“CUALQUIER CIUDADANO QUE MANTENGA UNA DEUDA CON EL ESTADO, NO PUEDE SER PROVEEDOR DE ÉSTE. EN CAMBIO LA EMPRESA CICCONE CALCOGRÁFICA, QUE LE DEBE A LA PROVINCIA 35 MILLONES EN CONCEPTO DE IMPUESTOS, RECIBE CONTRATOS MILLONARIOS”
Así lo afirmó el presidente del bloque de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz, ante la decisión del gobierno bonaerense de promover actuaciones judiciales por vía de apremio contra distintos miembros de la familia Ciccone y la empresa misma, a los cuales se les habría reclamado un importe superior a treinta y cinco millones de pesos (que actualizados podrían llegar a los 100 millones), en concepto de impuestos atrasados, por lo que le solicitó al Estado provincial que “embargue la recaudación que la empresa va a recibir de su contrato con el Gobierno Nacional”.
A través de una iniciativa parlamentaria, el legislador del FAP requirió que el Poder Ejecutivo informe sobre aspectos relacionados con dichas actuaciones judiciales y, especialmente, si “se han solicitado medidas cautelares tendientes a garantizar el crédito reclamado por el estado provincial” y, en su caso, “cuáles han sido esas medidas y contra quiénes han sido solicitadas”.
Durante la última sesión de la Cámara Baja, Díaz sostuvo que “si para poder ser proveedor del Estado, cualquier ciudadano o empresa debe estar libre de deudas con el fisco, y hasta no estar retrasado en el pago de un juicio por alimentos, esto nos lleva a cuestionarnos, ¿llevado de la mano de quién la empresa Ciccone consigue burlar los requisitos legales para conseguir contratos multimillonarios?, lo único que nos queda claro es que Ciccone vs Boldt S.A. es solo el emergente de una lucha de intereses monetarios”.
Así lo afirmó el presidente del bloque de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz, ante la decisión del gobierno bonaerense de promover actuaciones judiciales por vía de apremio contra distintos miembros de la familia Ciccone y la empresa misma, a los cuales se les habría reclamado un importe superior a treinta y cinco millones de pesos (que actualizados podrían llegar a los 100 millones), en concepto de impuestos atrasados, por lo que le solicitó al Estado provincial que “embargue la recaudación que la empresa va a recibir de su contrato con el Gobierno Nacional”.
A través de una iniciativa parlamentaria, el legislador del FAP requirió que el Poder Ejecutivo informe sobre aspectos relacionados con dichas actuaciones judiciales y, especialmente, si “se han solicitado medidas cautelares tendientes a garantizar el crédito reclamado por el estado provincial” y, en su caso, “cuáles han sido esas medidas y contra quiénes han sido solicitadas”.
Durante la última sesión de la Cámara Baja, Díaz sostuvo que “si para poder ser proveedor del Estado, cualquier ciudadano o empresa debe estar libre de deudas con el fisco, y hasta no estar retrasado en el pago de un juicio por alimentos, esto nos lleva a cuestionarnos, ¿llevado de la mano de quién la empresa Ciccone consigue burlar los requisitos legales para conseguir contratos multimillonarios?, lo único que nos queda claro es que Ciccone vs Boldt S.A. es solo el emergente de una lucha de intereses monetarios”.
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