LA PLATA, Noviembre 20, (PUNTO CERO) El Senado Bonaerense aprobó un proyecto de Ley que declara inembargable los fondos asignados por la provincia de Buenos Aires a las bibliotecas públicas incorporadas al sistema bibliotecario provincial, como así también sus acervos bibliográficos y las sumas destinadas al pago de sueldos de bibliotecarios.
La iniciativa que cuenta con media sanción, fue presentada por la Senadora Justicialista Mónica Litza, quién resaltó que las Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires “son asociaciones sin fines de lucro, que desarrollan una actividad cultural y educativa de relevancia , básicamente, su función es acercar el conocimiento y la información en sus diversas formas, a los sectores poblacionales de más bajos recursos económicos de la provincia, y su finalidad es que todos los habitantes puedan acceder en igualdad de oportunidades, al ejercicio del derecho a aprender”.
La Legisladora agregó que estas señeras bibliotecas “se encuentran en algunos casos amenazadas por la interposición de pleitos laborales y otros de corte ejecutivo, en los que se embarga su acervo, y las donaciones o subvenciones que perciben para afrontar sus gastos de funcionamiento. La Ley 9.319 otorga a aproximadamente 470 Bibliotecas Populares, una subvención mensual equivalente al duplo de un sueldo de maestro inicial de grado, que se destina al sueldo de bibliotecario y gastos de funcionamiento, constituyendo la misma, en muchos casos el principal o único ingreso”.
Las medidas cautelares dispuestas en los juicios señalados, “afectan tanto al sueldo del bibliotecario como al acervo bibliográfico, poniendo en jaque el funcionamiento de las Bibliotecas Populares, y condenando al desamparo educativo a sus lectores y usuarios”.
La iniciativa que cuenta con media sanción, fue presentada por la Senadora Justicialista Mónica Litza, quién resaltó que las Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires “son asociaciones sin fines de lucro, que desarrollan una actividad cultural y educativa de relevancia , básicamente, su función es acercar el conocimiento y la información en sus diversas formas, a los sectores poblacionales de más bajos recursos económicos de la provincia, y su finalidad es que todos los habitantes puedan acceder en igualdad de oportunidades, al ejercicio del derecho a aprender”.
La Legisladora agregó que estas señeras bibliotecas “se encuentran en algunos casos amenazadas por la interposición de pleitos laborales y otros de corte ejecutivo, en los que se embarga su acervo, y las donaciones o subvenciones que perciben para afrontar sus gastos de funcionamiento. La Ley 9.319 otorga a aproximadamente 470 Bibliotecas Populares, una subvención mensual equivalente al duplo de un sueldo de maestro inicial de grado, que se destina al sueldo de bibliotecario y gastos de funcionamiento, constituyendo la misma, en muchos casos el principal o único ingreso”.
Las medidas cautelares dispuestas en los juicios señalados, “afectan tanto al sueldo del bibliotecario como al acervo bibliográfico, poniendo en jaque el funcionamiento de las Bibliotecas Populares, y condenando al desamparo educativo a sus lectores y usuarios”.
La Senadora peronista reiteró que “se intenta salvaguardar la existencia de estas instituciones de bien público, tan aquerenciadas y enraizadas en nuestros pueblos del interior, como en las zonas urbanas”. (PUNTO CERO).
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