BUENOS AIRES, Octubre 25, (PUNTO CERO) La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) efectuó una consulta a los cinco candidatos a la presidencia que encabezan las encuestas, para conocer qué proyectos tienen en materia de acceso a la información pública, regulación de la publicidad oficial y medios públicos. Contestaron Elisa Carrió, candidata de la Coalición Cívica, y Roberto Lavagna, de Una Nación Avanzada.
En cambio, Cristina Fernández de Kirchner, candidata por el Frente para la Victoria, Ricardo López Murphy, de Recrear para el Crecimiento, y Alberto Rodríguez Saá, del Frente Justicia y Libertad, que recibieron la misma carta, en la sede del partido donde tienen el domicilio constituido, no enviaron sus comentarios sobre las siguientes cuestiones:
En caso de acceder a la Presidencia de la Nación, ¿piensa impulsar en el Congreso de la Nación una ley que regule el derecho de acceso a la información pública? En caso afirmativo, ¿qué principios, qué contenidos y qué alcance contendría dicha ley?
¿Tiene programado impulsar una regulación del manejo de la publicidad oficial? En caso afirmativo, ¿qué características y qué alcance contendría dicha ley?
¿Cuáles son sus proyectos en relación con Canal 7 y Radio Nacional? ¿Tiene algún proyecto destinado a modificar el marco legal de los medios públicos nacionales?
En relación al primer punto, tanto Carrió como Lavagna aseguran que, de acceder a la Presidencia, se proponen aprobar una ley de acceso a la información pública. Carrió especifica que abarcará a los organismos públicos y empresas de servicios públicos. Lavagna, que incluirá la obligación del presidente y sus ministros de dar, al menos, “cuatro conferencias de prensa por año”.
La respuesta de Lavagna fue complementada por una carta enviada por Ricardo Gil Lavedra, candidato a senador por la Unión Cívica Radical, que acompaña la candidatura de Lavagna. La misma puntualiza que una ley de acceso debe ser lo más amplia posible, “limitando estrictamente aquellos casos que por razones de seguridad o defensa nacional deben permanecer en reserva”.
Sobre el punto 2, Carrió asegura que, dentro de su propuesta de Reforma Política, se encuentra el envío al Congreso de un proyecto de ley de regulación de la publicidad oficial, sobre la base de “parámetros objetivos y públicos”. Establece que “todos los medios tendrán acceso, no habrá medios favorecidos y medios desfavorecidos” y que será un modelo de “coparticipación responsable, automático y objetivo”. También sostiene la necesidad de “fijar pautas que eviten la utilización de los espacios de publicidad oficial con fines electorales” y, además, avanza hacia la prohibición de “las campañas publicitarias financiadas por los partidos políticos en medios de comunicación masiva”.
Lavagna también critica la “manipulación y el uso discrecional que el gobierno hace de la publicidad oficial” sostiene que es imprescindible el dictado de una ley que otorgue precisión y determine su “distribución equitativa sujeta a reglas objetivas”. Gil Lavedra menciona como ejemplo la ley de España y afirma que dictar dicha ley es impostergable, “con mayor razón luego del fallo de la Corte Suprema en el caso del diario Río Negro”.
Por último, en relación a los medios públicos, Carrió se propone convertir a Canal 7 y a Radio Nacional en medios del Estado “mediante la elección de un directorio plural con participación de educadores, periodistas y gente de la cultura. Este directorio tendrá autonomía y autarquía y se elegirá por un mandato de cuatro años. Tendrá un comité asesor federal”. También proyecta abrir un canal parlamentario para seguir las sesiones del Congreso.
Lavagna, por su parte, propone incluir dentro del directorio de los medios públicos (Canal 7, Radio Nacional y Télam) y de las empresas relacionadas como Papel Prensa una “participación de la oposición y de los trabajadores de dichos medios (10%)”.
Sobre la ADC
La ADC ha trabajado para impulsar una ley que regule el derecho de acceso a la información en el ámbito nacional y en la capacitación de la ciudadanía en el ejercicio de este derecho fundamental.
En cambio, Cristina Fernández de Kirchner, candidata por el Frente para la Victoria, Ricardo López Murphy, de Recrear para el Crecimiento, y Alberto Rodríguez Saá, del Frente Justicia y Libertad, que recibieron la misma carta, en la sede del partido donde tienen el domicilio constituido, no enviaron sus comentarios sobre las siguientes cuestiones:
En caso de acceder a la Presidencia de la Nación, ¿piensa impulsar en el Congreso de la Nación una ley que regule el derecho de acceso a la información pública? En caso afirmativo, ¿qué principios, qué contenidos y qué alcance contendría dicha ley?
¿Tiene programado impulsar una regulación del manejo de la publicidad oficial? En caso afirmativo, ¿qué características y qué alcance contendría dicha ley?
¿Cuáles son sus proyectos en relación con Canal 7 y Radio Nacional? ¿Tiene algún proyecto destinado a modificar el marco legal de los medios públicos nacionales?
En relación al primer punto, tanto Carrió como Lavagna aseguran que, de acceder a la Presidencia, se proponen aprobar una ley de acceso a la información pública. Carrió especifica que abarcará a los organismos públicos y empresas de servicios públicos. Lavagna, que incluirá la obligación del presidente y sus ministros de dar, al menos, “cuatro conferencias de prensa por año”.
La respuesta de Lavagna fue complementada por una carta enviada por Ricardo Gil Lavedra, candidato a senador por la Unión Cívica Radical, que acompaña la candidatura de Lavagna. La misma puntualiza que una ley de acceso debe ser lo más amplia posible, “limitando estrictamente aquellos casos que por razones de seguridad o defensa nacional deben permanecer en reserva”.
Sobre el punto 2, Carrió asegura que, dentro de su propuesta de Reforma Política, se encuentra el envío al Congreso de un proyecto de ley de regulación de la publicidad oficial, sobre la base de “parámetros objetivos y públicos”. Establece que “todos los medios tendrán acceso, no habrá medios favorecidos y medios desfavorecidos” y que será un modelo de “coparticipación responsable, automático y objetivo”. También sostiene la necesidad de “fijar pautas que eviten la utilización de los espacios de publicidad oficial con fines electorales” y, además, avanza hacia la prohibición de “las campañas publicitarias financiadas por los partidos políticos en medios de comunicación masiva”.
Lavagna también critica la “manipulación y el uso discrecional que el gobierno hace de la publicidad oficial” sostiene que es imprescindible el dictado de una ley que otorgue precisión y determine su “distribución equitativa sujeta a reglas objetivas”. Gil Lavedra menciona como ejemplo la ley de España y afirma que dictar dicha ley es impostergable, “con mayor razón luego del fallo de la Corte Suprema en el caso del diario Río Negro”.
Por último, en relación a los medios públicos, Carrió se propone convertir a Canal 7 y a Radio Nacional en medios del Estado “mediante la elección de un directorio plural con participación de educadores, periodistas y gente de la cultura. Este directorio tendrá autonomía y autarquía y se elegirá por un mandato de cuatro años. Tendrá un comité asesor federal”. También proyecta abrir un canal parlamentario para seguir las sesiones del Congreso.
Lavagna, por su parte, propone incluir dentro del directorio de los medios públicos (Canal 7, Radio Nacional y Télam) y de las empresas relacionadas como Papel Prensa una “participación de la oposición y de los trabajadores de dichos medios (10%)”.
Sobre la ADC
La ADC ha trabajado para impulsar una ley que regule el derecho de acceso a la información en el ámbito nacional y en la capacitación de la ciudadanía en el ejercicio de este derecho fundamental.
En relación a la libertad de expresión, la ADC viene monitoreando la utilización de la publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión, proponiendo soluciones legislativas para avanzar hacia una adecuada regulación en la materia. Asimismo, ha participado -como patrocinante o por medio de amicus curiae- en diversos casos judiciales vinculados a la falta de información o discriminación en la pauta oficial. La ADC también ha elaborado propuestas concretas para mejorar el actual sistema de medios públicos. (PUNTO CERO).
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