CORONEL PRINGLES, Julio 15, (PUNTO CERO) La crisis financiera internacional hacía prever un cambio en la economía argentina debido a la posibilidad de que se altere una tendencia alcista, ya insinuada en los precios primarios por una desaceleración en el comercio internacional, lo que tendría un impacto final acorde a la problemática; como lo indica un estudio de CREEBBA, que cuenta con el apoyo de la fundación de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca.
A diferencia de lo previsto, los productos primarios y metales mantuvieron elevados niveles; no ocurriéndoseles a nuestras autoridades nacionales otras medidas, para atemperar el impacto alcista de los precios, que intensificar los controles, aumentar subsidios y desconocer efectos inflacionarios a través de dudosos índices.
La bonanza esperada en el resultado fiscal fue licuada por la inflación y el crecimiento subsidiario dirigido “tan sólo a algunas empresas”, no logrando el objetivo y encontrándose con erogaciones estatales y precios distorsionados.
Es ahí que el Estado vuelve su mirada a la vaca lechera de distintos gobiernos: el campo; aumentando la presión fiscal, lo que hace sentir en breve un decrecimiento de actividades económicas, hecho que debió haber sido advertido por quien tiene a su cargo la tarea de administrar los bienes del Estado Nacional.
La relativa ventaja de un tipo real de cambio elevado, para sectores expuestos a la competencia internacional, se va diluyendo ante un incremento sensible de los costos internos y una puja distributiva, que observamos más como una cortina de humo que como intención real.
La desconfianza en el sistema financiero y el poco incentivo a la producción -que debería ser meta del Estado para aprovechar la coyuntura internacional-, ha hecho crecer solamente dos variables: una es la venta de automóviles nuevos y otra es la evolución de la construcción. Pero cuidado: que éstos son tan sólo premios consuelo al temor de la gente que no sabe en qué invertir.
De acuerdo a los indicadores económicos de los especialistas arriba mencionados, en el final de la década del 90, la plaza bahiense captaba 640 millones de dólares, lo que significaba 0,80 centavos por cada $ 100,00 de depósitos en el país. Actualmente, y a duras penas, llegó el año pasado a 430 millones de dólares, lo que evidencia una agudización que se presentará en el tema de las tasas por desconfianza en el sistema bancario.
Sería muy bueno encontrar, a través del Estado, los mecanismos necesarios para producir más y mejor. Esto incrementaría la confianza en el sistema y, como inmediata consecuencia, provocaría la baja de las tasas bancarias y la decisión de que el crecimiento en la construcción tenga como sustento la necesidad de inversiones reales en mejora de calidad de vida; y no que se convierta en el justificativo de la pregunta “¿en qué otra cosa voy a invertir?”.
Vemos que el Estado sigue sin analizar medidas que podrían serle útiles sin afectar el bolsillo de los que generan trabajo, bajando la inflación y no ha observado el negocio del plástico; cuando una marea de tarjetas está generando una pseudo emisión que tiene efectos alcistas y devora el bolsillo de los pobres, ante una pasividad casi indiferente.
Para concluir, debo señalar que el Centro Regional de Estudios Económicos hace un minucioso análisis afirmando que cerca del 35% de la población del país estaría directa o indirectamente ligada al sector agroindustrial. Si ello es comparado con una mapa social económico del país entero y la licuación que producen las grandes ciudades en los porcentuales señalados, desembocamos inexorablemente en pensar que las comunidades del interior como Pringles, tienen no menos de un 70% de su movimiento emparentado al sector.
A diferencia de lo previsto, los productos primarios y metales mantuvieron elevados niveles; no ocurriéndoseles a nuestras autoridades nacionales otras medidas, para atemperar el impacto alcista de los precios, que intensificar los controles, aumentar subsidios y desconocer efectos inflacionarios a través de dudosos índices.
La bonanza esperada en el resultado fiscal fue licuada por la inflación y el crecimiento subsidiario dirigido “tan sólo a algunas empresas”, no logrando el objetivo y encontrándose con erogaciones estatales y precios distorsionados.
Es ahí que el Estado vuelve su mirada a la vaca lechera de distintos gobiernos: el campo; aumentando la presión fiscal, lo que hace sentir en breve un decrecimiento de actividades económicas, hecho que debió haber sido advertido por quien tiene a su cargo la tarea de administrar los bienes del Estado Nacional.
La relativa ventaja de un tipo real de cambio elevado, para sectores expuestos a la competencia internacional, se va diluyendo ante un incremento sensible de los costos internos y una puja distributiva, que observamos más como una cortina de humo que como intención real.
La desconfianza en el sistema financiero y el poco incentivo a la producción -que debería ser meta del Estado para aprovechar la coyuntura internacional-, ha hecho crecer solamente dos variables: una es la venta de automóviles nuevos y otra es la evolución de la construcción. Pero cuidado: que éstos son tan sólo premios consuelo al temor de la gente que no sabe en qué invertir.
De acuerdo a los indicadores económicos de los especialistas arriba mencionados, en el final de la década del 90, la plaza bahiense captaba 640 millones de dólares, lo que significaba 0,80 centavos por cada $ 100,00 de depósitos en el país. Actualmente, y a duras penas, llegó el año pasado a 430 millones de dólares, lo que evidencia una agudización que se presentará en el tema de las tasas por desconfianza en el sistema bancario.
Sería muy bueno encontrar, a través del Estado, los mecanismos necesarios para producir más y mejor. Esto incrementaría la confianza en el sistema y, como inmediata consecuencia, provocaría la baja de las tasas bancarias y la decisión de que el crecimiento en la construcción tenga como sustento la necesidad de inversiones reales en mejora de calidad de vida; y no que se convierta en el justificativo de la pregunta “¿en qué otra cosa voy a invertir?”.
Vemos que el Estado sigue sin analizar medidas que podrían serle útiles sin afectar el bolsillo de los que generan trabajo, bajando la inflación y no ha observado el negocio del plástico; cuando una marea de tarjetas está generando una pseudo emisión que tiene efectos alcistas y devora el bolsillo de los pobres, ante una pasividad casi indiferente.
Para concluir, debo señalar que el Centro Regional de Estudios Económicos hace un minucioso análisis afirmando que cerca del 35% de la población del país estaría directa o indirectamente ligada al sector agroindustrial. Si ello es comparado con una mapa social económico del país entero y la licuación que producen las grandes ciudades en los porcentuales señalados, desembocamos inexorablemente en pensar que las comunidades del interior como Pringles, tienen no menos de un 70% de su movimiento emparentado al sector.
Por ello, al determinarse las últimas medidas gubernamentales se está poniendo un sello al no crecimiento de nuestras comunidades. (PUNTO CERO).
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