Es por la adquisición de un inmueble para el Poder Judicial de la Ciudad en la última sesión plenaria del Consejo el año pasado. Ahora se encuentra bajo la lupa por varias “irregularidades”. Días atrás legisladores porteños habían realizado una denuncia similar.
Poco antes de que culmine el 2010, dos legisladores de Proyecto Sur denunciaron penalmente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad por la compra de un inmueble ubicado en Lavalle 369 presuntamente a valores sobrevaluados. Dicha compra fue autorizada por ese cuerpo en el último plenario del año.
Este lunes, un particular denunció a los integrantes que cesaron sus mandatos días después de aquella reunión; Julio De Giovanni, María Moya, Eugenio Cozzi, Horacio Corti, Juan Pablo Más Vélez, Santiago Otamendi, Patricia Lopez Vergara y Liliana Blasi. Todos ellos por “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
La denuncia recayó ante el juzgado de instrucción número 24, que se encuentra a cargo del juez Juan Ramos Padilla, y fue presentada por Jorge Fernández Taboada. Por su parte, la denuncia de los legisladores está en manos del juzgado Correccional Nº12, a cargo de Raúl Juan Emilio García.
En la denuncia se explica que “la decisión de comprar el inmueble, por el modo en que ha sido llevada a cabo y por el precio aprobado, resulta por demás llamativa y mueve a sospecha sobre la falta de transparencia de la operación”. Compra que fue valuada en 3.750.000 dólares.
Para el denunciante, la compra fue aprobada “como un tema ya cerrado, sin demasiadas explicaciones y sin ofrecer otros inmuebles como alternativas”. Y agrega: “Resulta llamativo, además, que la sesión haya tenido un cuarto intermedio de una hora y 20 minutos, lapso durante el cual se reunieron a solas los consejeros (las sesiones deben ser públicas) y cuando se reanudó la sesión se votó inmediatamente la compra con ocho votos a favor y una abstención”.
“la maniobra es clara: si se iba a realizar una compra tan irregular, la idea era que todos los que podrían beneficiarse de la misma estuvieran presentes y votando a favor, par que ninguno saliera a denunciar o pretendiera eludir las eventuales responsabilidades que entraña la audaz operación”, sentencia la denuncia. (Diario Judicial).
Poco antes de que culmine el 2010, dos legisladores de Proyecto Sur denunciaron penalmente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad por la compra de un inmueble ubicado en Lavalle 369 presuntamente a valores sobrevaluados. Dicha compra fue autorizada por ese cuerpo en el último plenario del año.
Este lunes, un particular denunció a los integrantes que cesaron sus mandatos días después de aquella reunión; Julio De Giovanni, María Moya, Eugenio Cozzi, Horacio Corti, Juan Pablo Más Vélez, Santiago Otamendi, Patricia Lopez Vergara y Liliana Blasi. Todos ellos por “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
La denuncia recayó ante el juzgado de instrucción número 24, que se encuentra a cargo del juez Juan Ramos Padilla, y fue presentada por Jorge Fernández Taboada. Por su parte, la denuncia de los legisladores está en manos del juzgado Correccional Nº12, a cargo de Raúl Juan Emilio García.
En la denuncia se explica que “la decisión de comprar el inmueble, por el modo en que ha sido llevada a cabo y por el precio aprobado, resulta por demás llamativa y mueve a sospecha sobre la falta de transparencia de la operación”. Compra que fue valuada en 3.750.000 dólares.
Para el denunciante, la compra fue aprobada “como un tema ya cerrado, sin demasiadas explicaciones y sin ofrecer otros inmuebles como alternativas”. Y agrega: “Resulta llamativo, además, que la sesión haya tenido un cuarto intermedio de una hora y 20 minutos, lapso durante el cual se reunieron a solas los consejeros (las sesiones deben ser públicas) y cuando se reanudó la sesión se votó inmediatamente la compra con ocho votos a favor y una abstención”.
“la maniobra es clara: si se iba a realizar una compra tan irregular, la idea era que todos los que podrían beneficiarse de la misma estuvieran presentes y votando a favor, par que ninguno saliera a denunciar o pretendiera eludir las eventuales responsabilidades que entraña la audaz operación”, sentencia la denuncia. (Diario Judicial).
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