AVELLANEDA, Octubre 21, (PUNTO CERO-Inforegión) El intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Olivera, fue imputado del delito de “malversación de caudales públicos” por el pago del sueldo a uno de los condenados por los incidentes en la Municipalidad en noviembre de 2005. La denuncia había sido presentada por el secretario General de los Trabajadores Municipales, Rubén García, quien aseguró que la decisión del fiscal “se ajusta a derecho porque las pruebas eran contundentes”.
El intendente de Avellaneda y candidato a ser reelecto por el Partido Justicialista, Baldomero Álvarez de Olivera, fue imputado del delito de “malversación de caudales públicos” debido a la denuncia en su contra por el pago de haberes a un empleado que se encontraba detenido por haber baleado a trabajadores municipales en noviembre de 2005.
La decisión fue tomada el 20 de septiembre por el fiscal David Acevedo, titular de la Fiscalía 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a raíz de una denuncia presentada por diputado provincial kirchnerista y secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, Rubén García.
La causa, que se encuentra en el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo del juez Tomás Bravo, tiene como punto de partida el 2 de noviembre de 2005 cuando dentro de la Municipalidad de Avellaneda, varias personas comenzaron a efectuar disparos con armas de fuego hacia un grupo de trabajadores que se manifestaban en el lugar.
Por el hecho, fueron detenidos Carlos Ascoitía y Alejandro Sandoval, quien finalmente fue condenado a tres años y diez meses de prisión acusado de abuso de arma con tenencia de arma de guerra. Luego, la sala Primera de Apelación y Garantías en lo Penal convirtió la prisión efectiva en domiciliaria.
Según el Sindicato, “en mayo de 2005 Sandoval fue contratado en planta transitoria del municipio y se estableció que su lugar de trabajo era la secretaría Privada y Coordinación del Gabinete”.
”Por haber estado imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en concurso con tenencia de arma de guerra, Sandoval dejó de prestar servicios en el municipio, pese a lo cual se le habrían abonado los haberes del mes de noviembre y diciembre de 2005 según lo acredita la ANSES”, señala la acusación del gremio.
García, en tanto, aseguró que “tras ser notificado de esta imputación, el intendente Álvarez decretó nula la designación de Sandoval y le exigió devolver los salarios percibidos desde el mismo día que fue notificado”. Para el legislador bonaerense este hecho fue “insólito”.
Además, confirmó que ya “firmó” el pedido de procesamiento ya que “las pruebas que hay son suficientes”. En caso de que el fiscal decida procesar a Álvarez la causa pasará a un juicio oral con la posibilidad de que allí sea imposibilitado de ejercer funciones públicas.
Por este motivo, García adelantó que presentará la semana que viene una impugnación a la Junta Electoral bonaerense porque “existen todas la pruebas para que su candidatura no tenga efecto”.
“No importa que la Junta diga que no o que no haya tiempo. Tenemos que dejar un caso testimonial y mostrarle a todo el mundo que un delincuente no puede ser candidato”, aseveró.
La imputación también alcanza al Secretario de Privada y Coordinación de Gabinete, Daniel Lamarmora, y al responsable del área de Recursos Humanos de la comuna, Fabián Monzón.
El intendente de Avellaneda y candidato a ser reelecto por el Partido Justicialista, Baldomero Álvarez de Olivera, fue imputado del delito de “malversación de caudales públicos” debido a la denuncia en su contra por el pago de haberes a un empleado que se encontraba detenido por haber baleado a trabajadores municipales en noviembre de 2005.
La decisión fue tomada el 20 de septiembre por el fiscal David Acevedo, titular de la Fiscalía 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a raíz de una denuncia presentada por diputado provincial kirchnerista y secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, Rubén García.
La causa, que se encuentra en el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo del juez Tomás Bravo, tiene como punto de partida el 2 de noviembre de 2005 cuando dentro de la Municipalidad de Avellaneda, varias personas comenzaron a efectuar disparos con armas de fuego hacia un grupo de trabajadores que se manifestaban en el lugar.
Por el hecho, fueron detenidos Carlos Ascoitía y Alejandro Sandoval, quien finalmente fue condenado a tres años y diez meses de prisión acusado de abuso de arma con tenencia de arma de guerra. Luego, la sala Primera de Apelación y Garantías en lo Penal convirtió la prisión efectiva en domiciliaria.
Según el Sindicato, “en mayo de 2005 Sandoval fue contratado en planta transitoria del municipio y se estableció que su lugar de trabajo era la secretaría Privada y Coordinación del Gabinete”.
”Por haber estado imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en concurso con tenencia de arma de guerra, Sandoval dejó de prestar servicios en el municipio, pese a lo cual se le habrían abonado los haberes del mes de noviembre y diciembre de 2005 según lo acredita la ANSES”, señala la acusación del gremio.
García, en tanto, aseguró que “tras ser notificado de esta imputación, el intendente Álvarez decretó nula la designación de Sandoval y le exigió devolver los salarios percibidos desde el mismo día que fue notificado”. Para el legislador bonaerense este hecho fue “insólito”.
Además, confirmó que ya “firmó” el pedido de procesamiento ya que “las pruebas que hay son suficientes”. En caso de que el fiscal decida procesar a Álvarez la causa pasará a un juicio oral con la posibilidad de que allí sea imposibilitado de ejercer funciones públicas.
Por este motivo, García adelantó que presentará la semana que viene una impugnación a la Junta Electoral bonaerense porque “existen todas la pruebas para que su candidatura no tenga efecto”.
“No importa que la Junta diga que no o que no haya tiempo. Tenemos que dejar un caso testimonial y mostrarle a todo el mundo que un delincuente no puede ser candidato”, aseveró.
La imputación también alcanza al Secretario de Privada y Coordinación de Gabinete, Daniel Lamarmora, y al responsable del área de Recursos Humanos de la comuna, Fabián Monzón.
García aseguró que está “muy conforme porque el fiscal actuó a derecho y las pruebas eran contundentes. En la causa había certificados de trabajo y está todo muy claro”. (PUNTO CERO-Inforegión).
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