Gracias a la fuerte oposición de ONG´S, sectores proteccionistas y el Municipio de San Isidro, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) denegó días atrás la declaración de impacto ambiental solicitada por Colony Park S.A para desarrollar el cuestionado megaemprendimiento inmobiliario en la Primera Sección de Islas del Delta del Paraná.
Si bien, en un principio los municipios de Tigre y San Fernando no mostraron una clara postura hacia este problema ambiental, la fuerte presión de los demás actores hizo que éstos terminen acompañando el enérgico rechazo hacia este proyecto urbanístico, que impacta gravemente en los humedales y el medio ambiente en general.
En tal sentido, el ente de control medioambiental encargado de aprobar la evaluación de impacto ambiental previa (tal como exige el artículo 5 la ley provincial N° 11.723) también intimó a la firma a presentar un plan de acciones a ejecutar, tendientes a la recomposición del ambiente y los recursos naturales de la zona afectada por el emprendimiento.
En tanto, el OPDS, actualmente, se encuentra trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley para proteger el Delta bonaerense, que a su vez fue remitido a los municipios que forman parte de esta región de la Provincia para su consideración.
Cabe Recordar que una primera audiencia convocada por el OPDS en el 2010 se les impidió el ingreso a concejales sanisidrenses, en una clara maniobra de ocultamiento. Lo que motivó que en marzo de este año el HCD de San Isidro reiterara su pedido al gobierno provincial para que implemente un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable del Delta.
Paralelamente, la justicia federal de San Isidro - por gestiones del intendente Gustavo Posse - había frenado el proyecto urbanístico de Colony Park, que sin la autorización correspondiente, ya había realizado movimientos de tierras en la zona en cuestión.
Meses atrás, el OPDS convocó a otra audiencia pública, que se llevó a cabo en el HCD de Tigre, donde distintos representantes de organizaciones no gubernamentales, universidades nacionales, vecinos y representantes municipales también se manifestaron en contra del proyecto.
Allí, el concejal sanisidrense, Dr. Carlos Castellano, recordó: “San Isidro fue el primer municipio en oponerse a este emprendimiento, que genera un daño ambiental muy fuerte, no sólo en el Delta de Tigre, sino también en todas las costas de la Región Metropolitana Norte. Por eso, tomamos con agrado que municipios vecinos hayan tomado una postura similar. Notamos un consenso político y social importante”.
En tanto, sobre esa audiencia, el HCD de San Isidro ya había fijado postura mediante una resolución: “La Audiencia postergada y el estudio obligatorio ambiental se realizarían sobre una obra con principio de ejecución, que ya produjo daños al medio ambiente; por lo que se trata de un ilícito que no podrá repararse con actos posteriores”.
Si bien, en un principio los municipios de Tigre y San Fernando no mostraron una clara postura hacia este problema ambiental, la fuerte presión de los demás actores hizo que éstos terminen acompañando el enérgico rechazo hacia este proyecto urbanístico, que impacta gravemente en los humedales y el medio ambiente en general.
En tal sentido, el ente de control medioambiental encargado de aprobar la evaluación de impacto ambiental previa (tal como exige el artículo 5 la ley provincial N° 11.723) también intimó a la firma a presentar un plan de acciones a ejecutar, tendientes a la recomposición del ambiente y los recursos naturales de la zona afectada por el emprendimiento.
En tanto, el OPDS, actualmente, se encuentra trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley para proteger el Delta bonaerense, que a su vez fue remitido a los municipios que forman parte de esta región de la Provincia para su consideración.
Cabe Recordar que una primera audiencia convocada por el OPDS en el 2010 se les impidió el ingreso a concejales sanisidrenses, en una clara maniobra de ocultamiento. Lo que motivó que en marzo de este año el HCD de San Isidro reiterara su pedido al gobierno provincial para que implemente un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable del Delta.
Paralelamente, la justicia federal de San Isidro - por gestiones del intendente Gustavo Posse - había frenado el proyecto urbanístico de Colony Park, que sin la autorización correspondiente, ya había realizado movimientos de tierras en la zona en cuestión.
Meses atrás, el OPDS convocó a otra audiencia pública, que se llevó a cabo en el HCD de Tigre, donde distintos representantes de organizaciones no gubernamentales, universidades nacionales, vecinos y representantes municipales también se manifestaron en contra del proyecto.
Allí, el concejal sanisidrense, Dr. Carlos Castellano, recordó: “San Isidro fue el primer municipio en oponerse a este emprendimiento, que genera un daño ambiental muy fuerte, no sólo en el Delta de Tigre, sino también en todas las costas de la Región Metropolitana Norte. Por eso, tomamos con agrado que municipios vecinos hayan tomado una postura similar. Notamos un consenso político y social importante”.
En tanto, sobre esa audiencia, el HCD de San Isidro ya había fijado postura mediante una resolución: “La Audiencia postergada y el estudio obligatorio ambiental se realizarían sobre una obra con principio de ejecución, que ya produjo daños al medio ambiente; por lo que se trata de un ilícito que no podrá repararse con actos posteriores”.
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