Ante declaraciones periodísticas que plantean el apuro de Scioli a la Legislatura para que trate y apruebe el proyecto de ley que lo autoriza a convocar a licitación pública nacional para la explotación de la "red vial del atlántico", integrada por las rutas 2, 11, 56, 63 y 74, el diputado socialista Carlos Nivio planteó nuevamente su desacuerdo, dado que en el proyecto -presentado el año anterior- ya había manifestado su oposición a la reprivatización de rutas provinciales mediante el sistema de peajes y reclamado la inmediata rescisión de los contratos a las actuales empresas concesionarias ante los múltiples incumplimientos de los mismos. Cuestionó, además, el pago de indemnizaciones a Covisur y a Caminos del Atlántico, y planteó un mecanismo alternativo para el mantenimiento y la ampliación de las rutas.
Carlos Nivio, quien integra el bloque de la Coalición Cívica presentó, en el 2008, un proyecto de Resolución en la cual se reclama la inmediata rescisión de los contratos a las empresas concesionarias de obras, mediante el sistema de peajes, de las rutas 2, 11, 36, 56 y 74, ante los múltiples incumplimientos de los mismos; y que éstas y otras de libre circulación no vuelvan a ser concesionadas, con similar modalidad ni en forma monopólica, criterio que impulsan el Gobierno nacional y el provincial.
Asimismo, mediante su iniciativa, se expresaba la necesidad y conveniencia de realización de obras de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la red vial, mediante la afectación de los recursos económicos originados en los impuestos percibidos anualmente con dicho fin, y con los otorgados actualmente a los concesionarios en concepto de subsidios y compensaciones.
El legislador socialista cuestionó el proyecto del Gobierno provincial plateando que diversos estudios realizados por importantes institutos de investigación, han demostrado la inviabilidad del sistema de concesión de obras viales por el sistema de peajes; los incumplimientos de los contratos por parte de las actuales empresas concesionarias es prueba de ello. Resulta incomprensible que se siga insistiendo en este mecanismo, con el agravante de otorgárseles a las empresas cuantiosos subsidios, compensaciones y extensiones de las concesiones de rutas cuando, a pesar de todo ello (según se plantea en la prensa) los concesionarios dicen concretamente no poder hacerse cargo de las obras que pide la provincia, aduciendo que el plazo remanente de las concesiones de las rutas 2 y 11 no resulta suficiente a los fines del recupero del monto de las nuevas inversiones necesarias para la ejecución de las obras .
Nivio, quien es presidente de la Comisión de Transporte, agregó: “Primero fue Felipe Solá quien intentó reprivatizar las rutas arreglando con Eduardo Eurnekian o con el grupo español Abertis, según trascendió ahora Daniel Scioli está conversando con Benito Roggio en el mismo sentido. Debemos tener en cuenta que el Gobierno plantea entregar a uno de estos grupos –ambos ya cuentan con concesiones viales- la totalidad de las rutas del Corredor por 30 años, pero para ello deben convencer a las empresas Covisur y Caminos del Atlántico que desistan de continuar, para lo cual reclaman una suma superior a los 100 millones de pesos, algo que aparece como incomprensible dados los evidentes incumplimientos incurridos por los actuales concesionarios”.
Cabe destacar que en su iniciativa legislativa, el diputado socialista plantea, en coincidencia con el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), la eliminación de los peajes en las rutas y que las obras de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la red vial, se realice mediante la afectación de los recursos económicos originados en los impuestos percibidos anualmente con dicho fin, tales como la Tasa al Gas-oil que recauda más de $ 2.000 millones anuales y que fue creada para eliminar las cabinas de peaje y hacer obras de infraestructura, o bien del Impuesto a los combustibles que acumula anualmente la suma de más de $ 9.000 millones. De igual forma, Nivio propone que se asignen al efecto los montos otorgados actualmente a los concesionarios en concepto de subsidios y compensaciones.
El diputado socialista no solo se opone al proyecto del ejecutivo, sino que además presentó hace meses esta propuesta alternativa, que permite no comprometer a la provincia por treinta años en un sistema que solo beneficia –como se ha demostrado a lo lago del tiempo- a las empresas concesionarias en desmedro de los intereses de los bonaerenses. No solo porque el bolsillo de la provincia debiera ser el bolsillo de todos sus habitantes y este se compromete cuando se compromete el erario provincial, sino porque a través de las obras no realizadas se pone en juego la seguridad de los ciudadanos, tal como lo demuestra la crónica de accidentes cotidianos. Con proyectos como el que se pretende aprobar se privilegia la ganancia de un sector por sobre la vida de los bonaerenses.
Carlos Nivio, quien integra el bloque de la Coalición Cívica presentó, en el 2008, un proyecto de Resolución en la cual se reclama la inmediata rescisión de los contratos a las empresas concesionarias de obras, mediante el sistema de peajes, de las rutas 2, 11, 36, 56 y 74, ante los múltiples incumplimientos de los mismos; y que éstas y otras de libre circulación no vuelvan a ser concesionadas, con similar modalidad ni en forma monopólica, criterio que impulsan el Gobierno nacional y el provincial.
Asimismo, mediante su iniciativa, se expresaba la necesidad y conveniencia de realización de obras de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la red vial, mediante la afectación de los recursos económicos originados en los impuestos percibidos anualmente con dicho fin, y con los otorgados actualmente a los concesionarios en concepto de subsidios y compensaciones.
El legislador socialista cuestionó el proyecto del Gobierno provincial plateando que diversos estudios realizados por importantes institutos de investigación, han demostrado la inviabilidad del sistema de concesión de obras viales por el sistema de peajes; los incumplimientos de los contratos por parte de las actuales empresas concesionarias es prueba de ello. Resulta incomprensible que se siga insistiendo en este mecanismo, con el agravante de otorgárseles a las empresas cuantiosos subsidios, compensaciones y extensiones de las concesiones de rutas cuando, a pesar de todo ello (según se plantea en la prensa) los concesionarios dicen concretamente no poder hacerse cargo de las obras que pide la provincia, aduciendo que el plazo remanente de las concesiones de las rutas 2 y 11 no resulta suficiente a los fines del recupero del monto de las nuevas inversiones necesarias para la ejecución de las obras .
Nivio, quien es presidente de la Comisión de Transporte, agregó: “Primero fue Felipe Solá quien intentó reprivatizar las rutas arreglando con Eduardo Eurnekian o con el grupo español Abertis, según trascendió ahora Daniel Scioli está conversando con Benito Roggio en el mismo sentido. Debemos tener en cuenta que el Gobierno plantea entregar a uno de estos grupos –ambos ya cuentan con concesiones viales- la totalidad de las rutas del Corredor por 30 años, pero para ello deben convencer a las empresas Covisur y Caminos del Atlántico que desistan de continuar, para lo cual reclaman una suma superior a los 100 millones de pesos, algo que aparece como incomprensible dados los evidentes incumplimientos incurridos por los actuales concesionarios”.
Cabe destacar que en su iniciativa legislativa, el diputado socialista plantea, en coincidencia con el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), la eliminación de los peajes en las rutas y que las obras de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la red vial, se realice mediante la afectación de los recursos económicos originados en los impuestos percibidos anualmente con dicho fin, tales como la Tasa al Gas-oil que recauda más de $ 2.000 millones anuales y que fue creada para eliminar las cabinas de peaje y hacer obras de infraestructura, o bien del Impuesto a los combustibles que acumula anualmente la suma de más de $ 9.000 millones. De igual forma, Nivio propone que se asignen al efecto los montos otorgados actualmente a los concesionarios en concepto de subsidios y compensaciones.
El diputado socialista no solo se opone al proyecto del ejecutivo, sino que además presentó hace meses esta propuesta alternativa, que permite no comprometer a la provincia por treinta años en un sistema que solo beneficia –como se ha demostrado a lo lago del tiempo- a las empresas concesionarias en desmedro de los intereses de los bonaerenses. No solo porque el bolsillo de la provincia debiera ser el bolsillo de todos sus habitantes y este se compromete cuando se compromete el erario provincial, sino porque a través de las obras no realizadas se pone en juego la seguridad de los ciudadanos, tal como lo demuestra la crónica de accidentes cotidianos. Con proyectos como el que se pretende aprobar se privilegia la ganancia de un sector por sobre la vida de los bonaerenses.
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