La empresa Colcam compró el 88 del paquete accionario de La Primera de Grand Bourg, una histórica firma local desfinanciada en la última década. Los nuevos dueños se comprometieron a sumar 200 unidades en las próximas semanas y a mejorar el servicio, motivo de eternas quejas de sus usuarios. La historia de una larga lucha en la que mucho tuvo que ver el gobierno municipal.
En la mañana del 8 de agosto del año pasado, choferes de las líneas 740 y 440 cruzaron sus colectivos sobre las avenidas y cortaron completamente el centro de San Miguel. Enseguida fueron por más y rodearon la Municipalidad con más colectivos, prendieron fuego varias cubiertas y comenzaron una violenta protesta frente a la puerta principal del Palacio Municipal. Hubo gritos, piedrazos y hasta golpes para algunos funcionarios, como el entonces secretario de Seguridad, Rolando Reinoso. El ruido duró un par de horas y la ciudad fue un caos durante toda la mañana. ¿La causa? La inspección de los coches que iban a realizar conjuntamente las autoridades provinciales y municipales.
En realidad, el conflicto entre La Primera de Grand Bourg (que opera esas dos líneas de colectivos) y la Municipalidad llevaba ya un año y medio, por una razón muy simple: los reclamos del gobierno de Joaquín de la Torre para que esta firma se atuviera a la reglamentación vigente en lo que hace a la antigüedad y el mantenimiento de sus unidades, y a la puntualidad de sus recorridos.
Las reuniones fueron varias, y también fueron unas cuantas las empresas que se acercaron al Palacio Municipal para solicitar permiso para entrar a San Miguel. La respuesta fue siempre negativa, porque De la Torre prefirió esperar una señal de los dueños de La Primera, una firma que tiene muchísimos años de historia en el viejo General Sarmiento.
La señal que llegó distó de ser la que esperaban las autoridades. Los accionistas mayoritarios convencieron a algunos de sus choferes de que los controles estatales tenían el fin oculto de terminar con su fuente de trabajo. La verdad es que sabían que los coches no iban a pasar la inspección, y además las cuentas de la sociedad tenían unos números alarmantes, con fuertes deudas impositivas.
La solución
Finalmente, en el Ministerio de Trabajo de la Nación se llegó a un acuerdo que, en principio, satisface a todas las partes involucradas. Principalmente a los usuarios de este transporte público, ya que la 440 y la 740 son las únicas líneas que llegan a los barrios más alejados de San Miguel, gente que depende de ellas para poder ir a trabajar todos los días.
La solución llegó gracias a la compra del 88 por ciento de las acciones que hizo la firma COLCAM, una importante ensambladora de colectivos sobre chasis Mercedes-Benz. En el acuerdo firmado, esta empresa (representada por su presidente, Héctor Prieto) se comprometió a introducir 200 unidades modelos 2005 y 2006 en las próximas semanas, y a renovar todo su parque automotor durante 2012, con unidades cero kilómetro.
“Y además, van a cumplir con el pliego de condiciones respecto de la periodicidad de los servicios, cosa que los anteriores dueños incumplían sistemáticamente”, aseguró De la Torre a Agencia San Miguel.
El convenio fue rubricado por el intendente, Prieto y directivos de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), que aseguraron que se preservarán todos los puestos de trabajo.
En la mañana del 8 de agosto del año pasado, choferes de las líneas 740 y 440 cruzaron sus colectivos sobre las avenidas y cortaron completamente el centro de San Miguel. Enseguida fueron por más y rodearon la Municipalidad con más colectivos, prendieron fuego varias cubiertas y comenzaron una violenta protesta frente a la puerta principal del Palacio Municipal. Hubo gritos, piedrazos y hasta golpes para algunos funcionarios, como el entonces secretario de Seguridad, Rolando Reinoso. El ruido duró un par de horas y la ciudad fue un caos durante toda la mañana. ¿La causa? La inspección de los coches que iban a realizar conjuntamente las autoridades provinciales y municipales.
En realidad, el conflicto entre La Primera de Grand Bourg (que opera esas dos líneas de colectivos) y la Municipalidad llevaba ya un año y medio, por una razón muy simple: los reclamos del gobierno de Joaquín de la Torre para que esta firma se atuviera a la reglamentación vigente en lo que hace a la antigüedad y el mantenimiento de sus unidades, y a la puntualidad de sus recorridos.
Las reuniones fueron varias, y también fueron unas cuantas las empresas que se acercaron al Palacio Municipal para solicitar permiso para entrar a San Miguel. La respuesta fue siempre negativa, porque De la Torre prefirió esperar una señal de los dueños de La Primera, una firma que tiene muchísimos años de historia en el viejo General Sarmiento.
La señal que llegó distó de ser la que esperaban las autoridades. Los accionistas mayoritarios convencieron a algunos de sus choferes de que los controles estatales tenían el fin oculto de terminar con su fuente de trabajo. La verdad es que sabían que los coches no iban a pasar la inspección, y además las cuentas de la sociedad tenían unos números alarmantes, con fuertes deudas impositivas.
La solución
Finalmente, en el Ministerio de Trabajo de la Nación se llegó a un acuerdo que, en principio, satisface a todas las partes involucradas. Principalmente a los usuarios de este transporte público, ya que la 440 y la 740 son las únicas líneas que llegan a los barrios más alejados de San Miguel, gente que depende de ellas para poder ir a trabajar todos los días.
La solución llegó gracias a la compra del 88 por ciento de las acciones que hizo la firma COLCAM, una importante ensambladora de colectivos sobre chasis Mercedes-Benz. En el acuerdo firmado, esta empresa (representada por su presidente, Héctor Prieto) se comprometió a introducir 200 unidades modelos 2005 y 2006 en las próximas semanas, y a renovar todo su parque automotor durante 2012, con unidades cero kilómetro.
“Y además, van a cumplir con el pliego de condiciones respecto de la periodicidad de los servicios, cosa que los anteriores dueños incumplían sistemáticamente”, aseguró De la Torre a Agencia San Miguel.
El convenio fue rubricado por el intendente, Prieto y directivos de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), que aseguraron que se preservarán todos los puestos de trabajo.
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