QUILMES, Noviembre 13, (PUNTO CERO-Realidad Web) Caso Tosquera de Ranelagh: Luis Armella concedió para este martes una audiencia a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Delegación Sur, ante la preocupación del organismo acerca de que la Justicia estaría investigando a los vecinos que se manifiestan contra la posible contaminación de la cava de Kartonsec.
Así lo confirmó Jorge Moyas, secretario general de la APDH, quien junto a integrantes de la comisión jurídica del organismo de derechos humanos, será recibido en el Juzgado Federal de Quilmes.
La audiencia había sido solicitada por la APDH a partir de la preocupación de los asambleístas en cuanto a que están siendo investigados desde ese fuero federal.
En la causa, se constató una pericia (presumiblemente de la Policía bonaerense o Gendarmería) realizada sobre la casa (fotos y planos) de una de las asambleístas contiguas a la tosquera y representante de sus vecinos, en el barrio El Rincón.
También, se supo de la existencia de un informe sin firma ni fecha, que describe y caracteriza en forma pormenorizada a vecinos y concejales que participaron de las movilizaciones y protestas; papper escrito en un lenguaje típicamente propio de los servicios de inteligencia, munido de datos de tipo personal, en donde se nombran a vecinos.
Integrantes del Juzgado Federal que tiene a cargo al magistrado Armella, pusieron énfasis en averiguar quienes son los vecinos que hacen publicidad contra la Mosquera. Por caso, se llamó vía telefónica desde la comisaría segunda de Ranelagh a una asambleísta para preguntarle cuál era el vecino que pagaba el avión para convocar a las marchas contra la cava, incluso fuerzas de seguridad se acercaron en dos oportunidades al aeródromo para solicitar esos datos de inteligencia.
Es decir, que en lugar de seguir la línea de investigación sobre la única pista de las supuestas amenazas contra los dueños de la tosquera (un mail), la Justicia se dedicó a ordenar y producir investigaciones sobre cuestiones ajenas, concretamente la actividad de los vecinos, las reuniones y sus propias opiniones.
Vecinos sospechan que la causa por amenazas de los empresarios, presumiblemente fue armada como parte de una estrategia judicial, para tener la ventana, o excusa formal, para espiar a los vecinos y amedrentarlos.
Consultado Moyas, ante este cuadro de situación, aseguró que "la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos está muy preocupada por el espionaje que están realizando en Ranelagh contra quienes se manifiestan a favor contra la contaminación. Es menester de la Justicia y las autoridades policiales que cesen en estos excesos, al violar las garantías constitucionales, como el derecho de opinar libremente y el derecho a la intimidad". En tanto, trascendió que vecinos postergaron la marcha que se iba a realizar este martes al Juzgado Federal, a la espera de que cesen las acciones intimidatorias de parte de la Justicia y la Policía. (PUNTO CERO-Realidad web).
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