Luego del fallo de la Corte Suprema que recomendó a las provincias que implementaran un protocolo para instrumentar el aborto en casos de violación, Macri abrió el debate en la Legislatura. Su bloque atraviesa fuertes internas por el tema y presentó proyectos que se contradicen. La resistencia de la Iglesia, que vuelve a enfrentarse al jefe de gobierno. La situación incómoda de Michetti.
Un fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo de este año resolvió que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Además, exhortó a las provincias a que implementaran protocolos para instrumentar la práctica en sus jurisdicciones.
Una docena de provincias se sumaron en menos de un mes al fallo de la Corte mediante resoluciones de los respectivos ministerios de Salud que funcionan en este caso como autoridad de aplicación.
Pero la Ciudad de Buenos Aires aún no tiene un protocolo, por lo que los médicos municipales, que tienen una buena relación con el ministro de Salud, Jorge Lemus, presionaron para que el gobierno porteño lo implementara para resguardarlos.
Como una manera de evitar todo el peso de la decisión, Mauricio Macri decidió esquivar una resolución del Ejecutivo que encabeza y le pasó a la Legislatura la responsabilidad de establecer por ley un protocolo.
El jefe de gobierno les otorgó “libertad de conciencia” a sus legisladores y fue justamente eso lo que generó divisiones en el bloque del PRO.
La bancada que preside Fernando De Andreis se dividió en tres posturas: un grupo grande de legisladores está en contra del aborto, otro más pequeño que está a favor y otro compuesto por legisladores que prefieren dejar sus inclinaciones ideológicas de lado en pos de encontrar la posición que le sea menos perjudicial a la candidatura presidencial de Macri.
Como sea, más allá de las diferencias lógicas que pueden producirse en un bloque tan heterogéneo como el PRO, en el que conviven dirigentes de extracción radical, peronista y otros provenientes de organizaciones sociales, el cisma quedó en evidencia por la inédita presentación de varios proyectos que se contradicen entre sí, pese a provenir de legisladores de la misma bancada.
El proyecto de la polémica
El origen de la polémica lo marcó el proyecto que presentó la presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo y de Lía Rueda, eje de las críticas de buena parte del bloque. En el bloque macrista se enfurecieron con estas legisladoras, a quienes acusan en privado de haber apurado un debate que el PRO venía cajoneando desde hace años. Para colmo, algunos legisladores sostienen que este proyecto es “muy permisivo” y que no busca penalizar el delito subyacente que es la violación.
Es que el proyecto de Polledo establece en su artículo 6° que “para la constatación de los casos de violación previstos en el artículo 86 inciso n° 2 del Código Penal, la mujer, o en caso de que esta estuviera imposibilitada de hacerlo a causa de su estado físico o psíquico o fuera incapaz, su representante legal debidamente acreditado deberá confeccionar por escrito ante la Dirección del Establecimiento asistencial la Declaración Jurada conforme al Anexo de la presente (ver aparte), manifestando que el embarazo ha sido producto de una violación y que por esa causa solicita que se practique el aborto”.
En tanto que en su artículo 9, el proyecto de Polledo establece que “cuando se trate de menores de dieciocho años de edad deberá requerirse el consentimiento informado de sus padres o su representante legal debidamente acreditado, el cual deberá constar en la historia clínica”.
El proyecto de Polledo cita otro tramo del fallo de la Corte, que señala que el “Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”.
Esos artículos generaron la turbulencia en el bloque macrista, puesto que los legisladores que se oponen al aborto consideraron que al no requerirse una copia de la denuncia penal, se deja abierta la posibilidad de que cualquier mujer que no haya sido víctima de un delito de integridad sexual pueda falsear una declaración jurada para acceder au n aborto.
Polledo fundamentó que si bien el fallo contempla la posibilidad de configuración de “casos fabricados”, la Corte consideró que el “riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, —que a estas alturas sólo aparece como hipotético y podría resultar, eventualmente, un ilícito penal—, no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud”.
En ese sentido, los legisladores José Luis Acevedo y Daniel Lipovetsky –del sector peronista del PRO– presentaron otro proyecto persona embarazada o su representante legal deberá presentar copia de la denuncia penal o acreditar su situación mediante la suscripción de una declaración jurada la que deberá ser confeccionada con la asistencia del equipo de profesionales. El legislador Helio Rebot también presentó un proyecto que terminó plegándose al de Polledo, pero que también exigía la presentación de una copia fiel de la denuncia judicial de la víctima de violación.
Una de las legisladoras que se opone más fuertemente al proyecto de Polledo es Victoria Morales Gorleri, la única legisladora que entró por la Iglesia y es la única con diálogo directo con el cardenal Jorge Bergoglio. Morales Gorleri, que aún no presentó ningún proyecto al respecto, está analizando frenar el avance del proyecto de Polledo.
La controversia que se generó dentro del bloque motivó que todos estos proyectos fueran retirados del temario de la Comisión de Salud, que ni siquiera los mencionó en las reuniones del último mes.
Nuevo cruce con la Iglesia
El cuestionamiento interno en el PRO por la apertura de un debate incómodo para buena parte de la clase política, esconde el enojo de la Iglesia con Macri.
El jefe de gobierno arrastra un duro enfrentamiento con Bergoglio desde el 2009, cuando se mostró a favor de la ley de matrimonio gay que sancionó el kirchnerismo en el Congreso. Aconsejado por el secretario general Macros Peña, Macri grabó un video explicando su postura a favor y recibió el reproche inmediato del cardenal.
Lo que ahora le cuestiona la Iglesia a Macri es justamente la “libertad de acción” que dio para la discusión del aborto y que llevara el debate al ámbito legislativo.
En algunos estratos episcopales se oponen lógicamente a la implementación de un protocolo para el aborto en los hospitales por un exhorto de la Corte que es sólo de carácter recomendatorio y no vinculante, y creen que Macri permitió que el tema adquiriera un mayor impacto mediático al abrir el juego legislativo.
El roce con Bergoglio quedó en evidencia el pasado 25 de mayo, cuando Macri pegó el faltazo al Tedeum por el aniversario de la Revolución de 1810. La tensión que nació entre Macri y Bergoglio por el matrimonio gay afectó mucho a Gabriela Michetti, devota del cardenal.
La diputada nacional se opuso públicamente a la legalización del aborto, por lo que ahora se encuentra en una posición similar a la de 2009, cuando tuvo diferencias evidentes con su jefe político por el matrimonio igualitario.
Pese a Cristina
Pese a que la propia Cristina Kirchner está en contra del aborto, el bloque del Frente para la Victoria tiene dos proyectos presentados al respecto. Uno por la legisladora María Rachid y otro por Gabriela Alegre y Juan Cabandié. Ambos permiten que la víctima de violación pueda abortar presentando una declaración jurada. (La Politica OnLine).
Un fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo de este año resolvió que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Además, exhortó a las provincias a que implementaran protocolos para instrumentar la práctica en sus jurisdicciones.
Una docena de provincias se sumaron en menos de un mes al fallo de la Corte mediante resoluciones de los respectivos ministerios de Salud que funcionan en este caso como autoridad de aplicación.
Pero la Ciudad de Buenos Aires aún no tiene un protocolo, por lo que los médicos municipales, que tienen una buena relación con el ministro de Salud, Jorge Lemus, presionaron para que el gobierno porteño lo implementara para resguardarlos.
Como una manera de evitar todo el peso de la decisión, Mauricio Macri decidió esquivar una resolución del Ejecutivo que encabeza y le pasó a la Legislatura la responsabilidad de establecer por ley un protocolo.
El jefe de gobierno les otorgó “libertad de conciencia” a sus legisladores y fue justamente eso lo que generó divisiones en el bloque del PRO.
La bancada que preside Fernando De Andreis se dividió en tres posturas: un grupo grande de legisladores está en contra del aborto, otro más pequeño que está a favor y otro compuesto por legisladores que prefieren dejar sus inclinaciones ideológicas de lado en pos de encontrar la posición que le sea menos perjudicial a la candidatura presidencial de Macri.
Como sea, más allá de las diferencias lógicas que pueden producirse en un bloque tan heterogéneo como el PRO, en el que conviven dirigentes de extracción radical, peronista y otros provenientes de organizaciones sociales, el cisma quedó en evidencia por la inédita presentación de varios proyectos que se contradicen entre sí, pese a provenir de legisladores de la misma bancada.
El proyecto de la polémica
El origen de la polémica lo marcó el proyecto que presentó la presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo y de Lía Rueda, eje de las críticas de buena parte del bloque. En el bloque macrista se enfurecieron con estas legisladoras, a quienes acusan en privado de haber apurado un debate que el PRO venía cajoneando desde hace años. Para colmo, algunos legisladores sostienen que este proyecto es “muy permisivo” y que no busca penalizar el delito subyacente que es la violación.
Es que el proyecto de Polledo establece en su artículo 6° que “para la constatación de los casos de violación previstos en el artículo 86 inciso n° 2 del Código Penal, la mujer, o en caso de que esta estuviera imposibilitada de hacerlo a causa de su estado físico o psíquico o fuera incapaz, su representante legal debidamente acreditado deberá confeccionar por escrito ante la Dirección del Establecimiento asistencial la Declaración Jurada conforme al Anexo de la presente (ver aparte), manifestando que el embarazo ha sido producto de una violación y que por esa causa solicita que se practique el aborto”.
En tanto que en su artículo 9, el proyecto de Polledo establece que “cuando se trate de menores de dieciocho años de edad deberá requerirse el consentimiento informado de sus padres o su representante legal debidamente acreditado, el cual deberá constar en la historia clínica”.
El proyecto de Polledo cita otro tramo del fallo de la Corte, que señala que el “Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”.
Esos artículos generaron la turbulencia en el bloque macrista, puesto que los legisladores que se oponen al aborto consideraron que al no requerirse una copia de la denuncia penal, se deja abierta la posibilidad de que cualquier mujer que no haya sido víctima de un delito de integridad sexual pueda falsear una declaración jurada para acceder au n aborto.
Polledo fundamentó que si bien el fallo contempla la posibilidad de configuración de “casos fabricados”, la Corte consideró que el “riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, —que a estas alturas sólo aparece como hipotético y podría resultar, eventualmente, un ilícito penal—, no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud”.
En ese sentido, los legisladores José Luis Acevedo y Daniel Lipovetsky –del sector peronista del PRO– presentaron otro proyecto persona embarazada o su representante legal deberá presentar copia de la denuncia penal o acreditar su situación mediante la suscripción de una declaración jurada la que deberá ser confeccionada con la asistencia del equipo de profesionales. El legislador Helio Rebot también presentó un proyecto que terminó plegándose al de Polledo, pero que también exigía la presentación de una copia fiel de la denuncia judicial de la víctima de violación.
Una de las legisladoras que se opone más fuertemente al proyecto de Polledo es Victoria Morales Gorleri, la única legisladora que entró por la Iglesia y es la única con diálogo directo con el cardenal Jorge Bergoglio. Morales Gorleri, que aún no presentó ningún proyecto al respecto, está analizando frenar el avance del proyecto de Polledo.
La controversia que se generó dentro del bloque motivó que todos estos proyectos fueran retirados del temario de la Comisión de Salud, que ni siquiera los mencionó en las reuniones del último mes.
Nuevo cruce con la Iglesia
El cuestionamiento interno en el PRO por la apertura de un debate incómodo para buena parte de la clase política, esconde el enojo de la Iglesia con Macri.
El jefe de gobierno arrastra un duro enfrentamiento con Bergoglio desde el 2009, cuando se mostró a favor de la ley de matrimonio gay que sancionó el kirchnerismo en el Congreso. Aconsejado por el secretario general Macros Peña, Macri grabó un video explicando su postura a favor y recibió el reproche inmediato del cardenal.
Lo que ahora le cuestiona la Iglesia a Macri es justamente la “libertad de acción” que dio para la discusión del aborto y que llevara el debate al ámbito legislativo.
En algunos estratos episcopales se oponen lógicamente a la implementación de un protocolo para el aborto en los hospitales por un exhorto de la Corte que es sólo de carácter recomendatorio y no vinculante, y creen que Macri permitió que el tema adquiriera un mayor impacto mediático al abrir el juego legislativo.
El roce con Bergoglio quedó en evidencia el pasado 25 de mayo, cuando Macri pegó el faltazo al Tedeum por el aniversario de la Revolución de 1810. La tensión que nació entre Macri y Bergoglio por el matrimonio gay afectó mucho a Gabriela Michetti, devota del cardenal.
La diputada nacional se opuso públicamente a la legalización del aborto, por lo que ahora se encuentra en una posición similar a la de 2009, cuando tuvo diferencias evidentes con su jefe político por el matrimonio igualitario.
Pese a Cristina
Pese a que la propia Cristina Kirchner está en contra del aborto, el bloque del Frente para la Victoria tiene dos proyectos presentados al respecto. Uno por la legisladora María Rachid y otro por Gabriela Alegre y Juan Cabandié. Ambos permiten que la víctima de violación pueda abortar presentando una declaración jurada. (La Politica OnLine).
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