SAN MIGUEL, Junio 05, (PUNTO CERO-www.aquilanoticia.com) Los lotes están en el barrio Mitre y el proyecto es de la senadora Prunotto que intenta revitalizar leyes prescriptas. Los vecinos pagarán una mínima cuota al Estado.
El 21 de mayo pasado, la Senadora provincial por San Miguel, Stella Maris Prunotto, dio inicio al expediente E120/08-09 ingresando su proyecto de Ley en la Mesa General de entradas de la Cámara Alta provincial.
El mismo tiene como objeto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble sito en el Partido de San Miguel, delimitado por las calles Balbín (ex Mitre), El Zonda, Pardo, Defensa, Maestro Ferreira, con una superficie de 410.071,49 m2, para ser adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda propia.
En esos terrenos se encuentra el barrio denominado “Mitre”, que según datos provenientes de un relevamiento realizado por el Movimiento Social, Federación Tierra y Vivienda, que da fundamento al proyecto, cuenta con una dimensión de 820.000 m2, con una población de 18.000 habitantes.
Allí la población está compuesta por un 65% de mayores de 15 años, el 25% tiene entre 5 y 14 años de edad, el restante posee menos de 5 años. Los datos sobre la situación documental de los pobladores arroja que el 90% posee Documento Nacional. Del análisis sobre la infraestructura de las viviendas allí radicada surge que el 70% de las mismas son de mampostería y madera, los techos en un 80% son de chapa, 15% de loza y 5% de madera, los pisos en un 70% son de cemento y en relación a los baños el 75% está dentro de la vivienda. Estos datos se recogieron en un trabajo de campo realizado en 42 manzanas que abarca aproximadamente a 9.000 personas.
La Senadora sostiene que de esos datos “surge que se trata de una población que puja por incluirse socialmente y con ansias de progreso, con lo cual la regularización dominial, por la cual los habitantes del Barrio Mitre vienen luchando hace muchos años, se convertiría en un aporte, e impulso para elevar su calidad de vida”.
Se debe tener en cuenta que la legisladora busca actualizar una situación que había sido resuelta en su momento ya que “este proceso expropiatorio tiene como antecedentes la Ley 19568 del 17 de noviembre de 1987 y la ley 11279 del 3 de mayo de 1992. Estas leyes han perdido su vigencia al no efectuarse la expropiación propiamente dicha, de acuerdo a la Ley General de Expropiaciones Nro. 5708 art. 47, que dice textualmente: “se considerará abandonada la expropiación, salvo disposición expresa de la ley especial, si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de sancionada la ley que los autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados, de cinco años cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica, cuya adquisición por el sujeto expropiante pueda postergarse hasta que el propietario modifique o intente modificar las condiciones físicas del bien”.
En el proyecto se propone que la adjudicación sea de un lote por núcleo familiar y su dimensión garantizará condiciones mínimas ambientales y de habitabilidad, teniendo los beneficiarios que cumplir con los siguientes requisitos:
a) detentar una ocupación efectiva del inmueble la cual no podrá ser inferior a los dos años;
b) no poseer ninguno de los miembros del grupo familiar inmuebles a su nombre, ni ser beneficiarios de otra vivienda bajo cualquier otro régimen.
En ninguno de los casos los vecinos adjudicatarios abonarán cuotas mensuales que excedan el diez por ciento de los ingresos del grupo familiar. El plazo se convendrá entre la autoridad de aplicación y los adjudicatarios.
Además del reclamo de los habitantes del barrio, el Municipio de San Miguel, a su vez, reclama sistemáticamente a la empresa Emebe S.A. titular de los lotes, el pago de la tasa de servicio sobre una fracción de terreno coincidente con el Barrio Mitre, la que no resulta abonada por la empresa en cuestión, aduciendo, ésta, que los terrenos están usurpados. El último expediente por inicio de cobro ejecutivo municipal es el ND 73800 por $ 19.369,68, según se informa en el proyecto de Ley.
El 21 de mayo pasado, la Senadora provincial por San Miguel, Stella Maris Prunotto, dio inicio al expediente E120/08-09 ingresando su proyecto de Ley en la Mesa General de entradas de la Cámara Alta provincial.
El mismo tiene como objeto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble sito en el Partido de San Miguel, delimitado por las calles Balbín (ex Mitre), El Zonda, Pardo, Defensa, Maestro Ferreira, con una superficie de 410.071,49 m2, para ser adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda propia.
En esos terrenos se encuentra el barrio denominado “Mitre”, que según datos provenientes de un relevamiento realizado por el Movimiento Social, Federación Tierra y Vivienda, que da fundamento al proyecto, cuenta con una dimensión de 820.000 m2, con una población de 18.000 habitantes.
Allí la población está compuesta por un 65% de mayores de 15 años, el 25% tiene entre 5 y 14 años de edad, el restante posee menos de 5 años. Los datos sobre la situación documental de los pobladores arroja que el 90% posee Documento Nacional. Del análisis sobre la infraestructura de las viviendas allí radicada surge que el 70% de las mismas son de mampostería y madera, los techos en un 80% son de chapa, 15% de loza y 5% de madera, los pisos en un 70% son de cemento y en relación a los baños el 75% está dentro de la vivienda. Estos datos se recogieron en un trabajo de campo realizado en 42 manzanas que abarca aproximadamente a 9.000 personas.
La Senadora sostiene que de esos datos “surge que se trata de una población que puja por incluirse socialmente y con ansias de progreso, con lo cual la regularización dominial, por la cual los habitantes del Barrio Mitre vienen luchando hace muchos años, se convertiría en un aporte, e impulso para elevar su calidad de vida”.
Se debe tener en cuenta que la legisladora busca actualizar una situación que había sido resuelta en su momento ya que “este proceso expropiatorio tiene como antecedentes la Ley 19568 del 17 de noviembre de 1987 y la ley 11279 del 3 de mayo de 1992. Estas leyes han perdido su vigencia al no efectuarse la expropiación propiamente dicha, de acuerdo a la Ley General de Expropiaciones Nro. 5708 art. 47, que dice textualmente: “se considerará abandonada la expropiación, salvo disposición expresa de la ley especial, si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de sancionada la ley que los autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados, de cinco años cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica, cuya adquisición por el sujeto expropiante pueda postergarse hasta que el propietario modifique o intente modificar las condiciones físicas del bien”.
En el proyecto se propone que la adjudicación sea de un lote por núcleo familiar y su dimensión garantizará condiciones mínimas ambientales y de habitabilidad, teniendo los beneficiarios que cumplir con los siguientes requisitos:
a) detentar una ocupación efectiva del inmueble la cual no podrá ser inferior a los dos años;
b) no poseer ninguno de los miembros del grupo familiar inmuebles a su nombre, ni ser beneficiarios de otra vivienda bajo cualquier otro régimen.
En ninguno de los casos los vecinos adjudicatarios abonarán cuotas mensuales que excedan el diez por ciento de los ingresos del grupo familiar. El plazo se convendrá entre la autoridad de aplicación y los adjudicatarios.
Además del reclamo de los habitantes del barrio, el Municipio de San Miguel, a su vez, reclama sistemáticamente a la empresa Emebe S.A. titular de los lotes, el pago de la tasa de servicio sobre una fracción de terreno coincidente con el Barrio Mitre, la que no resulta abonada por la empresa en cuestión, aduciendo, ésta, que los terrenos están usurpados. El último expediente por inicio de cobro ejecutivo municipal es el ND 73800 por $ 19.369,68, según se informa en el proyecto de Ley.
“Además, la expropiación permitirá la realización, en dicho predio, de programas de infraestructura, construcción y puesta en funcionamiento de una sala de primeros auxilios, y de una institución educativa, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan hoy el Barrio Mitre en San Miguel”, reafirmó Prunotto. (PUNTO CERO-www.aquilanoticia.com).
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