Una investigación de la ADC revela situaciones de discriminación en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires. El estudio abordó cuatro problemáticas: insuficiencia de oferta educativa en el nivel inicial; situación de los adolescentes del primer año del Polimodal que repiten y las oportunidades educativas que se les ofrece (repitencia); falta de días y hora de clase e incumplimiento de los 180 días fijados por la ley; y desigualdad en el acceso a la educación de hijos de madres presas. También advierte sobre la dificultad para acceder a información pública sobre estos temas.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó una investigación durante 2007 y parte de 2008, que tuvo como principal objetivo analizar la situación, características y magnitud de la desigualdad en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires.
El estudio denominado Desigualdad en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires se centró en el análisis de cuatro situaciones: la insuficiencia de oferta educativa en el nivel inicial; la repitencia en 1° año del Polimodal; la ausencia de días y horas de clase, y la desigualdad en el acceso a la educación de los hijos/as de madres presas. El diseño e implementación de las situaciones abordadas fueron evaluadas a la luz de las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, fundamentalmente aquellos vinculados al derecho a la educación.
Particularmente y a efectos de analizar las obligaciones asumidas por el Estado argentino con relación al derecho a la educación, se observó el esquema de las 4-A (asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad), propuesto por la ex relatora especial para el Derecho a la Educación de Naciones Unidas Katarina Tomaševski.
Respecto de la oferta educativa, el estudio evidencia, entre otros factores, cómo “en contraposición a los principios básicos de derechos humanos, de universalidad, igualdad y no discriminación, un grupo de niños/as, particularmente de los sectores más desaventajados, son excluidos del sistema educativo por ausencia de vacantes.”
En cuanto a la problemática de la repitencia y observando los datos que arrojó la investigación, “se visualiza que existe una práctica común a muchos establecimientos educativos, consistente en concentrar en algunas escuelas a los alumnos no repitentes y juntar en otras a los repitentes”. Por ello, el documento también realiza algunas recomendaciones como “diseñar una política inclusiva y (…) que se reserven tantas vacantes como alumnos no hayan obtenido la promoción al año siguiente de modo de asegurar la permanencia y continuidad del alumno en la misma escuela en la que repitió”.
En relación días de clase se observó que aún cuando la normativa vigente (Ley Nº 25864) establece un ciclo anual y mínimo de clases de 180 días para todos los establecimientos del país donde se imparta Educación Inicial, Educación General Básica (EGB) y Educación Polimodal, desde la fecha de creación de la ley, no se ha logrado implementar ese mínimo establecido. Señala que la omisión por parte del Estado de brindar información respecto a los días efectivos de clases correspondientes a un grupo de escuelas determinadas, es violatoria del derecho a la educación y los compromisos asumidos respecto a este derecho internacionalmente.
Sobre la educación de hijos/as que viven con sus madres en contextos de encierro el informe observa que en la Argentina hay más de 160 niños/as viviendo con sus madres en contextos de encierro, en los Hornos y en Ezeiza. En tal sentido, la investigación advierte sobre “la necesidad de implementar la normativa vigente, propiciando que los niños cuyas madres se encuentran privadas de libertad concurran a jardines maternales, jardines de infantes y otras actividades recreativas fuera del ámbito de encierro (…) disponiendo y articulando con los organismos e instituciones responsables los medios para acompañar a las madres en este proceso”. Entre otras recomendaciones, también insiste en “la necesidad de implementar programas de capacitación docente que incorporen un enfoque de trabajo acorde a las necesidades de esta población”.
Problemas de acceso a la información
En el documento se describen los obstáculos que se tuvieron que enfrentar para obtener la información necesaria. “En casi todas las situaciones estudiadas, con pocas excepciones, diversos obstáculos impidieron acceder a información clave para profundizar el estudio”, se advierte.
Los investigadores destacan que “a lo largo de toda nuestra investigación hemos dirigido 110 pedidos de información por escrito a distintas reparticiones públicas provinciales y nacionales, y no hemos obtenido respuesta en más de la mitad de las solicitudes efectuadas. De estos 110 pedidos, 66 fueron dirigidos a áreas específicamente educativas. Sólo 9 de las 23 solicitudes dirigidas a la Dirección de Cultura y Educación provincial han sido respondidas, mientras que el Ministerio de Educación nacional nos respondió sólo 2 de los 5 pedidos efectuados. Asimismo, no hemos recibido una sola respuesta por parte de las escuelas provinciales a las que enviamos pedidos de información”. Y agregan que “en contraposición a lo que establecen las normas de acceso a la información provincial, no hubo una sola respuesta escrita por parte de ningún organismo público que informe sobre la denegatoria a brindar la información ni que justifique el motivo por el cual no lo realizaba. La falta de acceso a cierta información clave para nuestro trabajo impidió conocer en profundidad la situación de desigualdad de parte de la población escolar y en consecuencia evaluar qué medidas está adoptando el Estado provincial para satisfacer el derecho a la educación de la misma.”
El documento también invita a reflexionar acerca de la utilización del litigio estratégico como mecanismo para la exigibilidad del derecho a la educación. “Con este tipo de estrategias, lo que se busca es generar, a través de la presentación de casos individuales o colectivos, un cambio en una política pública determinada, intentando que la solución del caso, además de beneficiar al/los afectado/s concretos, impulse una reforma política o institucional de relevancia”, afirma.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó una investigación durante 2007 y parte de 2008, que tuvo como principal objetivo analizar la situación, características y magnitud de la desigualdad en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires.
El estudio denominado Desigualdad en el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires se centró en el análisis de cuatro situaciones: la insuficiencia de oferta educativa en el nivel inicial; la repitencia en 1° año del Polimodal; la ausencia de días y horas de clase, y la desigualdad en el acceso a la educación de los hijos/as de madres presas. El diseño e implementación de las situaciones abordadas fueron evaluadas a la luz de las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, fundamentalmente aquellos vinculados al derecho a la educación.
Particularmente y a efectos de analizar las obligaciones asumidas por el Estado argentino con relación al derecho a la educación, se observó el esquema de las 4-A (asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad), propuesto por la ex relatora especial para el Derecho a la Educación de Naciones Unidas Katarina Tomaševski.
Respecto de la oferta educativa, el estudio evidencia, entre otros factores, cómo “en contraposición a los principios básicos de derechos humanos, de universalidad, igualdad y no discriminación, un grupo de niños/as, particularmente de los sectores más desaventajados, son excluidos del sistema educativo por ausencia de vacantes.”
En cuanto a la problemática de la repitencia y observando los datos que arrojó la investigación, “se visualiza que existe una práctica común a muchos establecimientos educativos, consistente en concentrar en algunas escuelas a los alumnos no repitentes y juntar en otras a los repitentes”. Por ello, el documento también realiza algunas recomendaciones como “diseñar una política inclusiva y (…) que se reserven tantas vacantes como alumnos no hayan obtenido la promoción al año siguiente de modo de asegurar la permanencia y continuidad del alumno en la misma escuela en la que repitió”.
En relación días de clase se observó que aún cuando la normativa vigente (Ley Nº 25864) establece un ciclo anual y mínimo de clases de 180 días para todos los establecimientos del país donde se imparta Educación Inicial, Educación General Básica (EGB) y Educación Polimodal, desde la fecha de creación de la ley, no se ha logrado implementar ese mínimo establecido. Señala que la omisión por parte del Estado de brindar información respecto a los días efectivos de clases correspondientes a un grupo de escuelas determinadas, es violatoria del derecho a la educación y los compromisos asumidos respecto a este derecho internacionalmente.
Sobre la educación de hijos/as que viven con sus madres en contextos de encierro el informe observa que en la Argentina hay más de 160 niños/as viviendo con sus madres en contextos de encierro, en los Hornos y en Ezeiza. En tal sentido, la investigación advierte sobre “la necesidad de implementar la normativa vigente, propiciando que los niños cuyas madres se encuentran privadas de libertad concurran a jardines maternales, jardines de infantes y otras actividades recreativas fuera del ámbito de encierro (…) disponiendo y articulando con los organismos e instituciones responsables los medios para acompañar a las madres en este proceso”. Entre otras recomendaciones, también insiste en “la necesidad de implementar programas de capacitación docente que incorporen un enfoque de trabajo acorde a las necesidades de esta población”.
Problemas de acceso a la información
En el documento se describen los obstáculos que se tuvieron que enfrentar para obtener la información necesaria. “En casi todas las situaciones estudiadas, con pocas excepciones, diversos obstáculos impidieron acceder a información clave para profundizar el estudio”, se advierte.
Los investigadores destacan que “a lo largo de toda nuestra investigación hemos dirigido 110 pedidos de información por escrito a distintas reparticiones públicas provinciales y nacionales, y no hemos obtenido respuesta en más de la mitad de las solicitudes efectuadas. De estos 110 pedidos, 66 fueron dirigidos a áreas específicamente educativas. Sólo 9 de las 23 solicitudes dirigidas a la Dirección de Cultura y Educación provincial han sido respondidas, mientras que el Ministerio de Educación nacional nos respondió sólo 2 de los 5 pedidos efectuados. Asimismo, no hemos recibido una sola respuesta por parte de las escuelas provinciales a las que enviamos pedidos de información”. Y agregan que “en contraposición a lo que establecen las normas de acceso a la información provincial, no hubo una sola respuesta escrita por parte de ningún organismo público que informe sobre la denegatoria a brindar la información ni que justifique el motivo por el cual no lo realizaba. La falta de acceso a cierta información clave para nuestro trabajo impidió conocer en profundidad la situación de desigualdad de parte de la población escolar y en consecuencia evaluar qué medidas está adoptando el Estado provincial para satisfacer el derecho a la educación de la misma.”
El documento también invita a reflexionar acerca de la utilización del litigio estratégico como mecanismo para la exigibilidad del derecho a la educación. “Con este tipo de estrategias, lo que se busca es generar, a través de la presentación de casos individuales o colectivos, un cambio en una política pública determinada, intentando que la solución del caso, además de beneficiar al/los afectado/s concretos, impulse una reforma política o institucional de relevancia”, afirma.
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