El Colegio de Abogados de Rosario sugirió una serie de pautas para enfrentar las prácticas denominadas como “avenegrismo”. Con esto se busca asegurar el acceso a la defensa de personas internadas en centros de salud por delitos o accidentes de tránsito. Los consejos a profesionales.
Los “caranchos”, “bolseros”, “mayoristas”, “corre ambulancias” y “aves negras” son las denominaciones que se suelen aplicar a los abogados que a través de ciertos punteros (camilleros, médicos, choferes de ambulancias y empleados de funerarias) se enteran de los accidentes de tránsito y se presentan ante las víctimas o sus familiares, en caso de muerte, para representarlos y prometerles una buena cantidad de dinero, juicio mediante contra una empresa de seguros o una ART, para después quedarse con la mayor parte del pago.
Así fue definido por la senadora del Frente para la Victoria Marina Riofrío en un proyecto que busca contrarrestar esta acción. Quien ahora suma su apoyo para luchar contra esta práctica es el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Rosario y delegaciones en San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución, el cual viene desplegando en toda la jurisdicción una persistente labor de esclarecimiento sobre el acceso a la defensa de personas internadas en centros de salud por delitos o accidentes de tránsito.
Esa modalidad fue retratada en el film del cineasta Pablo Trapero, que tiene como protagonistas a Ricardo Darín, un abogado especialista en accidentes de tránsito a punto de recuperar su matrícula que hace de “carancho” y a Martina Gusmán, una médica que realiza guardias en hospitales y ambulancias.
En un reciente comunicado, la institución colegiada de Rosario presentó una serie de recomendaciones para combatir el “avenegrismo”, consistente en direccionar a los familiares de las víctimas hacia determinados estudios jurídicos. Las advertencias y sugerencias son propuestas desde el Colegio, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias para resguardar el ejercicio de la profesión.
“Sobran ejemplos de esta permanente conducta institucional destinada a encarrilar la oferta de servicios profesionales por vías adecuadas, respetuosas del derecho de todas las personas a elegir libremente el abogado que provea a la defensa de sus intereses, sin presiones ni acosos que se suman al peso de la situación desgraciada que les toca afrontar por las consecuencias del accidente sobre la salud, la vida y los bienes del accidentado y sus parientes”, indicaron a este medio representantes de la institución.
Una de las recientes campañas emprendidas por el Colegio se llevó a cabo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Rosario, donde se instaló una mesa de orientación y un cartel de considerables dimensiones con siete consejos y advertencias para las víctimas y sus familiares, a saber: “1) ocuparse prioritariamente de la salud de la persona bajo asistencia médico-hospitalaria; 2) durante la estadía en el hospital no se pierden ni malogran derechos y posibilidades de reclamo por los daños y perjuicios sufridos; 3) no firmar poderes ni autorizar a actuar a nadie que ofrezca sus oficios legales, judiciales, policiales o administrativos, excepción de abogados de su absoluta confianza”.
Más específicamente sobre las actitudes y acciones de los letrados, las advertencias continúan: “4) personas inescrupulosas intentarán conectarlo con abogados o estudios jurídicos para captar el juicio o reclamo haciéndole todo tipo de promesas; 5) en muchos casos abogados inescrupulosos no sólo violan las normas éticas de la abogacía sino que traicionan a sus clientes con acuerdos miserables; 6) hay derecho a elegir y contratar un abogado libremente, en el Colegio de Abogados de Rosario, es público el listado de abogados habilitados; 7) se reciben consultas y denuncias allí o en denuncias@colabro.org.ar”.
“Asimismo en el mismo efector público, el Colegio de Abogados de Rosario, realizó una jornada para médicos, directores y empleados sobre las implicancias administrativas y penales que generan este tipo de prácticas”, añade el documento.
El Colegio, cuyo presidente es Ignacio Martín Del Vecchio, concluye con una denuncia sobre un reciente convenio: “No es ocioso recordar hoy esta tradicional posición del Colegio de Abogados, frente a alusiones al problema que, como ocurre espasmódicamente, han vuelto a ganar espacios en medios periodísticos, a partir de la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y empresas aseguradoras en relación con la cobertura de gastos por accidentes de tránsito, en la que extrañamente ha quedado fuera el Colegio de Abogados de Rosario”.
Del Vecchio precisó a medios locales que, como consecuencia de la presencia del Colegio en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, no sólo se redujeron los casos sospechosos, sino que se efectuaron denuncias contra tres empleados del hospital y otros tantos abogados. Tras admitir que es “moneda corriente” la práctica de la modalidad denunciada, el presidente del Colegio dio cuenta de la intención de la entidad de continuar sosteniendo una oficina con profesionales en el establecimiento de salud, y que a tal efecto solicitó el respaldo económico de las empresas aseguradoras. (Diario Judicial).
Los “caranchos”, “bolseros”, “mayoristas”, “corre ambulancias” y “aves negras” son las denominaciones que se suelen aplicar a los abogados que a través de ciertos punteros (camilleros, médicos, choferes de ambulancias y empleados de funerarias) se enteran de los accidentes de tránsito y se presentan ante las víctimas o sus familiares, en caso de muerte, para representarlos y prometerles una buena cantidad de dinero, juicio mediante contra una empresa de seguros o una ART, para después quedarse con la mayor parte del pago.
Así fue definido por la senadora del Frente para la Victoria Marina Riofrío en un proyecto que busca contrarrestar esta acción. Quien ahora suma su apoyo para luchar contra esta práctica es el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Rosario y delegaciones en San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución, el cual viene desplegando en toda la jurisdicción una persistente labor de esclarecimiento sobre el acceso a la defensa de personas internadas en centros de salud por delitos o accidentes de tránsito.
Esa modalidad fue retratada en el film del cineasta Pablo Trapero, que tiene como protagonistas a Ricardo Darín, un abogado especialista en accidentes de tránsito a punto de recuperar su matrícula que hace de “carancho” y a Martina Gusmán, una médica que realiza guardias en hospitales y ambulancias.
En un reciente comunicado, la institución colegiada de Rosario presentó una serie de recomendaciones para combatir el “avenegrismo”, consistente en direccionar a los familiares de las víctimas hacia determinados estudios jurídicos. Las advertencias y sugerencias son propuestas desde el Colegio, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias para resguardar el ejercicio de la profesión.
“Sobran ejemplos de esta permanente conducta institucional destinada a encarrilar la oferta de servicios profesionales por vías adecuadas, respetuosas del derecho de todas las personas a elegir libremente el abogado que provea a la defensa de sus intereses, sin presiones ni acosos que se suman al peso de la situación desgraciada que les toca afrontar por las consecuencias del accidente sobre la salud, la vida y los bienes del accidentado y sus parientes”, indicaron a este medio representantes de la institución.
Una de las recientes campañas emprendidas por el Colegio se llevó a cabo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Rosario, donde se instaló una mesa de orientación y un cartel de considerables dimensiones con siete consejos y advertencias para las víctimas y sus familiares, a saber: “1) ocuparse prioritariamente de la salud de la persona bajo asistencia médico-hospitalaria; 2) durante la estadía en el hospital no se pierden ni malogran derechos y posibilidades de reclamo por los daños y perjuicios sufridos; 3) no firmar poderes ni autorizar a actuar a nadie que ofrezca sus oficios legales, judiciales, policiales o administrativos, excepción de abogados de su absoluta confianza”.
Más específicamente sobre las actitudes y acciones de los letrados, las advertencias continúan: “4) personas inescrupulosas intentarán conectarlo con abogados o estudios jurídicos para captar el juicio o reclamo haciéndole todo tipo de promesas; 5) en muchos casos abogados inescrupulosos no sólo violan las normas éticas de la abogacía sino que traicionan a sus clientes con acuerdos miserables; 6) hay derecho a elegir y contratar un abogado libremente, en el Colegio de Abogados de Rosario, es público el listado de abogados habilitados; 7) se reciben consultas y denuncias allí o en denuncias@colabro.org.ar”.
“Asimismo en el mismo efector público, el Colegio de Abogados de Rosario, realizó una jornada para médicos, directores y empleados sobre las implicancias administrativas y penales que generan este tipo de prácticas”, añade el documento.
El Colegio, cuyo presidente es Ignacio Martín Del Vecchio, concluye con una denuncia sobre un reciente convenio: “No es ocioso recordar hoy esta tradicional posición del Colegio de Abogados, frente a alusiones al problema que, como ocurre espasmódicamente, han vuelto a ganar espacios en medios periodísticos, a partir de la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y empresas aseguradoras en relación con la cobertura de gastos por accidentes de tránsito, en la que extrañamente ha quedado fuera el Colegio de Abogados de Rosario”.
Del Vecchio precisó a medios locales que, como consecuencia de la presencia del Colegio en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, no sólo se redujeron los casos sospechosos, sino que se efectuaron denuncias contra tres empleados del hospital y otros tantos abogados. Tras admitir que es “moneda corriente” la práctica de la modalidad denunciada, el presidente del Colegio dio cuenta de la intención de la entidad de continuar sosteniendo una oficina con profesionales en el establecimiento de salud, y que a tal efecto solicitó el respaldo económico de las empresas aseguradoras. (Diario Judicial).
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