obstante, desde la Sociedad de Fomento denunciaron que a principios de 2010 continuaban los trabajos en el barrio cerrado.
Ante este escenario, el Defensor del Pueblo de Quilmes, José Estevao, se presentó como querellante en la investigación judicial y solicitó explicaciones sobre las irregularidades en la iniciativa, además de las futuras consecuencias ambientales que puede traer en la comunidad.
En este marco, el secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares, afirmó a La Política Online que “el emprendimiento inmobiliario cumplió con todos los pasos en el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires por lo cual la clausura de la obra fue levantada”. “Cuenta con las aprobaciones técnicas del municipio en el plano ambiental ya que pasó todos los estudios correspondientes”, explicó.
A renglón seguido, apuntó directamente contra Bifano y Pascual Dapino quienes encabezan las denuncias contra el emprendimiento inmobiliario. Los acusó de oponerse al desarrollo porque “estaban vinculados comercialmente con el proyecto, pero quedaron afuera”. Además, sostuvo que la intervención del Ombudsman de Quilmes “fue a destiempo” dado que actuó cuando “ya estaba toda la documentación y los estudios pertinentes”.
Sin embargo, la resistencia de los vecinos de Villa Alcira cuenta con el respaldo del único concejal radical de Quilmes: Fernando Pérez. El edil, que asumió el pasado 10 de diciembre, realizó un pedido de informes para que el Municipio responda por las irregularidades legales y técnicas que presenta la iniciativa.
“No estoy en contra de que se invierta en la zona, sino que lo llamativo es que no se evaluó los inconvenientes que generara este barrio privado en la vida cotidiana de los vecinos de Villa Alcira”, manifestó Pérez a La Política Online.
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