Los magistrados nucleados en la Red de Jueces Penales bonaerenses acusan que con el juicio político al juez es una "represalia institucional" que intenta “capitalizar las demandas sociales en materia de seguridad”.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires salió rápido a repudiar la decisión que tomó ayer la Comisión Bicameral de Normas y Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados de enviar a juicio político al juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, y denuncian que se trata de una "represalia institucional" y de “actitudes intolerantes de los poderes públicos y privados.
Sal Lari está acusado de mal desempeño en sus funciones y entre otras causales por las cuales fue enviado a juicio político es al ser cuestionado por el otorgamiento de algunas excarcelaciones en el marco de distinas causas penales. Uno de los casos más conocidos, es por haber autorizado que un padre imputado por abusar de su hija, siga al cuidado de la niña de 12 años.
Mediante un comunicado, la Red salió a respaldar a Sal Lari y le apuntó directo al poder político, cuando se sabe que entre quienes impulsaron el juicio político del magistrado está el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Así, entienden que el proceso contra Sal Lari es un otro capítulo de “tensión entre el poder y la política”, que en ciertos casos “se agudiza cuando aparecen actitudes intolerantes de los poderes públicos y privados, hacia las sentencias dictadas por los magistrados del Poder Judicial cuando en vez de impugnar esos fallos se buscan represalias institucionales contra los jueces que los emitieron; máxime, cuando desde algún sector de la dirigencia política se pretenden capitalizar las demandas sociales en materia de seguridad”.
“La división de poderes –propia de un sistema republicano de gobierno–, así como la institucionalidad democrática, se debilita si tales procesos, motorizados por campañas mediáticas que viene sufriendo la judicatura, a veces impulsadas y muchas otras protagonizadas por jerarquizados miembros de los poderes políticos, quienes, con sus expresiones y afirmaciones, tienden un manto de sospecha sobre el conjunto de los integrantes del poder Judicial”, afirmó la Red, en un texto que lleva la firma de su presidente Esteban Viñas.
Además, la entidad entiende que desde el Poder político se sigue responsabilizando a los jueces por la inseguridad, y volvieron a aclarar que la Justicia “se encuentra llamada a intervenir luego de acaecido aquel hecho con apariencia delictiva, el cual se origina, en gran parte, en las falencias de la prevención policial o por profundas desigualdades sociales”.
Por último, advirtieron que “de prosperar tal persecución a un magistrado del Poder Judicial, se generaría un grave retroceso institucional y una enorme lesión a nuestro Estado republicano de derecho”. (Diario Judicial).
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires salió rápido a repudiar la decisión que tomó ayer la Comisión Bicameral de Normas y Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados de enviar a juicio político al juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, y denuncian que se trata de una "represalia institucional" y de “actitudes intolerantes de los poderes públicos y privados.
Sal Lari está acusado de mal desempeño en sus funciones y entre otras causales por las cuales fue enviado a juicio político es al ser cuestionado por el otorgamiento de algunas excarcelaciones en el marco de distinas causas penales. Uno de los casos más conocidos, es por haber autorizado que un padre imputado por abusar de su hija, siga al cuidado de la niña de 12 años.
Mediante un comunicado, la Red salió a respaldar a Sal Lari y le apuntó directo al poder político, cuando se sabe que entre quienes impulsaron el juicio político del magistrado está el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Así, entienden que el proceso contra Sal Lari es un otro capítulo de “tensión entre el poder y la política”, que en ciertos casos “se agudiza cuando aparecen actitudes intolerantes de los poderes públicos y privados, hacia las sentencias dictadas por los magistrados del Poder Judicial cuando en vez de impugnar esos fallos se buscan represalias institucionales contra los jueces que los emitieron; máxime, cuando desde algún sector de la dirigencia política se pretenden capitalizar las demandas sociales en materia de seguridad”.
“La división de poderes –propia de un sistema republicano de gobierno–, así como la institucionalidad democrática, se debilita si tales procesos, motorizados por campañas mediáticas que viene sufriendo la judicatura, a veces impulsadas y muchas otras protagonizadas por jerarquizados miembros de los poderes políticos, quienes, con sus expresiones y afirmaciones, tienden un manto de sospecha sobre el conjunto de los integrantes del poder Judicial”, afirmó la Red, en un texto que lleva la firma de su presidente Esteban Viñas.
Además, la entidad entiende que desde el Poder político se sigue responsabilizando a los jueces por la inseguridad, y volvieron a aclarar que la Justicia “se encuentra llamada a intervenir luego de acaecido aquel hecho con apariencia delictiva, el cual se origina, en gran parte, en las falencias de la prevención policial o por profundas desigualdades sociales”.
Por último, advirtieron que “de prosperar tal persecución a un magistrado del Poder Judicial, se generaría un grave retroceso institucional y una enorme lesión a nuestro Estado republicano de derecho”. (Diario Judicial).
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