En el operativo cerrojo participaron 600 inspectores. En Vicente López, el 39 % de los comercios se encuentran en infracción, mientras que en San Isidro son el 28 %.
Un equipo de 600 inspectores de Arba realizó operativos cerrojo en San Isidro y en Vicente López, y notificaron deuda por $ 330.162.863. De ese monto, $ 127.901.101 es por el no pago de los impuestos Automotor, Ingresos Brutos, Inmobiliario y Embarcaciones; y $ 202.261.762 se trata de deuda en etapa judicial.
En el caso de San Isidro se dio aviso a 2.390 contribuyentes de etapa prejudicial que no pagaron $46.690.921; y a 1.363 deudores que se encuentran en juicio por una suma total de $ 88.284.028.
En Vicente López, se advirtió a 1.910 ciudadanos que omitieron abonar distintos tributos por $ 81.210.180; y a 745 contribuyentes en etapa judicial por $ 113.977.762.
Los controles “Puerta a Puerta” realizados en 901 comercios de este distrito revelaron que el 39 % se encontraban en situación irregular, ya sea por falta de presentación de la Declaración Jurada o por no estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, se controlaron 570 operaciones comerciales y se labraron 18 actas de infracción.
Respecto al Impuesto Automotor, se controlaron 923 vehículos, y se labraron actas de infracción a 244 porque figuraban con una deuda total de $ 217.302 por el no pago de “la patente”.
En el caso de San Isidro, se fiscalizaron 1.209 comercios, y se intimó al 28 % de ellos; mientras que se controlaron 1.007 operaciones de venta y se labraron 11 actas de infracción.
Entre los contribuyentes inspeccionados, se encontraban renombradas empresas: dos dedicadas a la venta al por mayor de productos alimenticios, dos que expenden fiambres, quesos y productos lácteos; una de matanza de ganado bovino y procesamiento de carne; una que comercializa calzado deportivo; y una importante firma que vende bebidas alcohólicas.
Para la selección de los contribuyentes, se tuvo en cuenta su envergadura, el nivel de riesgo fiscal, y su pertenencia a variados sectores de la economía. En tal sentido, y con el objetivo de detectar movimientos de fondos no respaldados por operaciones comerciales documentadas (operaciones “en negro”), se llevaron a cabo procedimientos de “arqueo” en los que se constató que las facturas, remitos o tickets cumplieran con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Paralelamente, y con fin de descubrir omisiones a partir del análisis de gastos en concepto de personal en relación de dependencia, se realizaron relevamientos de los trabajadores encontrados en las instalaciones de las firmas fiscalizadas, cotejando la información recabada con los registros correspondientes (declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social, recibos de sueldos, Libro de Sueldos Ley 20.744, y planillas de Jornada Legal, entre otros). También se llevaron a cabo controles “de stock” y de “movimientos de ingreso y egreso de mercaderías”, lo cuales permiten corroborar datos y dar con maniobras irregulares, en el caso de que sucedan.
Por último, en ambos distritos se realizaron dos tipos de controles de mercaderías en tránsito: por un lado se establecieron puestos en ruta donde se fiscalizó a los camiones de mayor porte que trasladan productos entre partidos distintos. La segunda modalidad de control abarcó al transporte urbano de cargas dentro de cada uno de los partidos, y alcanzó a camionetas y utilitarios, a los cuales se les exigió la portación del remito electrónico.
Plan Antricrisis
Estas acciones forman parte del “Programa Torniquete Fiscal”, uno de los componentes centrales del Plan Anticrisis 2009 - 2010 diseñado por Arba para sostener la recaudación tributaria de la Provincia, y asegurar la regular prestación de los servicios de seguridad, educación, salud y justicia en el contexto de crisis financiera internacional.
Así, el transporte de mercaderías, entidades financieras no bancarias de compra venta de divisas; firmas transportadoras de caudales; empresas industriales, comerciales y de servicios; cooperativas, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la prestación de servicios financieros; están en la mira de la Agencia de Recaudación, que planeó rigurosas fiscalizaciones de tipo contable y operacional.
Arba dispuso un plantel de 2.500 agentes que trabajan de manera permanente, las 24 horas y los 7 días de la semana para desvirtuar el accionar de quienes pretendan eludir sus obligaciones con el fisco.
El segundo eje del Plan Anticrisis es el “Programa Alivio Fiscal”, con el que la Provincia favorece a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre las medidas puestas en marcha se destacan los créditos fiscales de cancelación del Impuesto Inmobiliario para 900 mil familias de bajos ingresos; y la prórroga o exención del pago del Impuesto Inmobiliario Rural a los titulares de partidas declaradas en Emergencia y/o Desastre agropecuario como consecuencia de la sequía.
Es importante destacar que los operativos cerrojo que sirven para detectar los focos de evasión, permiten recabar información útil para redefinir las estrategias del fisco, y que son efectivos también para transmitir la situación de riesgo a la que se exponen quienes pretenden rehusarse al pago de los impuestos.
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